Las mujeres desalojadas con sus familias no recibieron ninguna asistencia estatal y quedaron a la intemperie, en la calle, en condiciones que agravan su vulnerabilidad. Hoy habrá una movilización en la Ciudad Judicial para repudiar el fallo de la jueza Ada Zunino y también para exigir la libertad del delegado del asentamiento de Parque La Vega, Yuthiel Alderete.
Desde las 7 de la mañana militantes sociales, feministas y de derechos humanos acompañaron a las familias de Los Pinos en una vigilia, ante la inminente llegada de la Policía. El desalojo se ejecutó puntual, a las 8, según dispuso la jueza. A las 7.30 llegó un centenar de policías, quienes estuvieron allí estiman que eran más de 300, y no 130 como informaron desde la fuerza después. Fueron en al menos 10 móviles, e intervino también Caballería y la Infantería.
La policía derribó las casas precarias. Esa fue la respuesta del Estado provincial y municipal a las ocupantes, que se asentaron en este descampado tras huir de situaciones de violencia de género. Las mujeres fueron denunciadas por usurpación por el secretario de Gobierno del municipio, Rodrigo de la Serna, y por el ex director General de Tierras y Bienes de la Provincia, Lucas Saccheti.
Según manifestaron las mujeres, ellas confiaron en el secretario de Tierras y Bienes, Esteban Carral; en la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, y en el subsecretario de Formación, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Fedérico Uldry, quienes el lunes ante una marcha que realizaron se habían comprometido a intervenir para evitar que las desalojaran.
Ningun funcionario o funcionaria de estas reparticiones, ni del Polo de las Mujeres ni de la Secretaría de Niñez y Familia, ni de la municipalidad de San Lorenzo a cargo del intendente Manuel Saravia, estuvieron en el lugar para ejercer algún tipo de defensa o brindar asistencia a las mujeres con sus hijos e hijas.
A la tarde, las mujeres, entre ellas cuatro embarazadas, con sus niños y niñas, dos con discapacidad, permanecían a la intemperie, bajo la lluvia, esperando que les abrieran al menos el Centro Integrador Comunitario, pero su encargada no apareció. Solo la policía se encontraba gestionando la Sala Nido.
El abogado Alvaro Arias se presentó ayer en representación de las mujeres en la Ciudad Judicial. De urgencia, el letrado planteó un nuevo pedido de suspensión del desalojo y una apelación a la respuesta negativa de la jueza Zunino el viernes para suspender la medida. El primer pedido de suspensión fue de la defensora oficial Ana Carrizo.
El letrado dijo a Salta/12 que la jueza "permaneció en su postura a pesar de que no tenía argumentos para explicar por qué no se estaban respetando garantías constitucionales de los niños, niñas y mujeres".
Violencia machista y violencia del Estado
María Flores es sobreviviente de violencia de género, tiene 3 hijos, uno con autismo. Explicó que los terrenos que ocuparon no son de espacios verdes, sino un remanente de cuando se repartieron los lotes en el barrio Nueva Esperanza. Señaló que hay intereses inmobiliarios detrás de este desalojo de parte de un protegido por el intendente que vende terrenos.
La mujer dijo que necesitan una "solución política" del gobernador Gustavo Sáenz y del intendente. Contó que en una reunión previa Saravia le ofreció ubicarla en un lote a ella y a otra madre, pero no aceptó porque consideró que debía darles la misma respuesta a todas. "Hicieron campaña con nosotras, nos prometieron una solución y ésta es la que nos dan, dejarnos en la calle y volver a la violencia. No solo hemos sufrido violencia machista, también violencia del Estado", aseveró.
Erica Tapia, de 20 años, relató a Salta/12 que también la echaron de su casa cuando quedó embarazada. "Hace más de 10 meses estoy acá, con mi hijito de 3 meses. Estábamos viviendo con mi cuñada en la misma carpa, ella me hizo entrar. No tengo a dónde ir, no tengo trabajo, no estoy cobrando la Asignación Universal por Hijo porque mi bebé nació en la pandemia y no le pude hacer el documento. Mi pareja tampoco tiene trabajo, a veces hace alguna changuita", sostuvo. La joven dijo que irá a asentarse "al costado del río" con otras madres. Indicó que no tuvo ningún ofrecimiento de refugio por parte del Estado.
La referenta de la organización de derechos humanos Coca Gallardo, Marcela Gutierrez aseveró que la gestión gubernamental "resguarda intereses de los poderosos"; "Sáenz dijo claramente que se va a dedicar a defender la propiedad privada y nunca habló de darle soluciones a los sectores más vulnerados tradicionalmente". Indicó que "ha habido un abandono del Estado" durante toda la vida de estas mujeres. Cuestionó la forma en que se reparten las tierras en la provincia y la dificultad de acceso a la vivienda para los sectores trabajadores y populares.
La referenta de Pan y Rosas (PTS), Daniela Planes, manifestó su repudio a desalojar con "un inmenso operativo policial a las mujeres con niños y niñas, que están luchando por un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda. No puede ser que el gobernador y el intendente de San Lorenzo respondan con un desalojo cuando se tendrían que estar preocupando por un plan de viviendas para todas estas familias". La dirigenta dijo que en la próxima marcha del 25 de noviembre, día de la no violencia hacia las mujeres, será uno de los reclamos el de "ni una menos sin techo".
La referenta del Partido Obrero, Cristina Foffani, expresó "la bronca de ver como 500 familias sacan a la calle a mujeres, niños y niñas y no les están ofreciendo ninguna salida". Cuestionó que el gobierno provincial y municipal tenía la posibilidad de darles esos terrenos a las familias y no se los dio.
La referenta feminista Abigail Velázquez, de Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro, sostuvo que el desalojo es una muestra de la respuesta política que Sáenz tiene para las personas más humildes: "una política de persecusión, de culpabilización, sobre todo de quienes se manifiestan y luchan por sus derechos, una política de represión incluso". Señaló que hubo organismos públicos que se comprometieron a intervenir y no lo hicieron.
