Una solicitada firmada por 19 gobernadores del peronismo y partidos provinciales reclamó que la pulseada por el recorte de fondos del Gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires se resuelva políticamente en el Congreso y no en la Justicia. La polémica se reaviva cuando los trascendidos indican que la Corte Suprema tiene este tema entre los próximos a tratar: debe resolver si acepta la cautelar presentada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para frenar la poda. Al mismo tiempo, los gobernadores negocian en el Ministerio del Interior la renovación del Consenso Fiscal que incluye un punto que es la suspensión de todos los reclamos judiciales de las provincias al Gobierno, algo a lo que Rodríguez Larreta se niega. 

Las versiones previas aseguraban que la Corte se ocuparía de esta cuestión luego de resolver lo del traslado de los camaristas, que le llevó bastante tiempo, pero no hay precisiones acerca de cuándo resolverá. En una solicitada aparecida ayer en todos los diarios nacionales, los gobernadores alineados con el Gobierno recordaron lo "improcedente" del decreto por el que, en 2016, Mauricio Macri triplicó los recursos nacionales que le transfería a la Capital, supuestamente para financiar los gastos del traspaso de la policía. "Ninguna provincia judicializó esta decisión arbitraria que benefició de manera injusta al distrito con más recursos del país", remarcaron los gobernadores. 

Como respuesta a la protesta de la Policía Bonaerense de septiembre pasado, el presidente Alberto Fernández decidió reducir los fondos para la CABA, de acuerdo a un cálculo elaborado por Interior acerca de cuánto costaba mantener la policía porteña. En vez de un porcentaje de coparticipación pasaron a ser 24.500 millones de pesos que se irán actualizando mediante una fórmula. Con el resto creó un Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad en el Conurbano. Dado que busca posicionarse como el candidato presidencial de la oposición, Rodríguez Larreta no podía dejar pasar el recorte sin reaccionar y acudió en protesta a la Corte Suprema. 

Con la solicitada, los gobernadores buscaron mostrarle al Tribunal que no se trata de un problema de coparticipación sino de reparto de los fondos nacionales. Por eso, según lo marca la Constitución, debe discutirse en el Congreso y no en la Justicia. Por su parte, en el gobierno porteño buscaban quitarle trascendencia al documento dado que estos mismos gobernadores ya habían mostrado anteriormente cuál era su posición. Y destacaban que las tres administraciones radicales y, en especial, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no habían sumado su firma. 

Un elemento adicional a la discusión es que Interior viene discutiendo un nuevo Consenso Fiscal que apunta a cambiar la dirección del firmado durante el macrismo, que establecía una reducción progresiva de impuestos y terminó desfinanciando a las provincias. Con altos endeudamientos y la emergencia generada por la pandemia, a las gobernaciones les urge conseguir recursos. El punto de conflicto para la firma del Consenso Fiscal con la administración porteña es una cláusula que obliga a desistir de los procesos judiciales previos. Igual, tanto en Interior como en la Ciudad aseguraban que seguirían conversando y no descartaban un acuerdo.