El Ministerio de Seguridad de la Nación creó un sistema único de registro de denuncias por violencia de género (URGE) para centralizar la información de las denuncias en todas las jurisdicciones del país, homogeneizar la actuación del personal policial y de los organismos que intervienen y determinar “objetivamente” el riesgo de cada situación. “Queremos evitar los prejuicios que pueden llevar a no dar cuenta del verdadero riesgo por el que están pasando las personas que denuncian”, señaló a Página/12 Sabrina Calandrón, subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del Ministerio, y remarcó que “el módulo fuerte de esta política es la capacitación”. Entre Ríos, Tucumán, San Juan, Santa Cruz, Jujuy y La Rioja ya confirmaron que implementarán el sistema.
La resolución 408/2020, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, mediante la que se creó el sistema, aprobó también el protocolo “de actuación policial para la recepción y registro de denuncias por violencia de género”, que incluye un glosario y el instructivo que detalla el procedimiento al momento de recibir una denuncia. “La intervención policial debe estar guiada por la hipótesis de que la falta de una adecuada actuación policial ante la denuncia puede generar condiciones propicias para una eventual escalada de violencia, siendo la expresión máxima de violencia contra la mujer o persona con identidad de género femenino el femicidio”, detalla el protocolo. La normativa deja sin efecto la resolución N°351 del 2019, que creó el “sistema nacional de denuncias por violencia de género” para cuyo funcionamiento no e habían desarrollado las herramientas informáticas necesarias.
El URGE es un sistema informático donde se reúnen todos los datos que brinda la persona denunciante. El sistema hace un entrecruzamiento de información, buscando en los archivos de cada jurisdicción, para comprobar los antecedentes de la persona denunciada, y evalúa, en base a la situación descripta por la persona denunciante, el grado de riesgo de la situación. El formulario donde se vuelcan estos datos funciona como reemplazo de las actas policiales. Según establece el protocolo, “en base a la valoración de riesgo arrojado, el operador policial determinará la adopción de medidas a favor de la víctima --clasificadas en "obligatorias" y "complementarias", y detalladas en el anexo N°3 de la normativa--, cuya vigencia se mantendrá hasta tanto lo estime la Autoridad Judicial interviniente”.
“Sabemos que las comisarias están abiertas las 24 horas y que hay una gran cantidad de personal policial. Por eso creemos que tenemos que tener un sistema que pueda objetivar la atención profesional”, explicó Calandrón y aclaró que “la capacitación apunta a la sensibilización, pero mientras tanto el URGE tiene una construcción objetiva para no dejar al azar las denuncias”.
Según el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, desde el 20 de marzo hasta el 29 de octubre se registraron 167 femicidios en Argentina, y sólo 1 de cada 8 casos tenía denuncias previas. “Es bajísimo el número de mujeres que denuncian antes de llegar a esas situaciones de violencia extrema porque creen que la Justicia y el Estado no las van a acompañar”, opinó Ada Rico, directora del Observatorio, y recordó el caso de Rocío Abigail, la niña de 9 años que fue asesinada en Tucumán: “Los padres quisieron hacer la denuncia y no se las tomaron porque no habían pasado 24 horas. Eso no tiene sentido, es un mito. Después la nena apareció muerta”. En cuanto al anuncio del nuevo sistema federal, Rico aclaró a este diario que “toda política que sea para hacer descender los índices de femicidio la festejamos, pero es importante que se pueda implementar a nivel nacional, en todas las provincias”.
La implementación tiene diferentes etapas: el diagnóstico técnico, para relevar el nivel de informatización de los datos que tiene cada jurisdicción, la capacitación al personal de los organismos que intervienen, y la implementación del sistema o bien la homologación, en los casos de las provincias que ya cuentan con sistemas propios de datos en sus dependencias policiales. “No hay actualmente una comunicación entre provincias”, señaló la funcionaria y advirtió que, cuando comenzaron a trabajar en el sistema, a principios de este año, “había un desconocimiento total de la situación de cada provincia. En algunas jurisdicciones, el sistema de registro de datos es muy rudimentario, incluso en papel”. En la práctica, esto implica que si un agresor tiene una denuncia en un municipio, se muda a otro y repite su conducta, puede existir el riesgo de que la dependencia policial no tenga conocimiento de la denuncia previa. “Hay que evitar la revictimización de quien denuncia, que no tenga que volver a relatar”, aclaró Calandrón.
Evitar las evaluaciones morales y la opinión personal sobre los casos por parte de los efectivos que reciben las denuncias, determinar las preguntas adecuadas al momento de tomar la denuncia, no dar consejos a la víctima y no minimizar las situaciones relatadas, son los ejes principales del protocolo para la capacitación en el marco de la implementación del sistema federal URGE. “En las ciudades chicas a veces sucede que el personal desestima las denuncias”, relató Calandrón y remarcó que “no se debe pasar por alto ninguna situación”.
Informe: Lorena Bermejo
