Tras el asesinato de dos jóvenes a manos de la policía el sábado pasado, la Justicia de Perú inició una investigación contra el expresidente Manuel Merino, que renunció el domingo tras seis días en el cargo. La fiscal general Zoraida Ávalos acusó a Merino, así como al expresidente del Consejo de Ministros Ántero Flores-Aráoz y al exministro del Interior Gastón Rodríguez por los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso. Además dijo que los hechos fueron cometidos en un contexto de violación a los Derechos Humanos. Desde la Defensoría del Pueblo denunciaron un uso irracional y desmedido de la fuerza por parte de la policía que utilizó perdigones de plomo contra los manifestantes. Amnistía Internacional (AI) Perú también informó sobre detenciones arbitrarias. “Nos han llegado denuncias de coacción y malos tratos al interior de Comisarías para obtener testimonios”, dijo Marina Navarro, titular de AI Perú a PáginaI12.
Violación a los DDHH
La marcha del sábado pasado contra la designación de Merino como presidente quedará en la historia de Perú. Las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en varias zonas de Lima se saldaron con dos muertos, más de 100 heridos y decenas de personas desaparecidas. Jack Brian Pintado Sánchez, de 22 años, y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, fueron los dos jóvenes asesinados por la brutal represión policial. La Fiscal General también ordenó investigar a Merino y sus ministros por “lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada en agravio de personas a determinar”. De esta manera la fiscalía tomó el reclamo de las calles y de las organizaciones de DDHH que pedían una investigación sobre los hechos. Respecto de los desaparecidos, a la tarde del martes sólo quedaba por conocerse el paradero de dos personas según el listado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La noche del lunes el Ministerio Público dio a conocer la autopsia de Jack Pintado en la que se confirmó que había recibido diez disparos de arma de fuego: cuatro en la cabeza, dos en el cuello, dos en tórax y dos en el brazo derecho, producidos por perdigones, según establece la necropsia emitida por la fiscalía. El abogado de la familia, Ronald Gamarra, sostuvo que se trató de una asesinato a manos de las fuerzas de seguridad. “Se le ha encontrado diez esferas de plomo, no goma, sino plomo. Aquí no podemos hablar de armas no letales, todas son letales”, indicó el letrado. Por su parte, el otro joven asesinado, Jordan Sotelo, fue impactado con cuatro disparos de perdigones, uno de ellos en el corazón.
A sangre y fuego
Ante las denuncias de violencia policial la Defensoría del Pueblo emitió un documento durísimo contra la represión ordenada por Merino. “La conducta agresiva de la Policía Nacional rebasa los límites en el uso de la fuerza establecido en las leyes, reglamentos e instrumentos internacionales, y es claramente violatoria de los derechos a la integridad física y del derecho a la protesta”, sostuvo el organismo. Además la Defensoría pidió que la Justicia avance en el caso. “Las investigaciones deben alcanzar a los responsables políticos y operativos de las órdenes impartidas. En un estado de derecho el restablecimiento del orden público no se hace a sangre y fuego”, indicó la dependencia estatal.
Además de los dos muertos, las movilizaciones que tuvieron lugar hasta el lunes dejaron 94 heridos según los reportes del Ministerio de salud. La responsable de AI Perú sostuvo que debe darse respuesta a los familiares de los muertos y heridos. “Lo que estamos viendo son violaciones de DDHH. Empezando por el uso excesivo e innecesario de la fuerza, hemos documentando disparos directamente al cuerpo, uso innecesario de gases lacrimógenos y otros tipos de armas no identificadas”, indicó Navarro. Además la organización recibió denuncias sobre detenciones arbitrarias. “Fueron realizadas por efectivos de la Policía Nacional vestidos de civil que se negaban a identificarse. Es información que estamos verificando. Ahora mismo hay una situación en la cual se están buscando personas desaparecidas de la marcha del sábado a la noche”, indicó la responsable de AI.
Navarro también mencionó su preocupación por que se haga uso de una normativa sancionada en marzo por el Congreso de Perú que da inmunidad a las fuerzas policiales. “El Congreso presidido por Merino sancionó la Ley de Protección Policial (nº 31012) que exime de responsabilidad penal a aquellos policías que en el ejercicio de sus funciones causen lesiones o muerte, a no ser que se traten de violaciones a los DDHH, como nosotros sostenemos que ocurre en estos momentos”, dijo la responsable de AI.
La represión policial se ensañó particularmente con los periodistas. En la jornada del lunes resultó herido el productor del canal peruano Televisa, Jefferson Fowks. El hombre fue alcanzado en la espalda por un perdigón, según informó el sitio Ojo Público. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú informó que 35 trabajadores de prensa fueron agredidos durante los últimos cuatro días de protestas.
