Ocho mujeres con 20 niños y niñas resisten a un desalojo previsto para este martes en el asentamiento Los Pinos del barrio Nueva Esperanza del municipio de San Lorenzo. Llegaron allí hace un año y dos meses, con historias de derechos vulnerados producto de la desigualdad social y de género. Ahora luchan para que el Estado les garantice un pedazo de tierra donde vivir. 

Los terrenos en que se asentaron son fiscales, tanto el gobierno municipal como la secretaría de Tierras y Bienes las han denunciado por usurpación, el fiscal Pablo Paz ya las imputó y pidió que sean desalojadas. La jueza Ada Zunino hizo lugar a ese pedido y negó el de la defensora oficial Ana Carrizo que solicitó la suspensión. El abogado Alvaro Arias se presentará este martes por la defensa particular de las mujeres e interpondrá un recurso de apelación y un nuevo pedido para que se suspenda la medida.Las organizaciones sociales acompañan con una vigilia. 

Las familias marcharon ayer lunes acompañadas por las organizaciones sociales y políticas hacia la Secretaría de Tierras y Bienes, donde se reunieron con el funcionario a cargo, Esteban Carral. "La respuesta que tuvimos en Tierras y Bienes es que van a ver que es lo que pueden hacer para intervenir y frenar el desalojo. Nos dijeron  que desde ahí no pueden hacer nada (para solucionar el problema habitacional) y que el organismo que se encarga de darnos terrenos o viviendas es el Instituto Provincial de la Vivienda"; contó Lucero Leyseca a Salta/12. El viernes pasado marcharon al IPV y las direccionaron desde ahí a Tierras y Bienes. 

También el grupo de mujeres fue a la Secretaría de Derechos Humanos y el Polo de las Mujeres, Leyseca contó que se comprometieron a intervenir "porque hay niños con discapacidad y víctimas de violencia de género".

"Somos madres, tenemos niños, vivimos ahí, ya no estamos en una simple carpa, tenemos nuestras casas. ¿A dónde nos vamos si nos sacan a la calle?", manifestó Nelvy Coca a Salta/12. "Estamos imputadas por usurpación, es el único delito que hemos cometido por una necesidad y la falta de atención del gobierno", añadió. 

Desde el 13 de noviembre las familias están intimadas a desalojar este martes 17. "¿Cómo es posible que no se pongan a pensar que somos seres humanos, que hay niños de por medio, que vamos a quedar en la calle?, interpeló Coca a las autoridades judiciales. 

El abogado Arias sostuvo a Salta/12 que se pretende llevar a cabo un desalojo "sin mediar instancia conciliatoria previa" ante el Juzgado, que hubiera servido para que las mujeres sean oídas, garantía que prevé la ley 26.485. Consideró el fallo de Zunino sin perspectiva de género y que incluso viola garantías constitucionales. "La ley Micaela no existe parece, se las trata como delincuentes comunes y corrientes", sostuvo. "Siendo mujeres vulnerables y pobres, con niños y niñas a cuestas, no tuvieron derecho a ser oídas. Rapidamente se ordena el desalojo sin posibilidad de conciliación, con organismos como dirección de Niñez y Familia, para llegar a una solución pacífica", aseveró.

El letrado consideró que se dispuso "un desalojo compulsivo en un plazo brevísimo", sin considerar la real situación de las mujeres y de sus hijos e hijas. "La mayoría de mis defendidas llegó al inmueble en el desesperado afán de tener dónde vivir junto a sus hijos de corta edad frente al desamparo en el que habían quedado por encontrarse sin trabajo y huyendo de graves y recurrentes hechos de violencia de género perpetrados por sus ex parejas. Además de ello algunas de las madres referidas tienen a cargo hijos discapacitados e inclusive tres de las imputadas se encuentran en estado de embarazo en la actualidad", detalló Arias.  A su vez mencionó la situación de una de las mujeres que vive "con severas complicaciones cardíacas y con un marcapaso, todo lo cual aumenta el riesgo de afecciones a su vida y salud en caso de un desalojo forzado".

"No es cualquier desalojo, son más de 30 personas, con discapacidad y embarazadas. Presentamos un recurso de apelación. La idea es que el Tribunal de Impugnación se expida al respecto, podría dar vuelta la resolución de la jueza y generaría un precedente", manifestó Arias. 

"Muchas son víctimas sistemáticas de la violencia sistemática", afirmó Arias. Es la situación de Leyseca, joven de 25 años, madre de un niño de 7 años. "Yo vine al asentamiento porque antes estaba con el padre de mi hijo, sufría violencia de género, aguantaba porque el pagaba el alquiler, lo tuve que denunciar por golpes y maltrato hacia mí y hacia mi hijo. Me enteré del asentmiento este y vine", relató.

La joven contó cómo en el grupo de mujeres que también son sobrevivientes de violencia se sintió "identificada" y contenida para no regresar con su ex pareja. "Se enteró e igual venía a molestarme. Tuve que dejar mi trabajo como vendedora porque pasaba a molestarme al local. Acá tuve más valor y las mujeres me dieron fuerza para aguantar ya un año y dos meses en el asentamiento", relató. En caso de que la desalojen, dijo que no tiene a dónde ir. 

"El Polo de las Mujeres tiene la responsabilidad de hacerse cargo con alguna medida seria", consideró el abogado Arias. 

Víctimas de violencia de género

Para el abogado Arias la Justicia debe poner especial atención al hecho de que las imputadas constituyen una población vulnerable, no solo por sus condiciones económicas y su carga familiar en dicho contexto, sino porque además han sido víctimas de violencia de género, hecho que dejó a la mayoría de ellas en la necesidad de buscar un lugar donde refugiarse con sus hijos y hasta la fecha no reciben contribución económica de los padres de aquellos, la mayoría de los cuales son a su vez insolventes.

"El pedido de que mis asistidas puedan ser oídas y debidamente consideradas en su contexto socio familiar, previo a disponerse un desalojo compulsivo, encuentra asidero en los derechos y garantías mínimas que establece la Ley 26.485 para las mujeres en procedimientos judiciales y administrativos en las que sean parte", afirmó. 

La ley 26.485 en su artículo 16 establece que: “los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: … c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente; d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte; e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados (...) 

La legislación prevé que las mujeres tienen derecho a participar en el procedimiento judicial recibiendo información sobre el estado de la causa. "Estamos ante un cuadro muy complejo, que debe examinarse en todas sus aristas antes de que se proceda a tomar una decisión de tal envergadura como lo es el desalojo compulsivo de mujeres y niños en las características mencionadas", aseveró Arias.

Vulneración de los derechos de niños y niñas

Arias sostuvo que se deben resguardar las garantías de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales de este tipo, y que en este caso no se tomaron los recaudos necesarios ni se garantizó la participación de los organismos pertinentes "al tratar el desalojo de un número tan alto de niños, la mayoría de muy corta edad". 

Por ello planteó que no es antojadizo el pedido de suspensión del desalojo sino que es un pedido razonable ante la "complejidad de la situación y la especial vulnerabilidad de los actores en juego, especialmente los niños y niñas".  Instó a respetar la Convención por los derechos de niños y niñas.