La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que la causa que se sigue contra el exfiscal Fernando Rodrigo por ordenar escuchas para controlar a su entonces pareja y el entorno de ésta, es de competencia de la Justicia provincial, y no federal, como había considerado la justicia rosarina, por tratarse de delitos relacionados con telecomunicaciones y con intervención de llamados. Rodrigo fue imputado en agosto de 2019 por hacer pedidos de intervenciones telefónicas con datos "falsos" y para lograr "un provecho personal". La fiscal Natalia Benvenutto lo acusó por los delitos de peculado, falsedad y uso de instrumento público. El hecho cometido en 2017 fue advertido y denunciado por una empleado judicial de la misma unidad, ya que reconoció el teléfono de su compañera de trabajo, que era pareja del fiscal. Rodrigo había sido fiscal del la unidad de violencia de género entre 2014 y 2015.