En la última sesión de la Cámara de Diputados de Salta se aprobó por mayoría un proyecto de declaración con dictamen de la Comisión de Obras Públicas para que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, proceda a realizar un relevamiento directo y sin intermediarios de cada una de las familias asentada en Parque La Vega y San Calixto. 

En la sesión se optó por aprobar ese dictamen en vez del proyecto original, presentado por Santiago Godoy, que entre otras cosas solicitaba el involucramiento directo de la Legislatura en el tema y la creación de una comisión que trabaje en el propio terreno para llegar a relevar tododñs los asentados.

La iniciativa aprobada, propone que el Ejecutivo realice un registro de las condiciones socio-humanitarias en las que habitaban las familias antes de asentarse tanto en Parque La Vega como en San Calixto, indicando el lugar de procedencia de cada una de ellas y constatando también su situación socio-sanitaria actual. También sugieren que el gobierno proceda a buscar todas las alternativas de solución posibles que conduzcan "a desalojar pacíficamente el lugar" respetando la legislación vigente "a efectos que, de ser viable, puedan ser incorporados como futuros beneficiarios de los planes vinculados a satisfacer necesidades habitacionales".

La legisladora María López, presidenta de la Comisión de Obras Públicas consideró "innecesaria la formación de una comisión " porque para ella el gobierno ya tiene un equipo "interdisciplinario" para trabajar en este asunto. Sin embargo, esto fue refutado por el diputado Godoy quien planteó que eso no existe hasta el momento.  

López manifestó que "la población, la miseria, la inequidad" crecen y que hay personas que no pueden acceder a la vivienda digna. Se refirió a sectores marginados que no han podido acceder a planes de gobierno para el acceso a lotes o viviendas, que son changarines o tienen trabajo no registrado pero expresó que  “no se puede aceptar la toma ilegal de terrenos”. 

Para Godoy el gobierno ha tratado de “ignorar”, la problemática de los asentamientos en Parque La Vega y San Calixto, y sostuvo que su proyecto surgió para visibilizar la problemática. Para el diputado también es necesario que el Ministerio de Salud Pública trabaje en el lugar con las personas asentadas, teniendo en cuenta la situación de pandemia por covid-19.  

Las familias de los asentamientos de la zona sudeste permanecen allí desde mayo. "No han tenido la respuesta", afirmó Godoy. "No se ha hecho todavía ningún censo ni se ha visto que se puede hacer (...)", aseveró.  El legislador planteó que hay un fiscal interviniendo, Horacio Córdoba, quien lleva adelante una mediación, sin embargó explicó que la única negociación que está en sus manos es "solo es a los fines de imputar o no un hecho delictivo “ y que ese proceso en la Justicia no culminará con la entrega o no de terrenos.

Godoy dijo que apuntaba a que el Ejecutivo tienda a solucionar el problema definitivamente. Respecto a la imputación “a algún dirigente por haber participado” en la toma de terrenos entendió que es competencia de la Justicia. Consideró que las familias se han instalado ahí por alguna necesidad.

"Lo primero que se tiene que constituir es una comisión que surja de donde el Ejecutivo crea que corresponde, Instituto Provincial de la Vivienda o Tierra y Bienes, de forma inmediata y ponerse a conversar con las familias", propuso el legislador. Enfatizó en que esto debe hacerse "sin intermediarios", sin dirigentes que aparecen en representación de familias porque “son los que terminan ocasionando los grandes problemas y no solucionando”, opinó.  

"Lo que no puede pasar es que intervenga la Policía de la provincia o el Ministerio de Seguridad para desalojar de forma violenta", manifestó Godoy.  Se quejó del dictamen de obras públicas porque es “un resumen” del proyecto que presentó con propuestas más acotadas.

El legislador instó a "no criminalizar" a las personas que necesitan un lugar donde vivir. "No ignoremos una realidad que nos pega en la cara a todo el mundo", declaró y se refirió a los cortes en la avenida Tavella y otras medidas que han tomado las familias para que se las tenga en cuenta.

El dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Defensa al Consumidor planteaba que la Cámara vería con agrado que el poder ejecutivo formalice una comisión que se constituya en los asentamientos Parque La Vega y San Calixto y proceda a realizar un relevamiento si aún no lo hubiera realizado de cada una de las familias asentadas. Contemplaba que la recolección de datos y las condiciones económicas y sociales de cada una de las familias asentadas no signifique para el futuro una sanción al momento de inscribirse en futuros terrenos o viviendas. Desde el gobierno provincial habían sostenido que quienes tomen terrenos no podrían acceder al Plan Mi Lote. 

Además, proponía buscar soluciones habitacionales en Salta Capital y en el interior de la provincia en un plazo de 60 días "siempre y cuando sea posible, todo en un marco de diálogo para encontrar una solución". También pedía respuestas a los problemas de niños, niñas y mujeres que están a la intemperie sin ropa y sin comida. Instaba a "tratar de buscar alternativas por todos los medios posibles" para un desalojo pacífico una vez que se obtengan las soluciones adecuadas y elementales.

El censo es pedido por las familias de los asentamientos sin embargo, desde el gobierno provincial aún no lo hicieron. Mientras tanto, atendiendo a esta necesidad, un grupo de estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Salta han comenzado a censar a las personas de la toma desde la semana pasada.