Los protocolos en defensa de mujeres, lesbianas, travestis y trans en el territorio nacional arrastran el denominador común de la omisión estatal de los seguimientos de las denuncias y de los contextos de violencias de género, de los cumplimientos de las perimetrales, de la preservación de vidas que se atreven a denunciar pero respiran con la sensación de lo irreparable, porque las acechan probabilidades matemáticas de ser asesinadas por sus vínculos violentos sin que nadie intervenga para evitarlo. La Red Atravesados por el Femicidio junto con el equipo de litigio en Derechos Humanos Justicia y Reparación presentaron un pedido de reparación por el femicidio de Analía Florencia Aros ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, fundado en las violaciones a los derechos humanos que sufrió por parte del Estado argentino como consecuencia de no haber brindado la protección y vías de acceso a la Justicia, en un contexto de violencia de género.

Analía sufría las violencias de su pareja, Hugo Orlando Gutiérrez, que la asesinó el 21 de marzo de 2017 en Mar del Plata. Días antes de su muerte lo denunció por violencia de género en la Comisaría de la Mujer y la Familia, pero los policías que la atendieron le comunicaron que la restricción de acercamiento demoraría 72 horas y que debía ser ella quien se acercara a la comisaría a retirar la medida. “Sólo pasaron 48 horas antes que el femicida logró acabar con su vida. La perimetral nunca llegó. Analía murió desprotegida, abandonada por un Estado que aun sabiendo del peligro que corría, decidió no actuar”, expresa un comunicado de la Red. Gutiérrez fue condenado a prisión perpetua, pero la familia de Analía sigue esperando respuestas del Estado. En agosto se instó la acción para solicitar la investigación penal de los funcionarios policiales que intervinieron en la denuncia y que “infringieron de forma grosera y manifiesta la legislación interna aplicada en este tipo de casos”, denuncian les abogades de Justicia y Reparación. Pese a esto, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se negó sistemáticamente a investigar las eventuales responsabilidades penales, entre otras cosas porque “no es función del Ministerio Público Fiscal la investigación de la actuación de los funcionarios estatales”. 

Christian Felipe Bernt Castiglione, el abogado que lleva adelante la presentación ante el CEDAW, explicó a Las12 que no se trata sólo del "reproche penal" contra el femicida, sino también de la centralidad de investigar la omisión de los actores que tuvieron que ver en el seguimiento de las denuncias. “Y es en la figura de omisión donde nosotres creamos nuestra teoría para demandar al Estado, buscando que organismos internacionales ayuden a poner en práctica los tratados a los que la Argentina adhiere”, dijo Bernt Castiglione, que confía en una respuesta rápida del CEDAW. “Buscamos robustecer un sistema que falla. Y también legítimamente la compensación económica de familiares de las víctimas. Estamos esperando con especial atención la respuesta del Estado argentino, a ver si decide defenderse o si decide trabajar en conjunto con las víctimas indirectas interesadas en construir reparaciones, y mejorar así el sistema para que estos casos no vuelvan a suceder.” Según el abogado, la acción aspira al fortalecimiento institucional, a robustecer el sistema de prevención. "A que las denuncias no sean sólo denuncias nominales que prácticamente exponen a la víctima, sino que el Estado tome real conciencia de lo que significa una omisión porque esto, lamentablemente, es permanente."