"Nuestro candidato es Daniel Rafecas", insistían en la Casa Rosada acerca de las aparentes diferencias surgidas dentro del oficialismo alrededor de la elección del próximo procurador general. Agregaban que no tienen una posición tomada acerca de la duración del mandato ni de la forma de la elección, si continúa siendo por los dos tercios del Senado o por mayoría simple, como impulsaría el bloque del Frente de Todos. El proyecto que presentó el viernes el senador rionegrino Alberto Weretilneck, que propone una mayoría especial de la totalidad de los senadores, fue mostrado en el Congreso como una solución intermedia. Pero no convence mucho al propio Rafecas, que está de acuerdo con lo de acotar el mandato a cinco o seis años, pero no con bajar las exigencias del voto para su designación. En definitiva, la solución puede pasar por el dictamen que emita esta semana el Consejo Asesor para la reforma judicial. "Aunque sea no vinculante, si ellos dicen que debe ser elegido por una mayoría de los dos tercios, va a ser complicado llevarles la contraria", sostenían en Gobierno.

En el bloque del Frente de Todos, que en buena medida sigue las directivas de Cristina Kirchner, existe una total convicción de que la prioridad es modificar la ley que rige el Ministerio Público Fiscal, más allá de quien sea designado en el cargo. "La experiencia con el actual procurador Casal nos hizo notar la necesidad de cambiar la procuración. "No podemos repetir el error de nombrar tipos que después se creen que son más importantes que el sistema político. Hacen cualquier cosa, es casi imposible sacarlos y tienen un cargo de por vida", argumentaba un legislador cercano a la vicepresidenta. Lo curioso fue que el bloque oficialista no elaboró ningún proyecto propio sino que desempolvó los que habían presentado los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, que comenzaron a discutirse los dos últimos lunes en la comisión de Justicia que preside Oscar Parrilli. 

La novedad fue la aparición de un tercer proyecto de la mano del ex gobernador rionegrino Weretilneck, que tiene un monobloque pero suele votar junto al Frente de Todos. La propuesta establece cinco años de mandato para el procurador y elección por mayoría absoluta. Es decir, no de los senadores presentes sino de la totalidad de la Cámara: 37 votos sobre un total de 72. Weretilneck explicó que, al dejar de ser vitalicio el cargo, perdía sentido la exigencia de los dos tercios y definió su proyecto como una "vía intermedia" que podría conseguir un acuerdo general. 

De hecho, en el Frente de Todos imaginaban que habrá otras fuerzas provinciales e incluso un sector del radicalismo que podrían terminar acompañando porque "a la política no le conviene seguir nombrando a tipos que después son intocables". Como al pasar, deslizaban que todavía hay cargos que deben ocuparse como el Defensor del Pueblo de la Nación o la Procuración Penitenciaria, que podrían funcionar como parte de un acuerdo. En cambio, se referían con ironía al apoyo de Elisa Carrió a la designación de Rafecas, que movió el avispero en Juntos por el Cambio. "Mucho no lo ayudó", comentaban. 

El presidente Alberto Fernández almorzó días atrás en la Casa Rosada con Parrilli y, luego del encuentro, cada uno siguió diciendo lo mismo: Fernández que su candidato era Rafecas y Parrilli que era necesario modificar el Ministerio Público. La cuestión aquí es hasta qué punto son compatibles una cosa con la otra. Rafecas ya comentó a sus allegados que le parece bien que su mandato no sea vitalicio y tenga una duración de cinco o seis años. Que incluso estaría dispuesto a asumir con el actual sistema, pero tomando el compromiso público de respetar el mandato que vote luego el Congreso y presentar su renuncia en ese término. 

En cambio, no le parece nada bien que se modifique la mayoría agravada para su designación. Por un lado, no le resulta agradable que haya legisladores del oficialismo que expresen sus temores con el antecendente de Casal. "Cree que ya mostró en causas como la de Nisman o las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cómo piensa", comentaban cerca del actual juez federal. Por otro lado, le resultaba llamativo que nadie del Frente de Todos haya expresado públicamente -tampoco a través de un proyecto propio- si realmente piensan que debe modificarse esa mayoría. 

En lo que parece haber coincidencia -en la Rosada, en el bloque de senadores y de parte de Rafecas- es que el Consejo de juristas que asesora al Presidente para la reforma de la Justicia jugará un rol clave. Se sabe que en las recomendaciones que presentará esta semana habrá un apartado referido al Ministerio Público Fiscal. Además del consabido mandato acotado a cinco o seis años, se referirán también a su designación. Alberto Binder, que es uno de los referentes más importantes del país en la materia, e expresó a favor de un mandato de seis años y de mantener la elección con mayoría de dos tercios cuando fue invitado a hablar ante la comisión de Justicia del Senado. "El próximo procurador va a tener que afrontrar una tarea central que es la implementación de la ley del Ministerio Público y de todo el sistema acusatorio", justificó. En Gobierno consideraban que si el Consejo de Asesores que integra Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, dictamina en el sentido que recomienda el especialista Binder, le será difícil al bloque de senadores apartarse de esa opinión.