Cuatro personas fueron imputadas como integrantes de una asociación ilícita, otras cuatro están identificadas y un profesional del derecho se entregó ayer a última hora a las autoridades por la presunta megaestafa inmobiliaria en un lote de terrenos en la zona norte de la ciudad de Recreo, vecina a la capital santafesina, que involucra al verdadero círculo rojo santafesino. La estafa no solo alcanzó al verdadero titular, descendiente de la familia Clucellas, sino a 200 familias que no pueden escriturar. Las fiscales Mariela Jiménez, María Laura Urquiza y Bárbara Ilera imputaron delitos a una larga lista de profesionales santafesinos muy vinculados al poder estable de la región: a tres de ellos se les endilgó ser organizadores de la asociación ilícita y a un cuarto se lo imputó como miembro. A otras dos personas se las sindicó como organizadores y a tres más como miembros que ya fueron identificados. Según las fiscales se trata de una asociación ilícita dedicada a la realización de estafas relacionadas al loteo de un inmueble de 614 hectáreas ubicado en jurisdicción de la ciudad de Recreo. Todos los acusados serán imputados en audiencia pública hoy a las 16.30.

Los imputados como organizadores son un escribano y un contador, llamados Edgard Ariel y Ovidio López, hijos de un histórico dirigente del PJ pre reutemista de Santa Fe. El tercero imputado como organizador es un odontólogo de Miramar llamado Oscar Pirera.

Por su parte, la cuarta persona imputada es un comerciante de Recreo de 51 años llamado Luis Giráldez. También trascendió que otras tres personas fueron notificadas que estaban siendo investigadas en un legajo penal del MPA. Ellos son los abogados Eduardo y Gonzalo Orio y el escribano Juan Milia, de 76 años. Mientras los dos primeros son letrados que representan a importantes firmas santafesinas, incluyendo al diario El Litoral, Milia fue escribano de gobierno durante muchos años y es consuegro del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.

Alejandro Albigñana, abogado que representa actualmente a la sociedad anónima Las Mercedes de Recreo, se entregó ayer a la tarde a las autoridades.

La causa tuvo su inicio en 2019 cuando los abogados Alejandro Otte y Matías Lassaga advirtieron a las fiscales sobre un acta de cesión falsa que desapoderó del ciento por ciento del paquete accionario del loteo Las Mercedes de Recreo S.A. a José Manuel Ruiz Moreno, el heredero de la familia Clucellas, los dueños originales. 

Ante esa denuncia, las fiscales apuntaron a la confección del acta de asamblea, de carácter extraordinaria, que tiene fecha de 2002 y que se llevó a cabo en la antigua sede de Las Mercedes de Recreo S.A. de calle Mendoza al 2600. Por medio de aquel documento, fue transferida la totalidad de las acciones de Ruiz Moreno –heredero de todo el loteo- a tres personas que eran ajenas a la sociedad anónima, entre ellas el hoy detenido Oscar Pirera. Llamativamente, el acta de la cesión de dichas acciones, solo contó con la firma de los beneficiarios, pero nunca registró la de Ruiz Moreno ni de los Clucellas. Con sospechas de que pudo haber existido una estafa, las fiscales ordenaron una requisa en el área de Inspección de Personas de Jurídicas de Santa Fe, ya que en dicho organismo fue donde se presentó el acta adulterada que permitió desapoderar de todo el capital accionario al denunciante Ruiz Moreno.

La cesión de acciones no solo perjudicó a Ruiz Moreno sino también a los cientos de vecinos que residen en el barrio Las Mercedes y que tras el cambio de titularidad de los dueños del loteo nunca pudieron escriturar por su terreno. Ante tal situación el pasado 23 de octubre, los pesquisas del Organismo de Investigaciones realizaron un allanamiento en la sede del fideicomiso que actualmente explota el loteo. Tal procedimiento fue con el objetivo de realizar un relevamiento documental del lugar y así recolectar elementos que sean importantes para la causa. Dos meses después, el caso avanzó y terminó con los diez allanamientos que fueron ejecutados por los investigadores el pasado 13 de noviembre y que terminó con los cuatro detenidos.

El Ministerio Público de la Acusación difundió un comunicado donde explicó que las fiscales acusaron a tres de los cuatro imputados "ser organizadores de la asociación ilícita". Hoy habrá nuevas audiencias. De manera detallada, el organismo judicial indicó que los hechos ilícitos comenzaron a cometerse en julio del año 2000 y la actividad de la asociación ilícita que investigamos se inició en septiembre de 2015. “Las nueve personas que tenemos identificadas formaban parte de esta organización de carácter permanente, estable y organizada que tenía como objetivo darle apariencia legal a la estructura jurídica del fideicomiso creado bajo el nombre de “Barrio Las Mercedes de Recreo”, destacaron. “A través de ese fideicomiso disponían de los lotes que conforman el inmueble titularidad de ‘Las Mercedes de Recreo SA’”, agregaron.

Según trascendió periodísticamente, el barrio se conformó con el correr de los años pero muchos de sus vecinos aún no pudieron escriturar por el pleito judicial. “Mediante engaños y maniobras ardidosas ante la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, obtuvieron la inscripción de la sociedad ‘Las Mercedes de Recreo SA’”, señalaron desde el MPA y detallaron que “lo hicieron simulando la calidad de socios, mediante el uso de actas de contenido falso, perjudicando el patrimonio de la sociedad y de los accionistas, mediante la administración y disposición del inmueble que es el único capital social de la empresa”. “Las maniobras fueron numerosas y de distinto tipo. Incluyen la simulación de una cesión de acciones, la venta de 100 lotes a terceros de buena fe y la autorización para dar en pago 600 lotes más, sin tener el derecho para hacerlo”, subrayaron de Fiscalía. No obstante, también hicieron hincapié en que los acusados “simularon otros actos administrativos y procesales; adulteraron copias, insertaron datos falsos y confeccionaron actas con contenido falso siempre con el objetivo de simular el cumplimiento de los requisitos legales, procesales y fiscales exigidos por el Estado”.