El consejo asesor de juristas para la reforma judicial que conformó a fines de junio el Poder Ejecutivo tiene previsto entregarle hoy su dictamen con sugerencias al presidente Alberto Fernández. Si bien no se conocen los detalles finales de la propuesta, se sabe que incluye modificaciones en el mecanismos para designar al nuevo titular de la Procuración General de la Nación y limitar su mandato, para resolver los planteos que hibernan indefinidamente en la Corte Suprema de Justicia, para cambiar la composición del Consejo de la Magistratura y darle a ese organismo el manejo de los recursos económicos que hoy administra el máximo tribunal, y también para impulsar los juicios por jurados en todo el país.

El grupo de expertos convocado por el gobierno nacional para estudiar en profundidad temas que hacen a la eficacia del Poder Judicial, que durante 90 días se reunió dos veces por semana y ayer tuvo su cita de despedida, lo integran Andrés Gil Domínguez, Marisa Herrera, León Arslanian, Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini, Omar Palermo y Raúl Ferreyra. El documento completo tendría una extensión de más de 500 páginas y haría hincapié en un enfoque transversal.

Tal como anticipó Página/12, uno de los puntos centrales de la propuesta será la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal. La mayoría de los expertos coincide en que el procurador debería tener un mandato acotado a cinco o seis años, con posibilidad de ser reelegido si el presidente de turno así lo solicita, y podría ser designado con mayoría absoluta y no con los dos tercios del Senado.

Otro punto importante pasa por el eventual cambio del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los desafíos de la comisión es poner fin al vergonzoso uso del artículo 280, que le permite a la Corte rechazar planteos sin fundamentarlo, y lograr acotar el campo de acción del máximo tribunal para que se dedique a resolver pocos casos por año, al estilo estadounidense. Para ello es imprescindible que se generen filtros y el principal sería la creación de un tribunal intermedio, de casación, que se ocupe ante todo de los reclamos por “arbitrariedad”, y que tenga competencia para tribunales federales de las provincias.

Uno de los puntos con amplia coincidencia entre los asesores es que la composición actual del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y sanciona a los jueces, no respeta el equilibro de representación de todos los estamentos y es inconstitucional. El Presidente recibiría hoy una propuesta innovadora para reformar el Consejo, que actualmente tiene trece miembros, y con nuevos mecanismos y criterios que impidan cualquier discrecionalidad en los concursos.

Los asesores dirían también que el manejo del presupuesto debe quedar a cargo del Consejo, como estableció la Constitución de 1994, desde los sueldos hasta decidir en qué se gasta. También se pronunciarán sobre facultades que adquirió progresivamente la Corte como la oficina de notificaciones y el cuerpo de auditores.

Otro de las propuestas que ahora deberá analizar y eventualmente transformar en proyectos de ley el Ejecutivo pasa por sancionar una ley que aplique los jurados populares para la resolución de casos de delitos graves a nivel nacional. Esa norma deberá precisar a qué delitos se aplica, cómo se integran los jurados, si es obligatorio participar y si los veredictos requieren unanimidad. Por ahora cada provincia donde hay juicios por jurados tiene su propio régimen.