La causa por el espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan podría pasar en los próximos días a tramitar en el juzgado federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla. Su colega de Mar del Plata, Santiago Inchausti, sostuvo que la investigación deberá llevarse adelante en Dolores porque allí se indaga sobre el presunto espionaje desplegado durante el macrismo desde las distintas bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre las que se encontraba la delegación de Mar del Plata, desde donde se entiende que se ordenaron y ejecutaron los seguimientos a los familiares.

El 23 de septiembre pasado, la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció ante la Justicia Federal de Mar del Plata que habían encontrado documentos e informes que reflejaban las tareas de vigilancia y seguimiento que se habrían realizado desde la AFI contra el colectivo de familiares del ARA San Juan. La documentación había sido hallada mientras se analizaban computadoras y discos rígidos a pedido de Ramos Padilla, que investiga una asociación ilícita paraestatal en la que participaban, según entiende el magistrado, desde el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, pasando por representantes del Ministerio Público como Carlos Stornelli o Juan Ignacio Bidone hasta un alto jefe de la AFI como Pablo Pinamonti, quien estaba a cargo del llamado “Proyecto AMBA”, que manejaba las delegaciones de la AFI en provincia de Buenos Aires.

Durante la gestión de Gustavo Arribas, se creó la llamada Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, que pasó a la fama como “Proyecto AMBA” y que estuvo en cabeza del abogado Pinamonti. El Proyecto sólo existió durante 2017 --por lo que es posible pensar que el principal interés estuvo marcado por un desembarco de la AFI en la provincia en un año electoral--. La Agencia montó seis bases nuevas, que estuvieron distribuidas en Haedo, San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. Esas seis bases se sumaron a las tres bases que históricamente la SIDE y después la AFI tuvo en Buenos Aires: La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Ramos Padilla tiene avanzada la investigación sobre el “Proyecto AMBA”. De hecho, ya procesó a Pinamonti e indagó al resto de los jefes de las bases, por lo que incluso ya estaría en condiciones de resolver su situación procesal.

Inchausti entendió  que la investigación sobre el ARA San Juan es una parte de la causa que tiene Ramos Padilla y, por eso, resolvió que siga en Dolores porque se tratan los mismos hechos, la misma prueba y están los mismos imputados. El juez tomó esa decisión de oficio sin pedirle opinión al Ministerio Público. La fiscalía --a cargo de Daniel Adler-- tenía delegada la instrucción y había estado tomando testimonios a las víctimas, que ya habían denunciado sospechas de que eran espiadas. Al menos, tres documentos encontrados en Mar del Plata demuestran que el principal interés de la AFI era adelantarle al entonces presidente Mauricio Macri cuáles eran los reclamos que los familiares podían hacerle antes de determinados encuentros. Por ejemplo, hay informes fechados justo antes de una reunión en Casa de Gobierno y de dos viajes a la zona de Mar del Plata.

Ahora será el turno de que los querellantes opinen si apoyan la decisión de Inchausti de enviarle la causa a Ramos Padilla, lo que probablemente será visto con buenos ojos, y ver qué cartas deciden jugar los imputados. En la denuncia original de la interventora Caamaño estaban incluidos desde Macri hasta Arribas, Silvia Majdalani y el jefe de la delegación de Mar del Plata. Majdalani y el jefe de la AFI Mar del Plata están presentados en la causa y podrían pronunciarse en contra de la decisión de Inchausti. Ramos Padilla deberá en los próximos días también analizar el expediente y ver si acepta la competencia. Tanto Arribas como Majdalani y el exjefe de la delegación Mar del Plata ya fueron indagados por Ramos Padilla por su rol en el “Proyecto AMBA”. Ninguno aceptó declarar ni dar precisiones sobre cómo funcionó la inteligencia en provincia de Buenos Aires durante el macrismo.

En paralelo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, creó una subcomisión dedicada a investigar el espionaje sobre los familiares de los submarinistas, que indaga en una línea vinculada a la inteligencia militar, que es independiente a la actividad ilegal que habría desarrollado la propia AFI. Además, desde la Bicameral se estaba también investigando el rol que jugó la Dirección de Reunión, encargada de juntar información de lo que sucedía en el interior del país.