En un nuevo síntoma de la putrefacción crónica que padece la institucionalidad peruana, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra en una maniobra muy floja de papeles que agudiza la crisis multidimensional que vive el país y consolida el altísimo descrédito hacia la clase política. La fragilidad democrática asombra ojeando el decadente ocaso de los últimos seis mandatarios: todos terminaron destituidos y/o presos, a excepción de Alan García que no llegó a la cárcel porque se suicidó minutos antes de ser detenido.

Faltando sólo cinco meses para las elecciones presidenciales, y en un segundo intento, se concretó la moción de vacancia que selló la caída de Vizcarra, quien había asumido en marzo de 2018 luego de la renuncia por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era su vice. La acusación bajo la imprecisa figura de “incapacidad moral” se basó en presuntas coimas en la licitación de dos obras públicas cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua (2011-2014), en una investigación que recién está en etapa preliminar. Quien impulsó la jugada fue el empresario ganadero Manuel Merino (foto), titular del Congreso ahora devenido en nuevo presidente, y fue ejecutada por un Parlamento que tiene 68 de los 130 legisladores procesados por corrupción y sedientos de inmunidad. La turbia maniobra express instaló la idea de un golpe de Estado -al estilo de los derrocamientos parlamentarios que sufrieron Dilma en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay- y generó un masivo repudio en las calles con desenlace incierto.

El episodio no hizo más que acelerar la espiral autodestructiva de un sistema político cada vez más deteriorado, marcado por una corrupción endémica y un constante choque de poderes. Una profunda crisis política, moral, económica y encima sanitaria: Perú es el segundo país del mundo con mayor tasa de mortalidad por coronavirus. Una trama compleja cuya expresión más nítida es el desdichado destino de los presidentes en los últimos 20 años:

* Alberto Fujimori (1990-2000): Símbolo de una época, devenido en dictador con el autogolpe de 1992. En noviembre del año 2000 escapó a Japón desde donde renunció vía fax un día antes de que el Congreso aprobara su destitución. En 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

* Alejandro Toledo (2001-2006): Imputado en el caso Odebrecht por recibir unos 30 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña. Estuvo tres años prófugo de la Justicia en California, Estados Unidos, donde fue arrestado en julio de 2019 y cumple arresto domiciliario mientras se espera su extradición.

* Alan García (1985-1990 / 2006-2011): Afrontó diversas acusaciones de corrupción durante su último mandato. Procesado en la causa Odebrecht por presuntos sobornos en la construcción de un tren, se pegó un tiro en abril de 2019 cuando la policía lo estaba por detener.

* Ollanta Humala (2011-2016): En julio de 2017 fue condenado a 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, acusado de recibir tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Pese a estar en libertad condicional a la espera del juicio, anunció recientemente su candidatura presidencial para 2021.

* Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció un día antes de que el Congreso votara su destitución y se convirtió en el primer presidente latinoamericano en perder su cargo por la trama de corrupción de Odebrecht. Está bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero y por recibir 782 mil dólares de la empresa brasileña.

Vencedores vencidos

El capítulo Vizcarra, sexto presidente seguido que cae en desgracia, es diferente al resto y su salida huele más a golpe parlamentario. Si bien su breve gestión no se corrió de la continuidad neoliberal y su política exterior se mantuvo alineada a Washington, intentó impulsar algunas reformas anti-corrupción y en 2019 disolvió el cuestionado Congreso convocando a nuevas elecciones. Sin partido ni legisladores propios, Vizcarra quedó en la mira de una mayoría parlamentaria (electa en enero de este año) que le terminó pasando factura, apeando a la difusa figura de "vacancia por incapacidad moral” que sirve como mecanismo destituyente sin necesidad de largos debates ni mucha solidez argumentativa.

Se cierran dos décadas en las que el Perú fue noticia por los recurrentes escándalos que sacudieron a sus presidentes; espasmos de la crisis orgánica de un régimen moldeado por la Constitución de Fujimori de 1993. Se abre, en el corto plazo, el desafío de que en las elecciones de abril el descontento popular finalmente pueda ser capitalizado por alguna fuerza progresista, como Nuevo Perú liderado por Verónika Mendoza. Se impone, como meta de largo aliento, el deseo de que el pueblo peruano, como en su vecino Chile, pueda tumbar esa pesada herencia fujimorista y empezar a escribir una nueva historia.

* Editor de NODAL. Autor del libro "América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista". Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.