El senador rionegrino Alberto Weretilneck, aliado circunstancial del oficialismo en la Cámara alta, presentó un proyecto de reforma integral de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que va más allá de la duración en el cargo y de la mayoría requerida para que el pliego del Procurador General obtenga el acuerdo del Senado. Si bien el texto del exgobernador patagónico establece que es necesaria la mayoría absoluta de los votos para la aprobación del pliego, en lugar de una mayoría calificada de dos tercios, lo cierto es que también reconfigura el alcance de las facultades del Procurador General.
El proyecto que fue presentado el último miércoles en la mesa de entrada de la Cámara alta establece un plazo de cinco años de duración para el titular de la Procuración -que en la actualidad tiene mandato vitalicio-, con posibilidad de reelección por un único período consecutivo, y que la designación sea por una mayoría absoluta, o sea con la mitad más uno de los votos de la totalidad de la Cámara. Además, Weretilneck apunta a modificar también el mecanismo de remoción tanto para el Procurador como para el Defensor General.
Desde el bloque oficialista de la Cámara alta el proyecto presentado por el senador rionegrino fue recibido con expectativas positivas. Si bien en la bancada del Frente de Todos aseguran que desconocían la intención de Weretilneck de avanzar con la presentación de un proyecto de estas características, consideran que “es muy completo y avanza sobre otros temas que no se circunscriben a la forma de elección y plazo y que son muy importantes”.
El nuevo proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal será sumado al debate que se está llevando a cabo en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. En ese marco, el Presidente de la Comisión Bicameral de control del Ministerio Público Fiscal, Martín Doñate, destacó ante Página/12 que “es un proyecto mejorable pero una base para seguir trabajando en la Comisión a la espera del dictamen de la Comisión de expertos o proyecto del Poder Ejecutivo de la semana próxima”, y agregó: “Es importante escuchar y recibir las propuestas de todos los sectores de la oposición porque enriquecen el debate y el producto final que deseamos sea de alta calidad institucional”.
Weretilneck presentó su iniciativa en el contexto de la “próxima y urgente aplicación del sistema penal acusatorio”, según un comunicado que difundió en las últimas horas. Y argumentó que el nuevo sistema demanda una serie de modificaciones en torno a la legislación del Ministerio Público Fiscal.
“El sistema acusatorio nos impone una serie de medidas en relación con el funcionamiento del Ministerio Público. En primer lugar, que las funciones de procurador general y del defensor general tengan un tiempo determinado. Hasta el momento, quienes ocupan estos cargos son los únicos funcionarios con mandato vitalicio que dirigen un órgano estatal no colegiado”, fundamentó el senador.
Más allá de la presentación del nuevo proyecto, nada cambió dentro del bloque que conduce José Mayans respecto de la estrategia parlamentaria planteada. La decisión sigue siendo la misma, avanzar con la modificación de la ley y después comenzar con el proceso de audiencias públicas para designar al nuevo Procurador General. “Primero la ley, después el pliego”, es la frase que siguen repitiendo como mantra dentro del bloque del Frente de Todos.
En otras palabras, el pliego de Daniel Rafecas impulsado por el Presidente deberá esperar. El bloque del oficialismo avanzará en el Senado hacia la modificación de la ley orgánica del Ministerio Púbico Fiscal.
Nuevo mecanismo de remoción
El proyecto presentado por Alberto Weretilneck también busca establecer un nuevo mecanismo de remoción para los fiscales donde el juego de mayorías y minorías del Congreso parece tener más peso. En ese marco, la iniciativa dispone que la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público sea parte central ante procesos de selección y remoción de fiscales y defensores, como así también en la construcción y seguimiento de la política criminal pública implementada por la Procuración General.
Con el mismo objetivo de fortalecer el control y seguimiento parlamentario, prevé que la Comisión sea consultada ante las solicitudes de traslados y ante las propuestas de creación de procuradurías especiales y direcciones generales. Se propone introducir en la ley la obligación de comunicar a la Comisión las resoluciones de creación, modificación, o disolución de todas las dependencias de la Procuraduría y la Defensoría de la Nación, para poder ejercer un mejor seguimiento y control sobre el Ministerio Público Nacional.
El Tribunal de Enjuiciamiento, encargado de determinar sobre la remoción de fiscales y defensores, pasaría de siete a nueve miembros: uno por el Ejecutivo, tres miembros de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de Control del Ministerio Público -dos por la mayoría y el restante por la minoría-, y un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, más dos abogados -uno por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el otro por el Colegio de Abogados de la jurisdicción donde actúe el fiscal investigado- y, por último, dos fiscales generales seleccionados por sorteo.
