Estamos de duelo. Hoy hacemos un duelo colectivo en cada plaza. A las 20, la convocatoria en la ciudad de Buenos Aires es en el Obelisco. Nos unimos frente al dolor y nos organizamos. El dolor no nos paraliza. Nos moviliza. El disciplinamiento sobre nuestros cuerpos que pretenden imponernos –desde una razzia policial ilegal y arbitraria hasta la apropiación de nuestros deseos y movimientos— nos rebela y nos pone en acción.  

Micaela ya no está. Y no va a volver del boliche al que fue a divertirse con amigas y amigos. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el lugar que indicó el principal sospechoso de su femicidio, Sebastián Wagner: el acusado tenía una condena a 9 años de prisión por dos ataques sexuales, pero un juez le había dado salidas transitorias anticipadas, a pesar del informe que desaconsejaba su liberación, emitido por el Servicio Penitenciario. Se sabe, de todas formas, que ese tipo de informe carcelario no suele ser confiable. Hay mafias que los venden. La pregunta que tiene que responder hoy el juez de Ejecución de Penas Carlos Alfredo Rossi es sobre qué evaluación le otorgó el beneficio que le permitió recuperar su libertad antes del final de la condena.

Pero no hay que quedarse solo en esa decisión. Hay otras preguntas. ¿Qué medidas llevó adelante antes el sistema carcelario para evitar que Wagner –como otros ofensores sexuales— pudiera reincidir al salir? ¿Qué políticas de prevención de la violencia machista implementa el Estado entre los convictos? En algún momento Wagner cumpliría la pena en su totalidad y saldría en libertad. Un poco antes o más tarde.

Poner solo el foco en ese juez, que posiblemente incurrió en mala praxis –y deberá recibir la sanción que corresponda--, es equivocar la mirada. Es fácil apuntar todos los cañones contra Rossi. Pero debemos pensar en el problema integralmente, desde su complejidad. Y no como un caso aislado.

El Estado es responsable del feminicio de Micaela como de cada uno de los femicidios que nos están desangrando, por no prevenirlos, por llegar tarde. El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable está debilitado, con escaso presupuesto, sin capacitaciones masivas a docentes ni recursos, casi, para imprimir materiales. Es la herramienta fundamental para pensar el cambio cultura a largo plazo, para desarmar el machismo arraigado en la sociedad. La educación sexual integral es una herramienta federal, que podría llegar a cada una de las aulas del país, con un efecto multiplicador en cada hogar. Pero este Gobierno la está acicateando. Del mismo modo que quiso quitar 67 millones del presupuesto votado para el Consejo Nacional de las Mujeres, esperando que “si pasa, pasa”, y tuvo que dar marcha atrás ante la reacción y denuncia de organizaciones de la sociedad civil y un periodismo comprometido.

Hay que profundizar las capacitaciones en la Justicia para desterrar el machismo en las decisiones de los tribunales, en los fallos. Para que cada operador de la justicia –incluido Rossi— comprenda la complejidad de la violencia machista, sus distintas aristas, sus causas y sus consecuencias. La discriminación histórica de las mujeres en la sociedad es el caldo de cultivo que la favorece. Si no se ataca, como política prioritaria, en términos integrales, con el presupuesto necesario, desde el Estado, seguiremos llorando y enterrando otras Micaelas.