“Queremos saber cuáles fueron los argumentos jurídico legales para destituirme del cargo”, dijo el ex intendente de Aguaray, Enrique Prado, tras presentar un pedido de nulidad de la intervención ante la Corte de Justicia de Salta. Sostuvo que no tenían ningún sustento para su destitución porque no hubo informes resolutivos por parte de la fiscalía federal que lo investiga, ni condena o sentencia, por lo que consideró que no se cumpliría con los ítems que prevé la ley provincial para intervenir un municipio. Por la noche se supo que había sido detenido, por orden del juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, a partir de un pedido del fiscal federal Eduardo Villalba. 

El Ministerio Público Federal informó que ayer la fiscalía amplio el objeto de la investigación en contra de Prado; del ex secretario de Hacienda del municipio de Aguaray, Fredy Céspedes y del empresario mendocino Diego Alos.

Villalba reseñó pruebas reunidas en contra de los acusados, entre ellas la declaracion de un imputado colaborador, informes de pericias y otras testimoniales, y sobre esa basae ratificó la acusación en contra de Prado, Céspedes y Alos por los delitos de robo agravado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado.

El fiscal dijo que aún resta realizar otras medidas probatorias, por la cual solicitó la prisión preventiva de Prado para evitar que entorpezca las pruebas pendientes y porque es probable que, de llegar a juicio, reciba una pena de prisión efectiva. 

Antes de su detención, en diálogo con Salta/12, Prado indicó que los argumentos que utilizaron los legisladores para intervenir su gestión no se basaban en hechos concretos, sino que “daban sus opiniones y hablaban de lo que decían los medios, como el informe de Lanata, pero esas no son las herramientas legales”.

Añadió que jamás se conformó una comisión investigadora “en donde me hayan dado lugar para expresarme", por lo que "violaron mi derecho a defensa”, y recordó que hay muchos intendentes y legisladores en funciones que cargan con procesos en su haber, mientras sobre él solo pesa una imputación “y ni siquiera me llamaron a declarar”.

“Me intervienen por un supuesto robo de caños que sacan de información periodística y no de la justicia”, manifestó y afirmó que por eso pidieron “la nulidad de la intervención del municipio y que me restituyan en el cargo”.

Uno de los autores del proyecto de destitución, el diputado Ramón Villa, sostuvo son “manotazos de ahogado de una persona que en lugar de pedir eso a la Corte tiene que preparar a sus abogados para que lo defiendan”. El legislador se había manifestado convencido de que el ex intendente iba a ser detenido, como ocurrió poco después. 

Con respecto al pedido de inconstitucionalidad presentado por Prado en la Corte, Villa indicó que la Legislatura hace “valoraciones políticas de algunos comportamientos y así nos avala la Constitución, la justicia va por su camino y nosotros por el nuestro”, concluyó.

La defensa de Prado

El intendente depuesto sostiene que es inocente del robo de los 35 kilómetros de caños del gasoducto del NEA, ya que en la resolución que firmó “en ningún momento se habla de comercio o venta ni de caños del gasoducto”, sino que ordenaba el saneamiento “de diferentes pasivos ambientales y ahí termina mi participación”.

Según Prado, en su nota solo solicitaba que la empresa mendocina OSYP SA (cuyo titular también está imputado) retire todas las sobras y residuos del lugar, “todo lo que había quedado abandonado de la obra, maderas, residuos agropecuarios y gasíferos y hasta un obraje que permanecía en un campo, y los pongan en otro lado”.

Adujo que él no podía saber que la firma encargada se iba a llevar los caños, pero asegura que apenas se enteró de los hechos realizó la denuncia “como intendente municipal, en la Policía, en la Gendarmería” y hasta llevó al Juez de Paz local con dos testigos para que den fe que se seguían llevando caños, “todo eso consta en el expediente”.

Con respecto a la acusación que le atribuyeron señalando a La Cámpora como quien le habían dado las órdenes de remover esos caños, Prado dijo que se trató de una interpretación malintencionada de quienes lo entrevistaron. “Me preguntaron de dónde conocía a la empresa y contesté que había publicaciones de Facebook truchos que indicaban que la empresa tenía vinculaciones con La Cámpora y otras que la relacionaban con Macri, ese fue el comentario que hice, están los audios”, y afirmó que fue un juego mediático para dejarlo mal parado a él y a ese espacio político del que aseveró no ser parte.

Una detención rechazada

Con respecto a la causa que abrió de oficio el fiscal provincial Armando Cazón tras los dichos del actual interventor Adrián Zigarán, quien asegura que se encontró con un faltante de más de $18 millones al tomar posesión del Ejecutivo municipal, y en la que pidió la detención de Prado porque podía entorpecer la causa o darse a la fuga. Ayer el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelson Aramayo, decidió no hacer lugar a al pedido al considerar contradictorio lo expuesto por el fiscal.

El juez hizo referencia además, a que Cazón indicó que una vez detenido, el acusado comparte la aplicación del arresto domiciliario. Por lo que razonó que al compartir la posibilidad de aplicar una medida menos gravosa que la detención, “denota una actitud caprichosa fiscal con el objeto de su detención”.

Y agregó que la fiscalía no expuso los fundamentos por las cuales le impide llevar a cabo la ampliación de la imputación por citación, ya que no se observa que al imputado se le hayan impuesto medidas de restricción, lo que no le impediría trasladarse de un lugar a otro. A la vez que tuvo en cuenta que Prado fijó domicilio en la audiencia de imputación por lo que puede entenderse una “inexistencia del peligro procesal de fuga”, con lo que también resulta contrario a las exigencias del proceso penal, que exige que el pedido fiscal de detención sea fundamentado correctamente.

El acusado por Cazón por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario, informó que desde el lunes se encuentra en Aguaray la Auditoria de la Provincia “para ver realmente si es cierto lo que decía Zigarán o no”. Algo que para el exintendente sería lo que tendría que haber esperado el fiscal para imputarlo, “si no se queda en los dichos poco serios del interventor”.

El ex intendente contó que debido a la condena social que está sufriendo por todo lo que se lo acusa perdió su trabajo como asesor de una empresa de San Pedro de Jujuy, “me dijeron que no quieren tener problemas y que yo estoy muy expuesto y expongo a la empresa”.

Aunque dijo aceptar las reglas del juego resignado, añadió que por eso hará todas las presentaciones que tenga que hacer ante la justicia “porque condenar a una persona sin tener pruebas es un delito muy grave, y hoy yo estoy sin laburo, es un daño muy grande el que me hicieron”, expresó.