Ayer se cumplieron nueve años y dos meses de la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi. El mismo día, terminaron los alegatos de la defensa de Gabriel Strumia y Roxana Michl en la apelación a las condenas a 17 y 7 años de prisión que recibieron el año pasado, como autor y partícipe, respectivamente, del delito de "privación ilegal de la libertad agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada". Este jueves será el turno de la fiscal María Eugenia Iribarren y de los querellantes por la familia de la joven que mantenía una relación extramatrimonial con Strumia y que cursaba un emabrazo de seis semanas, fruto de la misma. La teoría del caso de los acusadores es que Paula fue privada de su libertad para ser llevada realizarse a un aborto sin consentimiento en que habría perdido la vida. Su padre sigue reclamando "encontrar sus huesos". En el juicio de primera instancia, fueron absueltos cinco policías y otros dos civiles, acusados de formar parte de la estructura desaparecedora. La revisión de esos sobreseimientos continúan por otra vía, en la Corte provincial. En tanto, lo que definirá el tribunal de la Cámara de Apelaciones que revisa las condenas al matrimonio es si seguirán sentenciados y si van presos, ya que llegaron a esta instancia en libertad.