La Cámara Federal de Bahía Blanca aceptó un recurso de queja presentado por los fiscales especiales Andrés Heim y Horacio Azzolín, quienes habían intentado apelar la decisión de la jueza María Gabriela Marrón de denegar medidas de pruebas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas que apuntan a profundizar la investigación de la responsabilidad de la Policía Bonaerense en el caso de Facundo Castro, pero la jueza negó ese recurso. Ahora en una audiencia ante esa Cámara las partes fundamentarán la necesidad de las medidas en cuestión, una de las cuales pedía el allanamiento del destacamento policial de Teniente Origone en busca de más rastros, porque allí fue encontrado el amuleto de Facundo. Y otra solicitud apuntaba al secuestro de medio centenar de teléfonos de efectivos de alto rango de la Bonaerense, en busca de establecer las responsabilidades más allá de los cuatro uniformados ya identificados, porque los fiscales detectaron que fueron eliminados los mensajes entre ellos y sus superiores.

Luego de los resultados de la autopsia de Facundo Castro, desaparecido el 30 de abril y cuyos restos óseos fueron encontrados el 15 de agosto en un cangrejal del Villarino Viejo, la fiscalía emitió un dictamen donde ratificó la calificación del caso como desaparición forzada de persona seguida de muerte, y pidió a la jueza federal María Gabriela Marrón una serie de medidas de prueba para profundizar esa hipótesis que tiene como sospechosos a los policías bonaerenses que detuvieron al joven sobre la ruta 3 al menos en dos oportunidades, mientras él pretendía llegar a dedo a Bahía Blanca. A esa solicitud se sumaron las querellas de la familia y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), pero tuvieron que acudir ante la Cámara Federal de Bahía Blanca "en queja" porque la magistrada rechazó dos veces "por inadmisible" el planteo para que se realicen tales medidas. Es decir, la jueza no concedía las medidas y tampoco la posibilidad de apelar esa decisión.

La jueza Marrón podría seguir sin atender el requerimiento de fiscales y querellas realizado el 1 de octubre respecto a la producción de medidas de prueba que éstos consideran "cruciales para la investigación" --tales como el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías bonaerenses de Villarino y Bahía Blanca, y el allanamiento con peritos de parte y tecnología específica de las comisarías de Origone y Cerri--, y entonces el tribunal de alzada definirá la cuestión de fondo. A mediados del mes pasado, la magistrada rechazó los pedidos referidos a la Policía Bonaerense, e hizo lugar a otras medidas parciales. Los acusadores públicos y los abogados de Cristina Castro y de la CPM apelaron, la jueza denegó el planteo lo que los obligó a recurrir "en queja" ante la Cámara. Finalmente este miércoles los camaristas Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera resolvieron que esas apelaciones deben ser escuchadas.

Estos jueces de Cámara, según la resolución a la que accedió Página|12, sentenciaron que la negativa de Marrón a atender las apelaciones “impacta sobre el ejercicio de la acción penal que los representantes del Ministerio Público intentan promover para enderezar y profundizar la pesquisa (...) en torno a la reconstrucción del suceso que desencadenó en la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro”. Los jueces dieron razón a Heim y Azzolin cuando afirmaron que “al rechazar las apelaciones, la magistrada obvió desarrollar un análisis formal e individual por cada parte impugnante”. Y también acordaron en que la jueza “podrá compartir o no los pedidos que formulen las partes, pero que en modo alguno puede definir e indicar qué hipótesis y qué elementos de la misma deben seguir y considerar los acusadores”. 

Los fiscales habían expresado que “la imposibilidad de producir la prueba solicitada obstaculiza la orientación de la investigación en consonancia con la hipótesis de trabajo delineada, en torno a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro”, a lo cual la Cámara les acaba de decir que les asiste la razón. Los camaristas manifestaron que “sin que esto implique un pronunciamiento sobre el fondo del planteo, la resolución impugnada es, por lo tanto, recurrible”. En diálogo con Página|12, la abogada de la CPM Margarita Jarque expresó que "si bien la Cámara no dijo que la jueza está obligada a proveer las medidas que pedimos sí le marcó muy fuertemente la cancha porque los dos jueces dicen que se trata de medidas que en caso de no tomarse podrían interrumpir la continuidad de la investigación, no le hablan sólo de una cuestión técnica, le hablan del sentido y la progresividad que tiene que tener la causa".