La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio por concluida la ronda de exposiciones de especialistas que, en forma remota y durante varias reuniones, participaron del debate sobre los proyectos para modificar el Ministerio Público Fiscal y aspectos referidos al Procurador General. Inicialmente se analizaron propuestas que habían presentado senadores de Juntos por el Cambio, a las que se sumó una del senador y ex gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, más cercana a la visión del Frente de Todos. Los expertos dividieron posturas a favor y en contra de la necesidad de tener que contar con dos tercios del Senado para designar al Procurador --el candidato del Ejecutivo, el juez Daniel Rafecas, ya planteó que bajaría su postulación si se reduce el requisito de esa mayoría especial--. El presidente de la comisión, el oficialista Oscar Parrilli, propuso un cuarto intermedio hasta que se conozca la propuesta de reforma judicial del Consejo Asesor convocado por el presidente Alberto Fernández: se supone que eso sucedería esta semana y que incluiría reflexiones sobre la designación del jefe de los fiscales.

Hasta ahora solo estaban en discusión los proyectos del radical Martín Lousteau y la aliada macrista Lucila Crexell. Ahora se añadió la iniciativa impulsada por Alberto Weretilneck, que acota el mandato del procurador general a cinco años y propone para su designación la “mayoría absoluta” del Senado (la mitad más uno de sus integrantes), como una propuesta intermedia entre los dos tercios que insiste en mantener la oposición de Juntos por el Cambio (que igual se pronunció en contra de la designación de Rafecas) y la mayoría simple que insinuaron como solución desde el oficialismo.

Los últimos especialistas que desfilaron por la comisión dividieron posturas sobre este punto. “El procurador debe tener un respaldo suficiente, un consenso político adecuado, para poder ejercer sus funciones, porque emite dictámenes esenciales para las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia”, dijo el ex procurador Nicolás Becerra y puso y puso su propio ejemplo: “Si no hubiera tenido el respaldo de los dos tercios del Senado, no hubiera podido dictar mi dictamen de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”. Becerra se mostró de acuerdo en la periodicidad del cargo, y recordó que él mismo atravesó las gestiones de cuatro presidentes (Menem, Duhalde, De la Rúa y Néstor Kirchner). “La función requería un recambio”, reconoció. 

“No es tan importante la entrada ni la salida, sino lo que queda en el medio: cómo se ejerce la función. Lo más importante es el control ciudadano durante el ejercicio del mandato”, insistió el abogado y sociólogo Roberto Gargarella y hasta sugirió que “no sería descabellado pensar en una elección ciudadana del procurador”. Al tiempo que criticó duramente los tres proyectos y planteó que “deberían ser replanteados”.

El doctor en Ciencias Jurídicas y constitucionalista Guido Risso afirmó  que “la mayoría de dos tercios, que es la que se ha venido aplicando, es inconstitucional, porque es una mayoría agravada y todas las mayorías agravadas están expresamente establecidas en el texto de la Constitución”, y puso como ejemplo el caso de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, que “fue designada por unanimidad” y “esa unanimidad se fue disolviendo en el aire a medida que cambiaba la coyuntura política”. Sobre la condición de vitalicio del procudador, Risso advirtió que “es una gran anomalía del sistema republicano, es un resabio del sistema monárquico”.

A su turno, Fernando Díaz Cantón, de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, afirmó que “es decisivo quiénes van a tener peso en la designación y en la destitución del procurador, y cómo se va a evitar la designación de procuradores adictos al gobierno de turno, o que se expulse a aquellos que sean rebeldes al gobierno de turno”. La fiscal federal Mónica Cuñarro señaló que “la politización de la Justicia que se ha dado en los últimos períodos es algo nocivo para el MPF y el Poder Judicial en general”. La fiscal también adhirió a la propuesta de mantener los dos tercios y lo fundamentó en que ese aval sirvió para emitir dictamen inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final como hizo Becerra o para organizar los juicios por delitos de lesa humanidad como hizo Esteban Righi. “En los temas de lesa humanidad, ha funcionado muy bien y ha sido un modelo para el mundo”, destacó.

Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal y director del Departamento de Derecho Penal de la UBA, sostuvo que “los dos tercios dan legitimidad de origen y respeto por la autonomía del Ministerio Público". En cambio, para Horacio Erbes, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, “la Constitución no invalida que se puedan modificar los mandatos como así tampoco las mayorías” para nombrar al procurador y volvió sobre el ejemplo de Gils Carbó “nombrada como marcaba la ley orgánica" pero que luego "sufrió persecución política y terminó renunciando”.