En el período comprendido entre julio hasta el 18 de noviembre, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos a cargo de Verónica Simesen de Bielke realizó 101 imputaciones a efectivos policiales, y requirió la elevación a juicio para 37. En estos cuatro meses también se registraron 409 denuncias por abusos policiales en la provincia.

El Ministerio Público Fiscal informó los avances en las causas contra policías en Salta desde que el procurador Abel Cornejo puso a cargo a Simesen de Bielke, en remplazo del sumariado fiscal Gustavo Vilar Rey, apuntado por su inacción ante las denuncias que recibía. Esa inactividad fue denunciada por las organizaciones de derechos humanos de la provincia, que evidenciaron y registraron el incremento de la violencia policial durante el aislamiento obligatorio por Covid-19.

Entre las causas más conocidas, está la imputación y elevación a juicio para el comisario Walter Mamaní acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real. Y también para otros cuatro policías. Tras esta investigación también terminó con un sumario administrativo e imputado el auxiliar fiscal Sergio Dantur en Apolinario Saravia, acusado por incumplimiento a los deberes de funcionario público. Por esto último Cornejo dispuso el cierre de la dependencia de la Fiscalía de esa localidad. 

Simesen de Bielke también elevó a juicio a policías imputados por disparar al joven Luciano Cruz, quien como consecuencia de los balazos perdió un ojo. Durante la pandemia, la policía además le disparó en el rostro al soldado y amigo de Cruz, Néstor Àvalos mientras estaba esperando a que lo atiendan en un kiosko. Estos hechos de violencia policial ocurrieron en la misma cuadra del barrio Norte Grande. 

Simesen de Bielke, informó que entre julio y noviembre fueron recepcionadas 409 denuncias por abusos policiales. Desde el martes 11 de agosto, se encuentra habilitado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales. La funcionaria recordó que el vínculo solo está habilitado para denuncias relacionadas con la posible comisión de esos delitos y no de otros, para los cuales existen fiscalías penales comunes y especializadas, según el caso.

La fiscala insistió en recordar que el procurador presentó el 1 de julio pasado, un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. La propuesta se encuentra en la Cámara de Diputados de la Provincia. De esa forma, Simesen de Bielke estimó que “la ciudadanía no caería en confusiones sobre qué tipos de delitos pueden denunciarse en la fiscalía”, que tiene a cargo y que no puede investigar hechos de otro tipo.

La fiscala Simesen de Bielke sumó esta semana a su equipo de trabajo como auxiliar fiscal a la abogada Gabriela Rodríguez, cuya labor era conocida por llevar las causas que llegaban a la Fundación Cintia Fernández. 

La fiscala, antes de asumir su nuevo cargo, había sido cuestionada por el grupo de familiares de víctimas de gatillo fácil ante las intervenciones que tuvo en la causa que investiga la muerte de Jorge David Farfán Vera "Guri", de 24 años, de la cual fue luego desplazada. 

El joven falleció el 8 de febrero del año pasado, cuando era trasladado por personal policial a la Comisaría 12. El padre, Jorge Farfán, sostuvo que a su hijo lo golpearon y lo mataron y cuestionó a la fiscala por no haber avanzado con esa hipótesis y haber atribuido la muerte al consumo de drogas, lo que le habría provocado "edema pulmonar y paro cardio respiratorio". Esa conclusión del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) es discutida por el perito de parte Benito Mena quien sostuvo que "un golpe importante en la cabeza, con traumatismo de cerebro, pequeñas hemorragias, puede generar lo mismo”.