El oficialismo avanzó este viernes en el Senado con la iniciativa que busca modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que podría ser tratada el próximo viernes en la Cámara alta. El Frente de Todos llevó a la Comisión de Justicia un dictamen que incluye la reducción en el número de votos necesarios para darle acuerdo al pliego del Procurador General y le pone un plazo de cinco años al mandato, según adelantaron fuentes parlamentarias a Página/12.
Después de tres reuniones informativas y del dictamen del Consejo Asesor de Juristas, la comisión que preside el neuquino Oscar Parrilli (FdT) estuvo reunida desde las 10 de la mañana hasta el mediodía.
Tal como preveían en el oficialismo, se alcanzó un dictamen unificado con los distintos proyectos de reforma del Ministerio Público Fiscal que ingresaron al Senado, presentados por Martín Lousteau (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), aliada de Juntos por el Cambio y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), aliado del Frente de Todos. También consideraron las recomendaciones del Consejo de Asesores sobre el tema.
"Esta es la cuarta reunión que estamos realizando para analizar los proyectos que modifican las leyes 27.148 y 27.149. Hemos hecho un trabajo muy intenso. Han concurrido a las reuniones fiscales, abogados y expertos en la materia quienes han dado opiniones distintas que han sido transmitidas públicamente", manifestó Parrilli al inicio del encuentro.
Sobre el cargo de Procurador General, indicó que "es un tema que hay que resolver que viene de arrastre" y consideró que "están dadas las condiciones para resolver este problema". "Nos parece que el camino es dictar una nueva ley que regule, no solo el funcionamiento, remoción, mayoría, tiempo, sino el funcionamiento de la procuración", remarcó el senador.
Por su parte, la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT) señaló que "todos los sectores tanto oficialismo como oposición coincidieron en la necesidad de una reforma".
Además, planteó que "la mirada debe ir más allá de la discusión de las mayorías, elección y remoción" sino que "debemos discutir también como este Parlamento asume la tarea de control de esa política criminal que satisfaga los intereses de la gente. Hay que darle una mirada que aborde el federalismo, la igualdad de género y fortalecer los controles".
Con la ley actual el oficialismo necesita la aprobación de los dos tercios de los senadores para designar a Daniel Rafecas como Procurador General, pero Juntos por el Cambio se niega a aportar los votos que hacen falta. Con la modificación, se buscará que alcance con una mayoría absoluta para designar al jefe de los fiscales, es decir la mitad más uno de todos los senadores. Estos son 37 votos, que el Frente de Todos conseguirá sin esfuerzo.
Tanto la modificación de la mayoría necesaria como el plazo de cinco años en el cargo, se sumaron al debate que se viene llevando a cabo en la Comisión de Justicia a partir del proyecto que Weretilneck presentó hace dos semanas. La iniciativa del rionegrino también apunta a modificar el mecanismo de remoción tanto para el Procurador como para el Defensor General.
En las reuniones informativas hubo un amplio consenso en que el cargo de Procurador General deje de ser vitalicio, y que pueda renovarse una vez cada determinada cantidad de tiempo. Los proyectos que presentó la oposición hace varios meses van en ese sentido.
Lo que sí generó mayores diferencias fue la decisión de reducir el número de votos necesarios para designar al jefe de los fiscales. En el Consejo Asesor de Juristas esto se resolvió con seis votos a favor y cinco en contra de pasar a mayoría absoluta. Mientras que en Juntos por el Cambio señalan que esto es "nuevo embate del kirchnerismo contra el Ministerio Público Fiscal".
Son semanas agitadas en el trabajo parlamentario. Las comisiones en el Senado tienen tiempo de dictaminar y aprobar leyes hasta el 30 de noviembre. A partir de ahí es el Presidente quien decide los temas a tratar. En este contexto, el oficialismo parlamentario está dispuesto a avanzar con la modificación de la norma.
La candidatura de Daniel Rafecas
En febrero ingresó a la comisión de Acuerdos el pliego de Daniel Rafecas. Pero la oposición se negó en todo momento a avanzar con la designación del candidato de la Casa Rosada. Así, siguió en el cargo Eduardo Casal, quien fue designado interinamente (sin la aprobación del Senado) por Mauricio Macri, luego de alentar la renuncia de Alejandra Gils Carbó. El expresidente pudo tener a su candidata en la procuración, Inés Weinberg de Roca, ya que nunca pudo conseguir los dos tercios.
En el bloque oficialista afirman que primero habrá una nueva ley del Ministerio Público Fiscal y luego avanzarán con la designación de Rafecas. "No podemos seguir dando vuelta y discutiendo este tema. Ya está la levadura al máximo, el debate es público y hay que meterlo en el horno", metaforizó un senador oficialista, en diálogo con Página/12.
"Hace cuatro años tenemos un procurador interino irregular y hace ochos meses un pliego en el Senado", remarcó para explicar la urgencia en avanzar sobre este tema. En paralelo, la comisión bicameral del Ministerio Público Fiscal seguirá evaluando las distintas denuncias por mal desempeño que pesan sobre Casal en el Congreso.
Daniel Rafecas, por su parte, ya dijo que iba a renunciar a su candidatura si el Senado modificaba el número de votos para su designación. Los comentarios no cayeron bien en la Cámara alta. "¿Por qué un juez de la Ciudad de Buenos Aires nos viene a poner condiciones a los representantes de las provincias sobre las leyes que trabajamos?", se preguntaba con indignación un senador del Frente de Todos que sigue la agenda judicial. En paralelo, tanto Alberto Fernández como la ministra de Justicia, Marcela Losardo, insisten que el candidato de la Casa Rosada para la Procuración General sigue siendo Rafecas.
Tampoco fueron bien recibidos los dichos de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sobre el tema. La exdiputada les pidió públicamente a los senadores de Juntos por el Cambio que voten a favor del pliego, aunque su partido no ocupa ni una sola banca en la Cámara alta. La postura del interbloque siempre fue la de defender al procurador interino y evitar que sea removido.
