Referentes de comunidades originarias del Chaco salteño anunciaron que hoy iniciarán una marcha a la ciudad de Salta con el propósito de confluir en la casa de Gobierno para entregar un petitorio que, entre otras exigencias, reclama una reparación histórica para estos habitantes.
“El 16 de noviembre de 2020 iniciamos la histórica marcha de unidad de las comunidades originarias Wichí, Chorote, Chulupí, Tapiete, Qom, Guaraní, Chané, Kolla, Diaguita hacia la ciudad de Salta para exigir una Mesa de Diálogo Intercultural con el gobierno provincial, que dé inicio a una nueva etapa de verdadera política pública intercultural, de autodeterminación y respeto a nuestros derechos", anunciaron en un pronunciamiento que recogió los resultados de asambleas realizadas desde que en el primer día de noviembre se contituyó la Unión Autónoma de Comunidades del Pilcomayo, que preside Abel Mendoza.
La última asamblea se hizo el 7 y 8, en la Universidad del Monte, ubicada en la Comunidad wichí Misión Chaqueña, del municipio de Embarcación, en el departamento San Martín. A esta actividad fueron invitados referentes de las comunidades de Embarcación, de la ruta provincial 53 y las rutas nacionales 34 y 81.
“Marchamos ante la ausencia de políticas reales e interculturales, que solucionen la profunda crisis sanitaria y social en nuestras comunidades, agravada por el Covid", sostiene el pronunciamiento. Señalaron en este aspecto que la pandemia dejó al descubierto la realidad que viven "hace tiempo: la ausencia de recursos sanitarios, la desnutrición, la alta mortalidad infantil, la falta de agua y de asistencia médica intercultural, el saqueo de nuestro territorio, la quema intencional y la tala del monte nativo sin control, la contaminación de los ríos que afecta nuestra soberanía alimentaria, la falta de educación intercultural de calidad, la violencia de las fuerzas de seguridad, la precariedad jurídica y la ausencia de diálogo político".
Los organizadores de la movilización también resaltaron que a pesar de que es la provincia de mayor diversidad cultural del país, Salta "aún no cuenta con una política de estado intercultural, respetuosa de nuestras culturas y autodeterminación, que garantice nuestros derechos" y afirmaron que esta situación "exige la creación de un Fondo de Reparación Histórica para su cumplimiento efectivo". En el territorio de la provincia de Salta hay catorce pueblos originarios, nueve (Wichí, Tapiete, Chorote, Qom, Kolla, Guaraní, Chulupí, Diaguita y Chané) tienen reconocimiento formal del Estado y otros cinco (Lules, Iogys, Atacama, Tastil y Wennayeck) vienen bregando para su reconocimiento oficial.
Los referentes recordaron que la Constitución Argentina reconoce en su artículo 75 la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y su derecho a la “participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que les afecten”, y reclamaron el reconocimiento efectivo de este derecho “a ser consultados de forma previa, libre e informada, porque somos sujetos políticos de nuestra autodeterminación".
También reseñaron los tratados internacionales que son ley en el país, como la Convención Mundial sobre Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO, y el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establecen que “los derechos indígenas deben ser prioritarios para los gobiernos, quienes deben ejecutar los mecanismos para su ejercicio real, garantizando además el acceso a la Justicia”. También destacaron la vigencia de la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena y que dispone un relevamiento territorial de esta propiedad, “por lo cual toda persona debe respetar nuestra posesión ancestral y propiedad comunitaria indígena”.
Sin embargo, a pesar de esta normativa, "al día de hoy denunciamos la ausencia real del ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales y el incumplimiento por parte del estado provincial, quien tiene la obligación de garantizarlos y respetar la diversidad cultural en Salta”.
En el pronunciamiento incluyeron un petitorio de 20 puntos, “consensuado en asambleas comunitarias”, en las que particularmente se enfatizó sobre la persistencia de los conflictos territoriales, debido a la no regularización de la posesión de la tierra, y las dificultades para acceder a las personerías jurídicas que el Estado exige a las comunidades para realizar trámites.
Como desde hace años, en el petitorio se reclama la entrega de los títulos de propiedad de sus territorios, y, en un marco de crecientes conflictos con titulares registrales, exigen el "cese de la violencia policial de desalojo ilegítimo de las comunidades que aún no pueden ejercer su derecho de acceso y tenencia de su territorio ancestral". En el mismo sentido, piden "Respeto a nuestra Madre Tierra, como fuente de nuestro sostén espiritual, cultural, soberanía alimentaria y uso de plantas medicinales" y que se realicen "Controles ambientales efectivos para eliminar la contaminación de nuestros ríos, que son una fuente fundamental en nuestra soberanía alimentaria".
Otras lenguas y otras concepciones
El petitorio reclama también la puesta en práctica de "un modelo de intervención sanitaria y social para la pandemia" que sea adecuado a las realidades de los habitantes originarios y "respetuoso de nuestras culturas, ya que tenemos otras lenguas y otras concepciones de la salud y la enfermedad". Y la práctica de una "salud intercultural y de calidad": que se nombren enfermeros y enfermeras de las comunidades, se nombren auxiliares bilingües en los hospitales; se designen más médicos y médicas respetando la visión de los pueblos originarios, y que se equipen los centros de salud con respiradores, camas, medicamentos y "todo lo necesario para su correcto funcionamiento", que haya más ambulancias y se reparen las existentes.
También reclaman la construcción de más “pozos de agua en las comunidades" de manera de garantizar la provisión. Y la entrega de "Bolsones alimentarios de calidad, para todas las familias afectadas por el Covid". En este aspecto reclaman que se instrumenten vías que les permitan acceder a viviendas dignas, se pongan en práctica otros planes sociales, programas y proyectos de trabajo, y que haya un control en el pago de las ayudas sociales.
En lo que hace a la organización, piden respeto a sus "derechos culturales", valoración de su diferencia cultural y que se garantice la educación intercultural. También, “Acceso a una Justicia intercultural; reconocimiento del Consejo de Ancianas y Ancianos de nuestras comunidades como asesores y mediadores de conflictos".
Asimismo, piden la normalización del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), que se encuentra parcialmente intervenido, y que "funcione como corresponda, al servicio de los derechos de las comunidades originarias".
Y, como cada vez que se acerca la época estival, advierte sobre el peligro de que también este año haya inundaciones por las crecidas de los ríos de la zona. Por eso uno de los puntos del petitorio solicita que se construyan “anillos de contención contra las inundaciones y desbordes del río Pilcomayo". Y también, que "se analicen las causas con un comité” interinstitucional y trinacional (de Argentina, Bolivia y Paraguay) ya que "las principales causas (de las inundaciones) tienen que ver con el desmonte sin controles en la región”.
