A un año de la muerte del periodista Sebastián Moro parece que hubiera pasado más tiempo porque la justicia lenta no es justicia. Ni en la Argentina –donde una causa no avanzó y la otra recién empieza a moverse – y mucho menos en Bolivia, el país donde ocurrió su asesinato, según sospecha su familia. No es una mera impresión o corazonada de su madre Raquel Rocchietti y de sus hermanas Penélope y Melody. Hay pruebas que a ellas les permiten suponerlo con bastante consistencia. Están en el expediente de un tribunal federal mendocino. La provincia donde nació la víctima y en la que ya declararon las tres mujeres al igual que el abogado Pablo Garciarena, quien las acompañó a La Paz cuando se produjo el golpe de Estado.

Al colega y compañero Moro –hizo una muy buena cobertura en su breve paso por Página/12- lo encontraron inconsciente y moribundo en su departamento paceño apenas se produjo el derrocamiento del ex presidente Evo Morales. Unos días después, el 16 de noviembre de 2019, fallecía en una clínica privada del barrio Miraflores. Tenía golpes y moretones. Según un médico externo que fue a realizarle un estudio, esas marcas en su cuerpo coincidían con señales de torturas. La querella aspira a que en el futuro lo ratifique en el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza. 

La fiscalía de Alejandra Obregón consiguió avanzar rápido con el requerimiento de instrucción, aunque la investigación quedó en manos del juez Walter Bento. En Córdoba, en cambio, la Cámara Federal todavía no se pronunció sobre otra denuncia anterior por violaciones a los DDHH en Bolivia a la que se agregó el caso de Moro. Ambas se presentaron invocando el concepto de jurisdicción universal. En el segundo caso, el fiscal federal Carlos Casas Nóblega pidió que se desestimara la acción. Cuando era defensor oficial de genocidas intervino en la megacausa del centro clandestino de detención La Perla. La querella que presentó el abogado cordobés Rafael Ortiz denunció públicamente su actual postura jurídica.

Viviana Beigel, defensora de la madre y de las hermanas de Sebastián en Mendoza y querellante en causas por delitos de lesa humanidad, le comentó a este diario: “Además de las testimoniales de Raquel, Penélope, Melody y Garciarena, también se solicitaron medidas a la Cancillería. Accionamos acá porque en Bolivia sería imposible. El fiscal general de allá lo designó la expresidenta Añez. Nosotros planteamos la jurisdicción universal en Mendoza por la cercanía con la causa y porque Sebastián tenía una trayectoria previa de DD.HH en la provincia. La prueba producida de manera extraordinaria por la familia de Sebastián necesita respuestas de corto plazo”.

Entre la documentación que presentaron Raquel y sus hijas está la historia clínica del periodista. También existe la posibilidad de apelar a testigos clave como dos médicos bolivianos que lo atendieron cuando ya estaba internado en La Paz. Uno de ellos, personal externo del sanatorio que le realizó un estudio específico, le dijo a Penélope que las marcas en el cuerpo de su hermano eran compatibles con “señales de tortura”.

Moro apareció desmayado en el piso de su pequeño departamento de dos ambientes que alquilaba sobre la calle Pérez de Holguín, del barrio Sopocachi. Vivía solo y el 9 de noviembre su familia perdió todo contacto con él. Ese día previo al golpe de Estado, José Aramayo, director en el periódico Prensa Rural y de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) donde Sebastián trabajaba, apareció amarrado a un árbol sobre la avenida Saavedra, en Miraflores. Fue un intento de linchamiento del que zafó por milagro.

Penélope viajó a Bolivia para acompañar a su hermano y se topó con un sinfín de problemas. Desde la falta de compromiso del embajador argentino Normando Alvarez García hasta la historia clínica del periodista de la que siempre pensó que ocultaba información clave. El exdiplomático del gobierno de Mauricio Macri y militante de la UCR – que hoy es ministro de Trabajo del gobernador jujeño Gerardo Morales – negó que se hubiera producido un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. “Él vino dos veces a la clínica pero en la última se llevó recetas de Sebastián y no lo vi más. La embajada recién accionó después de la muerte de mi hermano. Su gente estaba apurada para que volviéramos al país”, le dijo Penélope a Página/12.

Por las dificultades para esclarecer las causas del crimen y litigar en Bolivia, la familia Rocchietti- Moro hizo la denuncia en la Argentina una vez que regresó con los restos de Sebastián. Hoy Penélope cuenta: “Aspiro a que haya Justicia, aunque entiendo que estos procesos son largos. Como periodista y hermana, hice un balance positivo de lo que fue este año. Porque se recuperó la democracia en Bolivia y además por la batalla que dimos con la comunicación popular para que el caso no desapareciera de los medios. Les doblamos el brazo a los oligopolios que silenciaron la muerte de un periodista”. La abogada Beigel aportó que la testimonial de Penélope duró siete horas. El juez Bento – que instruyó varias causas por delitos de lesa humanidad en Mendoza – debe decidir ahora qué hará con el expediente.

La familia, sus compañeros en Radio Nacional Mendoza, organismos de DDHH y la colectividad boliviana en la provincia cuyana - que le organiza a Sebastián una misa este lunes a las 20.30 en la Iglesia María de los Migrantes de Guaymallén-, realizan homenajes desde el sábado pasado hasta hoy, cuando se cumple el primer aniversario de su muerte. Recordarán a Moro como lo que fue: un militante de los DDHH comprometido con la lucha de los pueblos. El periodista que anticipó en las páginas de este diario, el golpe de Estado que se produjo en Bolivia el 10 de noviembre de 2019.

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