La diputada provincial Claudia Balagué interpretó ayer la decisión de la ministra de Educación Adriana Cantero de “dar de baja un concurso docente” y “afectar a 800 agentes que perderían la titularidad de su cargo” como un “nuevo ataque del gobierno de Omar Perotti a la educación pública, que suma a la falta de acompañamiento a docentes durante la pandemia y la derogación del bono a reemplazantes”.

“Por acción u omisión del Poder Ejecutivo ponen en peligro derechos laborales. Desde el Frente Progresista siempre gestionamos la Educación con la participación de docentes, gremios y comunidad, de manera transparente, apegada a las leyes y normativas vigentes, y sobre todas las cosas respetando la trayectoria docente, y nunca atentando contra sus derechos”, se defendió Balagué.

“En los doce años de gestión” del socialismo “se titularizaron 55.000 cargos". “Las requisitorias del Tribunal de Cuentas se subsanaron siempre en favor de las y los trabajadores. La decisión de dar de baja concursos que otorgan derechos acordados con los gremios en paritarias no tiene antecedentes”, alertó.

El Tribunal de Cuentas no hizo ninguna observación del llamado a concurso ni sugirió anular o revocar las designaciones. “Solicitó información complementaria que podría haberse subsanado en el mes de marzo, fecha en que se requirió la misma al Ministerio”, sostuvo.

“Los cargos en cuestión afectan a personal abocado a garantizar derechos establecidos en la ley nacional de Educación. Se trata de integrantes de los equipos interdisciplinarios que llevan adelante políticas públicas de inclusión socioeducativas, perfiles profesionales que cumplen tareas fundamentales como la prevención de adicciones, la atención de situaciones de bullying y violencia, y de contención como el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar, indispensables en estos tiempos”, resaltó.

“Un informe reciente publicado por Flacso Argentina indica que, por la suspensión de clases en pandemia, unos 110.000 jóvenes de Santa Fe abandonaron sus estudios. Es por esto que Balagué señaló que los agentes, “a los que se pretende cercenar sus derechos, deberían estar recorriendo los barrios revinculando a niños, niñas y adolescentes con las escuelas”.

“La Ley de Responsabilidad Fiscal que se alega para dar de baja estos concursos, exceptúa acuerdos previos, como en este caso las paritarias 2017 y 2019. “Se trató de una reparación histórica y un cambio situación de revista sin afectar partidas presupuestarias presentes o futuras”, afirmó.

Balagué reveló que durante el año pasado se elaboró un informe detallado, especialmente en el punto de los concursos docentes, que se puso a disposición de la ministra Adriana Cantero, quien “rechazó sistemáticamente reunirse durante la transición” y “fueron entregadas a los representantes enviados por el entonces gobernador electo”.