La querella unificada de los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA pidió este miércoles la prisión perpetua para Carlos Telleldín, acusándolo de haber sabido que la camioneta que vendió o entregó el 10 de julio de 1994 iba a ser usada, ocho días después, en el ataque contra la mutual judía. El argumento del abogado Horacio Etcheverry, que alegó este miércoles, es que Telleldín vendía camionetas con partes robadas, pero que en esa ocasión armó un boleto falso, con un comprador cuyo número de DNI ni siquiera era de los vigentes, una dirección apócrifa y un nombre que se correspondía con un amigo de El Enano, como le decían a Telleldín. La mentira, el ocultamiento, demostrarían que era parte del grupo terrorista. El miércoles próximo será el turno de los fiscales Roberto Salum y Santiago Eyerhabide.

El alegato de Etcheverry fue breve, pero muy dubitativo y con errores y correcciones casi permanentes. Su óptica es que Telleldín fue cómplice del atentado, por lo tanto partícipe necesario de 85 homicidios dolosos, agravados por odio racial. Eso implica sostener que El Enano sabía que la Trafic, cuyo motor apareció entre los escombros, se iba a usar en el atentado.

Como es obvio, la hipótesis es muy difícil de probar porque hasta hoy no se sabe ni quién aportó los explosivos ni dónde estuvo la camioneta durante los días previos al ataque ni quien fue el supuesto suicida ni cómo entró ese individuo al país ni cuál fue el grupo que operó en Buenos Aires para concretar el atentado. Es decir que Telleldín fue cómplice de un grupo del que se desconocen sus integrantes o que, al menos, no aparece ningún vínculo con Telleldín.

Etcheverry se basó en que todo lo que rodeó a aquella camioneta fue oscurísimo: no se sabe exactamente qué carrocería se puso sobre el motor y eso se lo adjudicó a Telledín porque no quiere decir la verdad. También mencionó que el supuesto comprador, un tal Ramón Martínez, tiene el mismo nombre que un amigo de Telleldín, y que esgrimió un DNI que era evidentemente falso y una dirección también falsa. Lo que sucede es que como el vehículo tenía partes robadas y las cosas se desenvolvían en el mundo del delito, puede suponerse que las maniobras estaban destinadas a tapar precisamente esos delitos. En cualquier caso, la orfandad de pruebas no es responsabilidad de Etcheverry sino de la vergonzosa investigación del Estado argentino a lo largo de los 26 años transcurridos desde el atentado.

Un hecho distintivo es que Etcheverry y los familiares pidieron prisión perpetua para Telleldín, a diferencia de la AMIA-DAIA que se inclinaron sólo por el estrago por dolo eventual, es decir haber colaborado en una explosión en la que debió imaginarse el resultado. El estrago es el mismo delito que se utilizó en el caso Cromañón, en la tragedia de Once y ahora respecto del ARA San Juan. Remite a un accidente con gravísima responsabilidad. La querella de Familiares, en cambio, fue directamente por la pena máxima, situándolo como cómplice del ataque. 

Toda la audiencia fue por Zoom y la imagen fue la habitual en tiempos de covid: Etcheverry alegando, en otras pantallas los jueces Andrés Basso, Javier Rios y Fernando Canero, en uno de los cuadros superiores, Carlos Telleldín, y el resto ocupado por el juez suplente, Adrián Grünberg, los fiscales y defensores. El juicio seguirá el miércoles próximo y hay alguna chance de que la sentencia se dicte antes de fin de año.