Tres años después del hundimiento del submarino de la Armada Argentina (ARA) San Juan, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó que se investigue a Mauricio Macri por la responsabilidad que le cupo en la tragedia naval que terminó con la vida de 44 submarinistas. El tribunal también le encomendó a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investigue al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Armada Marcelo Srur, a quienes la magistrada había desvinculado de la investigación penal.

Los camaristas Javier Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo de Huberman y Aldo Suárez le dijeron con claridad a la jueza Yáñez que había decidido prematuramente dejar por fuera de la pesquisa a Macri y compañía. Aunque no ordenaron explícitamente llamarlos a indagatoria, le marcaron el camino por el cual tendrá que enderezar su propia investigación y que tendrá como horizonte la citación que habían reclamado los familiares y el fiscal de Cámara Norberto Bellver. Se ocuparon, además, de señalar que la instrucción de la causa no estaba completa y que le quedaba mucha prueba por producir.

“Deberá indagarse y acreditarse en el expediente el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo sobre la realización del ejercicio naval de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA (Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada) 14/17; como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las Fuerzas Armadas y en particular a los buques que participaban del mismo”, remarcaron los integrantes de la Cámara de Comodoro Rivadavia.

En febrero de este año, la jueza había dictado el procesamiento de seis marinos y había explicado que Macri, pese a ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no tenía funciones operativas, por lo que no debía dar explicaciones por lo sucedido con el submarino que era parte de la Armada Argentina desde 1985. Para eso, había funcionarios menores que sí estaban adiestrados en materia del arma submarina, había sostenido la magistrada. Asimismo, Yáñez había afirmado que no había constancias de que tanto Macri como Aguad conocieran que el ARA San Juan no estaba en condiciones de zarpar antes de que partiera desde el puerto de Mar del Plata en octubre de 2017. La jueza también había entendido que Srur, pese a tener la responsabilidad máxima dentro del Estado Mayor de la Armada, tenía una multiplicidad de funciones que le impedían estar en todas las decisiones que esa fuerza tomaba.

La Cámara desarmó los argumentos de la jueza y sostuvo que:

* El Presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Aunque no resulte ser de naturaleza militar, integra el aparato de Defensa Nacional;

* No se puede decir que el Ministerio de Defensa no haya tenido actividad alguna en la programación de las tareas de reparación del submarino o en la planificación del ejercicio al cual lo habían enviado. De hecho, en el Ministerio hay una Secretaría de Asuntos Militares con una Subsecretaría de Planeamiento Estratégico y Política Militar y una Dirección General de Planeamiento y Estrategia, que, por su misión, deberían haber tenido participación en el asunto.

* En febrero de 2017, había llegado al Ministerio de Defensa el informe de la Auditoría que listaba 33 reparaciones que se encontraban pendientes y reportaba que el submarino llevaba tres años sin entrar a dique para una revisión general.

* Todavía no se ha indagado si hubo una política de ajuste en las asignaciones presupuestarias para Defensa y qué incidencia pudieron tener en la calidad, frecuencia y eficiencia de las tareas de mantenimiento, empezando por la reparación de “media vida” al que debía someterse al San Juan.

* Todo indica que debería haber adoptado una decisión contraria a la que tomó sobre Srur. Es fundamental la cadena de mandos en la fuerza y constan testimonios de marinos que explicaron que el que pone en condición de alistamiento al submarino es justamente el jefe de la Armada.

* Srur no podía desconocer los desperfectos que presentaba el submarino.

* No se puede decir que por la extensión de funciones o de organismos subordinados el jefe de la Armada no tenga responsabilidad sobre lo sucedido con el San Juan --como sostuvo la jueza.

* Ninguna medida de prueba puede ser descartada e incluso la Cámara pidió la colaboración de todas las autoridades del Estado por la magnitud de la investigación en curso.

La Cámara confirmó cuatro de los procesamientos que había dictado Yáñez contra integrantes de la Armada por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Los marinos que siguen procesados son Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. En la misma resolución, los camaristas revocaron los procesamientos de Eduardo Luis Malchiodi y Jorge Andrés Sulia y la falta de mérito de José Alberto Marti Garro.

Los coletazos de la investigación

La Cámara rechazó dictarles la prisión preventiva a los imputados, pero sí dijo que, de existir maniobras disuasivas o ilícitas sobre los testigos, deben denunciarse y eventualmente incorporarse a ese expediente. Las denuncias sobre el ARA San Juan vienen apilándose en las últimas semanas.

En septiembre, la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció el espionaje sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, que habría sido conducido desde la base de Mar del Plata de la AFI con miras a anticiparle a Macri los reclamos que podrían formularle. Esa causa tramitó hasta la semana pasada en Mar del Plata, pero el juez Santiago Inchausti entendió que debe seguir en manos de su colega de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Todavía resta definirse la competencia.

Mientras se llevaban adelante las audiencias ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, uno de los marinos procesados, López Mazzeo, habló y generó conmoción entre los familiares de los 44 submarinistas al reconocer que el Estado argentino sabía dónde estaba el ARA San Juan desde el 5 de diciembre de 2017, a tan solo dos semanas del hundimiento. El dato le había llegado a la Armada Argentina a través de un buque chileno. El lugar era el mismo en el cual se encontró el submarino, pero --por razones que se deben investigar-- recién se lo dio por encontrado el 16 de noviembre de 2018. César Miranda, excomandante del Buque chileno Cabo de Hornos, le dijo ayer a El Destape Radio que le había llamado la atención que no encontraran el ARA San Juan donde ellos habían marcado oportunamente. La declaración de López Mazzeo derivó en la presentación de una denuncia penal por encubrimiento contra Macri y Aguad por parte de la abogada querellante Valeria Carreras, que tramita en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello.