Desde Santa Fe
La ministra de Educación Adriana Cantero explicó ayer que anuló las tres resoluciones de su antecesora Claudia Balagué que titularizó unos 500 docentes porque tienen una “doble observación legal” de la Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas y dijo que se tomará más tiempo para analizar qué hace con una segunda tanda de resoluciones de Balagué que pasó a planta a otras 300 personas, pero que sólo fue impugnada por la Fiscalía de Estado y la comisión revisora que creó el gobernador Omar Perotti por el decreto 89, pero no por el Tribunal de Cuentas. Cantero precisó que la nulidad no es “un ataque a la educación” –como dijo Balagué- o a “la docencia” -como planteó la secretaria general de Amsafé Sonia Alesso-, sino “un acto legal”. “Actuamos conforme a derecho para sanear” un mecanismo de titularización de docentes que “no cumplió con las normas de los concursos”, al punto que no se sabe si los designados tienen títulos habilitantes o no. Y ante el descargo de Balagué, le preguntó: “¿Por qué procedió de esta manera? Esa es la respuesta que ella tiene que dar. ¿Por qué procedió obviando todos los pasos que indicaban las normas vigentes? Esa respuesta aún no la he visto”. Alesso insistió que lo de Cantero “es una cuestión más política que legal” y no descartó que el gremio recurra a la justicia para dirimir el pleito, aunque antes debería agotar la vía administrativa.
A 24 horas del anuncio de Cantero de anular las designaciones de Balagué poco antes de dejar su cargo, el cruce siguió ayer por los medios. La ministra de Educación distinguió dos situaciones. La decisión de anular las tres resoluciones de su antecesora que titularizó 500 docentes –en algunos casos el 5 de diciembre de 2019, seis días antes de terminar el mandato de Miguel Lifschitz. Y la voluntad de profundizar el análisis de una segunda tanda de Balagué que titularizó otras 300 personas, en ese mismo final del gobierno.
Las resoluciones de los 500 titularizados las anuló porque tienen una “doble observación legal”: una de la Fiscalía de Estado y de la comisión revisora que creó Perotti por el decreto 89 y otra del Tribunal de Cuentas. Mientras que la segunda tanda que titularizó los otros 300 sólo fue impugnada por la comisión revisora. “En estos (300) casos estamos analizando los expedientes. Por ahora, anularemos las de que tienen observación del Tribunal de Cuentas”, que son los 500.
--¿Qué se les objeta a esas resoluciones de Balagué? -le preguntó un colega de LT9.
-Hay una lista de irregularidades. Realizaron un concurso sin junta de calificaciones, no hubo escalafón, no se lo exhibió, no hubo etapa recursiva y esto impide constatar si esos docentes tienen título habilitante, antecedentes y antigüedad –respondió Cantero. Y ratificó que también “hay una observación sobre la ministra (Balagué) que no tenía la firma delegada del gobernador para las designaciones”.
“La comisión del decreto 89 dictaminó la nulidad de los hechos y el Tribunal de Cuentas se pronunció en el mismo sentido. Es una doble observación legal”, insistió Cantero. La revisora de la Casa Gris está integrada por el fiscal de Estado, el secretario de Trabajo y los secretarios Legales y Técnicos de los ministerios de Gestión Pública y de Economía. "Esas resoluciones de Balagué son “nulas” porque “las titularizaciones se han hecho desconociendo los pasos formales. Al tener estas irregularidades son posibles de ser anuladas”.
--¿Qué pasa con esas personas que cobran un sueldo como titular?
-.Revocar la titularidad implica que pasan a ser interinos. Pero lo tanto, siguen cobrando su sueldo, pero para recobrar la titularidad deberán pasar por un nuevo concurso conforme a la normativa vigente –aclaró Cantero.
En tanto, Alesso dijo que lo de Cantero es una “cuestión más política que legal”. “Dar marcha atrás con tres concursos sobre la base de argumentos que son falaces y no reconocen el derecho de los trabajadores a la estabilidad, es algo que no tiene justificación. No entendemos”, le dijo a la colega Ivana Fux.
“El Tribunal de Cuentas realizó observaciones que podrían haber sido contestadas y no lo hicieron. Acá hay una cuestión política, más que legal”, repitió. “Lo que no puede suceder de ninguna manera es que esto lesione derechos adquiridos.
Cantero anunció que realizará “un nuevo concurso. Es insólito que habiendo existido ya un concurso, se plantee que se lo va a volver a hacer”, agregó Alesso. Ayer el gremio convocó a su equipo jurídico y hoy reunirá a los delegados seccionales para analizar el asunto.
--¿El sindicato podrían judicializar el tema?
--Lo estamos analizando; no descartamos nada –concluyó la secretaria general de Amsafé.
