La jueza María Eugenia Capuchetti resolvió no hacer lugar al pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) de ser querellante en la causa por fraude que involucra a la empresa de agronegocios Bunge Argentina.

De esta manera, el organismo se sumaría a la investigación donde se indaga la posible existencia de conductas de fraude contra la administración pública, comisión del delito de evasión agravada y el potencial lavado de activos por los que están acusados los principales directivos de la empresa y el entonces secretario de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere. 

Fuentes cercanas a la causa aseguraron a Página/12 que el organismo presentó un recurso de reposición para que la jueza revea su decisión con apelación al subsidio.

La causa está en manos del fiscal Carlos Stornelli y se originó en agosto de este año por una denuncia por parte de Fernando Miguez en carácter de presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina. El denunciante planteó que, contando con información privilegiada de que iban a incrementarse las retenciones, la empresa aceleró la declaración de exportaciones que en realidad no se vendieron al exterior. 

La agroexportadora obtuvo una ventaja patrimonial minimizando el pago de retenciones gracias a contactos con funcionarios del entonces gobierno de Mauricio Macri. Por este motivo el fiscal señaló como uno de los presuntos intervinientes en la causa a Luis Miguel Etchevehere. Stornelli considera que la cerealera procedió "falseando la existencia de los granos que decía tener en condiciones de exportar".

Miguez apoya su acusación en la desproporción de las exportaciones declaradas antes y después de las elecciones PASO. Mientras que en todo 2018 la empresa declaró exportaciones por 6,9 millones de toneladas entre trigo, soja, maíz y harinas, en solo cinco meses posteriores a las PASO (13 de agosto y 31 de diciembre) acumuló una mayor cantidad de exportaciones: 7.125.000 toneladas. Entre el 13 y el 31 de agosto fueron declaradas 1.400.000 toneladas, en septiembre 1.650.000 toneladas, en octubre 1.140.000 toneladas, en noviembre 1.135.000 toneladas y en diciembre 1.500.000 toneladas. En octubre de 2019 las declaraciones juradas de Bunge marcaban un incremento anual del 1.500 por ciento, mientras que a enero de ese mismo año mostraban una caída del 99 por ciento respecto de las de igual mes del año anterior.

Fisco

El denunciante agregó además que "el ardid detallado implicó la pérdida de ingresos para el fisco nacional, ya que la fuerte caída en la recaudación de derechos de exportación de la primera mitad del año habría obedecido exclusivamente a esta maniobra". Se estima que la empresa pudo haberse ahorrado con esta maniobra casi 100 millones de dólares de impuestos o 427.500 toneladas de soja como resultado de la elusión de esos 6 puntos de aumento de la alícuota.

La UIF busca que se investigue un potencial lavado de activos. La Ley 21.453 establece que "las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el 90 por ciento de la cantidad (peso o volumen) declarada", situación que pareciera no haberse dado en el caso de la operación de Bunge.

Una segunda maniobra denunciada consiste en la presunta exportación de premezcla, resultante de una combinación de diferentes harinas, que tiene una posición arancelaria del 5 por ciento cuando en realidad se habría exportado harina de soja que tendría una posición arancelaria del 30 por ciento.

Equipo

Esta ingeniería de evasión de Bunge Argentina depende del gerente comercial, Adrián Chueco, que integra un equipo con Guillermo Marcotegui y Ramon Fernandez Asenjo, altos directivos de la compañía en el país. 

El fiscal interviniente ha requerido la instrucción de la causa para investigarlos junto a Luis Miguel Etchevehere, en su condición de secretario de Agroindustria en ese tiempo. 

Además de solicitar ser querellante, la UIF requirió la formación de legajos patrimoniales de los imputados y ha sugerido al juez interviniente la realización de medidas de prueba a los fines de especificar el rol de las personas involucradas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también decidió intervenir en la causa de una empresa que ya tiene antecedentes con el organismo que acusó a la empresa de haber evadido 1200 millones de pesos de Impuesto a las Ganancias en 2012, por los períodos fiscales entre 2006 a 2009.