A casi un año de la asunción de Alberto Fernández, finalmente se presentó ayer en el Congreso de la Nación el proyecto para debatir la despenalización y legalización del aborto en la Argentina. 

La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito ya avanzó en el siguiente paso y para hoy, a las 18, se espera un pañuelazo federal en más de 50 puntos de país. En la ciudad de Salta se hará en la plaza Güemes frente a la Legislatura provincial. 

La abogada salteña e integrante de la Campaña Mónica Menini relató a Salta/12 que hasta último momento no se conocía la propuesta del Presidente y por eso continúan el estudio minucioso de las siete páginas que tiene el proyecto. No obstante, destacó que representa "un piso muy alto  por el impacto que va a tener (de aprobarse) en América Latina". 

En los fundamentos del proyecto presentado por el gobierno nacional se contempló el recorrido que hizo la Campaña a lo largo de sus 15 años. Menini sostuvo que es importante que sobresalga el lema que nació en Córdoba en 2005: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

"Es una gratificación al movimiento para no olvidar que gracias a esa lucha tenemos esta nueva posibilidad", dijo. Y agregó que el contexto de presentación con respecto al 2018 es distinto. "Tenemos un Presidente que mandó su proyecto y que en primera instancia podemos decir que acordamos", afirmó. 

Para la integrante de Patria Grande de Salta, Andrea Andrade, la presentación "claramente demuestra la voluntad política de tener un estado presente", acción que es consecuente con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Andrade señaló que el de ayer fue un día para celebrar, pero subrayó que la demanda por el aborto legal "tiene muchos años de lucha en las calles y sobre todo de la fuerza de los movimientos de mujeres". Dijo que el proyecto representa  una victoria para las militantes que abordan la contención en casos de violencia de género y acompañan en consejerías de salud sexual y reproductiva.

Por su parte, una de las fundadoras del Instituto Jurídico de Género de Salta, Tania Kiriaco, recordó que desde 2005 acompañan las consignas de la Campaña y "fue una lucha llegar hasta el 2018 con la presencia masiva de las mujeres en Salta". La abogada indicó que la demanda siempre está vigente porque es un reclamo y reivindicación de los derechos de las mujeres.

Desde su profesión de letrada aseguró que es su deber garantizar los derechos humanos, dijo que la no aplicación de la norma es una deuda pendiente del Estado y "mientras no se efectivicen los derechos seguiremos con una demanda permanente".

Por otro lado, Andrade consideró que el reclamo se da en cada rincón del país, aun cuando se presentan contextos adversos como el de Salta, "donde tuvimos que pelear la aplicación de la ESI", a sabiendas de que su ejecución sigue siendo desigual. Pero afirmó que la gran presencia de adolescentes y juventud en las calles "es motivo de felicidad y producto de una militanca sostenida en el tiempo y que logra esta ola verde".

En ese sentido, la integrante de La Fuerza de las Mujeres, Sofía Fernández, dijo que el trabajo de los movientos feministas en la provincia pudo "demostrar que nos unimos en la lucha más allá de las posiciones que podamos tener". Resaltó la importancia también en saber que en plena pandemia "seamos las mujeres las que nos aseguramos que se sigan cumpliendo las leyes" en beneficio de las mujeres, diversidades e infancias.

Por eso, sostuvo que en este contexto pandémico "es urgente el debate" sobre el aborto legal, seguro y gratuito y eso implica un inmediato tratamiento en el recinto. 

Características del proyecto 

Entre los puntos sobresalientes del proyecto de “Regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”, guarda coincidencias con la propuesta de la Campaña: la interrupción está contemplada hasta la 14 semanas inclusive y se regula la atención post parto. 

No están dentro del plazo de las 14 semanas las causales de violación y en caso de riesgo de muerte de la persona gestante, tal como se establece en el Código Penal desde 1921. 

Sin embargo, el Ejecutivo Nacional contempla la objeción de consciencia, algo que desde la Campaña no estaba presente. Se aclara que la objeción es individual y que la solicitud se tiene que derivar con urgencia a otro profesional con la información correspondiente. No habrá objeción de consciencia cuanto esté en peligro la vida o salud de la persona gestante y se requiera atención inmediata e impostergable.

Otra de las diferencias se dio en el plazo para proceder a la interrupción: la Campaña pedía 5 días y el gobierno "lo estira a los 10 días", dijo Menini. 

Una de las novedades del proyecto de Fernández es la inclusión de la práctica dentro del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. La inclusión insta a los hospitales, obras sociales y prepagas a garantizar la práctica de manera gratuita. 

"Es muy de alto perfil y sobre todo, en el impacto que pueda tener la legalización del aborto en esos términos", que terminan siendo muy parecidos a los que se presentó en el histórico debate de 2018, explicó Menini. 

Uno a uno

Tania Kiriaco apeló a que la lucha de los movimientos feministas de la provincia sea trasladada a los legisladores nacionales y sean ellos mismos "los consecuentes con las militancias que los han apoyado". "Sobre todo con las mujeres más vulnerables y que terminan accediendo a abortos clandestinos", señaló. 

En el caso de tener una votación cercana, las voluntades de los representantes salteños estarían divididos. Los afirmativos vendrían de la mano de los legisladores del Frente de Todos, dado que los diputados Verónica Caliva y Lucas Godoy y la senadora Nora Giménez ya han dicho que darán su aprobación.

Tras la escandalosa renuncia del ex diputado nacional Juan Ameri, su sucesora, la antropóloga Alcira Figueroa, ya hizo público su voto a favor.

En tanto, la votación del senador Sergio Leavy sigue siendo la gran duda. Sin manifestaciones recientes sobre el tema, sólo guarda el antecedente de que votó en contra en 2018 cuando ocupaba la banca de diputado.

Mientras tanto, los legisladores de Juntos por el Cambio irían por la negativa. Los diputados Martín Grande y Miguel Nanni junto al senador Juan Carlos Romero repetirían la votación de hace dos años. A ellos se sumará la más reciente incorporación del bloque, Virginia Cornejo, quien asumió en diciembre. En tanto, el diputado justicialista Andrés Zottos también repetiría su voto negativo.