La masiva venta de tierra pública que lleva adelante el gobierno de la ciudad desde el inicio de la gestión del PRO en 2007 ha encontrado un freno social. El proyecto de rezonificar y vender Costa Salguero para un desarrollo inmobiliario de lujo junto al río movilizó a gran parte de los porteños y las dimensiones del escándalo hicieron que por primera vez el tema rompiera el blindaje mediático del jefe de gobierno y explote en las redes sociales

El tema es muy significativo: la privatización de la costanera no es un hecho aislado, sino que pone en juego decisiones estructurales sobre cómo se produce la ciudad, quiénes son los que la definen y para quiénes son los beneficios de la vida urbana. Además de las implicancias ambientales, lo que está en debate es el modelo de ciudad.

Con casi la mitad de la población de la ciudad en situaciones diversas de déficit habitacional, la gestión del PRO ha priorizado a lo largo de todos estos años el desarrollo inmobiliario, apalancando la oferta con la apertura de espacios de inversión a capitales concentrados y dando respuesta a la demanda de sectores de alto poder adquisitivo. Mientras que en 2018 se licenciaron 565.751 m2 de vivienda lujosa y suntuosa, los porteños en situación de calle, en villas e incluso la clase media que alquila o debe pagar un crédito en situaciones de total incertidumbre frente a sus ingresos no para de crecer. En 2019, el segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle relevó más de 7.500 hombres, mujeres y niños. En 2016, TECHO contabilizó aproximadamente 82.585 familias en villas y asentamientos, por lo que se puede proyectar una población aproximada de 379.890 habitantes. Es decir, el 12,4% de la población de CABA reside en villas y asentamientos.

La contracara de esta situación de vivienda precaria y gente en la calle es la enajenación de más de 250 hectáreas entre 2009 y 2019 (algunos suman hasta 500 ha)para promover grandes proyectos urbanos de carácter privado a partir del fraccionamiento de grandes extensiones de tierras públicas vacantes, la comercialización de las parcelas resultantes bajo nuevas normas urbanísticas, la construcción de edificios de alta categoría y la posterior venta de los inmuebles a usuarios de elevado poder adquisitivo.

Esto evidencia un manejo ineficiente e irresponsable de estos bienes para el desarrollo de políticas públicas activas en términos habitacionales, ya que con este suelo se podrían haber ampliado los espacios verdes Hasta acercarse a los 10 mts por habitante recomendados internacionalmente (la ciudad posee un indicador de espacio verde por habitante muy bajo de 5,13 mt2) o podría haber edificado viviendas para resolver en gran parte el déficit habitacional. Mientras que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat implementa por primera vez un Plan Nacional de Suelo Urbano para garantizar el acceso de las familias a un lugar de vida, propuestas como la de Costa Salguero ponen de manifiesto que en la ciudad domina un modelo basado en la producción de vivienda especulativa, donde además la venta de tierra pública se vuelve un mecanismo de “caja fácil” para el gobierno de Larreta.

La ciudad enfrenta así un doble problema. Por un lado, garantizar condiciones de hábitat digno para una parte importante de sus ciudadanos, un objetivo cada vez más difícil frente a los exorbitantes precios de la vivienda, una tendencia que se profundiza a medida que avanza la elitización de Buenos Aires. Por el otro, diseñar políticas de desarrollo urbano que asuman esta condición sistémica, entendiendo que el déficit de unos es la exuberancia de otros. El problema de la vivienda es, ante todo, un problema de desigualdad.

La movilización social ha sido clave para exponer los negociados inmobiliarios, más de 1500 vecinos se han inscripto en la Audiencia publica y es fundamental que los legisladores de la ciudad se comprometan a frenar la privatización del río frente a la oportunidad histórica de recuperar un sector clave de espacio público y colectivo, como lo han hecho ciudades en todo el mundo como Medellín o Chicago y, en el país, Rosario. Pero, además, el debate público a partir de Costa Salguero nos convoca a asumir el compromiso de construir otra ciudad, donde los porteños accedan a vivienda y espacios públicos de calidad y donde los lugares sean desarrollados por su valor social y no por su capacidad de producir rentas inmobiliarias.

* Legislador Frente de Todos