Tras el respaldo del presidente Alberto Fernández a la propuesta de destinar tierras fiscales a la producción de alimentos, Francisco “Paco” Durañona, referente del Movimiento Arraigo, reclamó el avance de los proyectos de creación de un Procrear Rural. “La pandemia mostró las consecuencias descarnadas del desarraigo. Tenemos un país donde la población está ultraconcentrada en centros urbanos. El 70 por ciento de los argentinos viven en el 0,5 por ciento del territorio”, señaló el senador bonaerense del Frente de Todos. En el Congreso nacional y la Legislatura bonaerense hay tres proyectos pendientes de tratamiento, destinados a que pequeños y medianos productores accedan a la compra de tierras. Y en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se trabaja también en un modelo de créditos hipotecarios para aprovechar la tierra fiscal y orientarla a la producción de alimentos.

El gesto de aval ocurrió la semana pasada, en un debate del Equipo Técnico de Arraigo del PJ. Allí Alberto Fernández sostuvo que, a la luz de la experiencia del coronavirus, debe “revisarse” cómo se construirá la “Argentina del futuro”. “Es necesario cambiar las lógicas que imperan y descentralizar los grandes centros urbanos", planteó. El Presidente defendió la idea de que tierras del Estado sin uso sean destinadas a la producción local de alimentos. En este sentido, aseguró que "sobran las tierras fiscales" y que esos predios deben ser utilizados para "producir alimentos para las zonas aledañas" a las localidades pequeñas del país, una medida que les serviría “además, a las grandes ciudades, que también padecen el hacinamiento".

Para Durañona, “el problema es que hoy la Argentina no tiene ni un solo programa de acceso a la tierra para pequeños y medianos productores, para que puedan ser titulares de sus tierras, construir sus viviendas y hacer las inversiones necesarias: agua, conectividad… lo mínimo indispensable para producir alimentos localmente. No tenemos esos programas. Y, en la medida en que no existen, vamos consolidando un modelo opuesto”.

Según los datos oficiales, en 1980 en el país había 500 mil explotaciones productivas. Hoy, 30 años después, son menos de la mitad. “Es decir que han ido desapareciendo los pequeños y medianos productores por una ampliación de la superficie de grandes latifundios y de una producción primaria que ni siquiera está orientada al consumo humano”, dice Durañona. “Tenemos que equilibrar: recuperar la producción para el consumo humano, con promoción de la agroecología. Que se haga localmente, que genere empleo y acerque alimentos sanos a precios justos a las comunidades”.

Los proyectos pendientes de debate en el ámbito legislativo son tres. En la provincia de Buenos Aires, el Movimiento Arraigo lo presentó junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra. Es un Procrear Rural, un programa de créditos hipotecarios para que pequeños y medianos productores con experiencia probada, se vuelquen a producir alimentos, recuperando su producción local. En el Congreso nacional, el Frente de Todos ingresó otro proyecto similar, hace un mes, impulsado por la UTT. El tercer proyecto es de la agrupación Marcha al Campo, y plantea mecanismos similares.

Por otro lado, en el Ministerio de Hábitat se viene trabajando en elaborar un modelo de créditos hipotecarios para aprovechar la tierra fiscal y orientarla a la producción de alimentos.

Parte de las propuestas del Movimiento Arraigo pasaron por una prueba de realidad en los ocho años en que Durañona fue intendente de San Antonio De Areco. En la localidad, por ejemplo, la municipalidad creó una compañía estatal de alimentos con pequeños y medianos productores que habían perdido sus tierras. A través de un sistema de ferias y mercados, buscó recuperar vínculos entre esos productores y los consumidores. El Estado dispuso, por otra parte, de predios fiscales para hacer viviendas, y encaró obras por las que los barrios sin servicios pasaron del 20 al 90 por ciento de cobertura cloacal y al 100 por ciento de agua corriente. El municipio tiene conectividad en su totalidad, incluyendo las zonas rurales. Otros aspectos de la misma política apuntaron a que los jóvenes encuentren cómo desarrollarse, sin verse obligados a emigrar. En el aspecto educativo, los chicos tienen garantizado un lugar de cuidado a cargo del Estado desde los 45 días y la ciudad gestionó la apertura de una universidad. 

“Son cosas perfectamente posibles, y mucho más si hay un Estado nacional que vuelca inversión a promover el arraigo", consideró Durañona. "Nosotros hace mucho tiempo que deseábamos y esperábamos que quien está al frente del gobierno diera una definición. Alberto habló de manera categórica y contundente, con una comprensión absoluta del problema que acarrea la Argentina. Esperamos que su mensaje sea correctamente interpretado y ejecutado por el gabinete, los gobernadores e intendentes".