En dos audiencias celebradas ayer, el fiscal Federal Ricardo Toranzos decidió imputar a los siete concejales señalados por haber cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en esta segunda audiencia, además, se sumó una tanda de funcionarios de la Obra Social de los jubilados (PAMI), quienes habiendo asumido entre febrero y marzo, se inscribieron y lo cobraron al menos dos veces.
En la primera audiencia del día, Toranzos imputó a Emilia Juárez, Viviana Beatriz Fernández y Javier Navarreta, por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público ante la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez. Los tres apuntados por el fiscal, cumplen funciones de gerencia operativa en dependencias del organismo nacional en las localidades de Orán, El Carril y Embarcación.
El representante del Ministerio Público, recordó que el subsidio era compatible con los beneficios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), como así también que las disposiciones legales dejaron en manos de la ANSES las facultades de otorgamiento y control del beneficio, y resaltó la importancia de la implementación de esa ayuda en plena pandemia del coronavirus por el Estado Nacional.
La secretaria de la Fiscalía, Virginia Wierna, le dijo a Salta/12 que la investigación se inició a raíz de la denuncia de una persona “que prefirió resguardar su identidad”, que señaló a 13 funcionarios del PAMI, sin embargo, como resultado de las tareas investigativas, se pudo determinar que sólo tres de los sindicados habrían incurrido en esta irregularidad.
Viviana Fernández había sido designada como titular de la Agencia PAMI en la ciudad de Orán y cobró dos cuotas del IFE, beneficio que solicitó dos meses después de asumir en el cargo. Mientras que Emilia Juárez, fue designada en febrero pasado como titular del Centro de Atención Personalizada la Obra Social posee en la localidad de El Carril, y también a los dos meses solicitó el cobro de la ayuda nacional.
Por último, Javier Navarreta se desempeña desde marzo como titular del Centro de Atención Personalizada en la localidad de Embarcación y, como los otros acusados, solicitó el beneficio del IFE a los 23 días de asumir en el cargo y percibió este subsidio en dos oportunidades.
El fiscal informó que reunieron pruebas de informes de la AFIP sobre la situación de los acusados como empleados del PAMI, detalles de sus cuentas bancarias y los montos percibidos durante el tiempo que cobraron el IFE. Toranzos solicitó que los investigados se presenten cada 15 días en la delegación de Gendarmería más cercana, el compromiso de no entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país.
Siete concejales más
En la segunda audiencia del día, el fiscal prosiguió con la causa abierta el 25 de agosto pasado en la que había imputado a 17 concejales y un funcionario del ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Salta, de los 53 investigados a partir de una denuncia periodística.
La secretaria de fiscalía, Virginia Wierna explicó que la fiscalía tomó tres grupos del total de ediles apuntados. El primero fue el de los que efectivamente habían cobrado. En esta segunda citación les llegó el turno a aquellos que habían sido beneficiados pero no pudieron cobrarlo por distintos motivos, mientras que más adelante llegarán los que se inscribieron pero el sistema los rechazó por no reunir las características.
En este caso, el fiscal titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, presentó pruebas y solicito la formalización de la investigación penal en contra de Antonio Omar Benítez, de Colonia Santa Rosa; Héctor Sebastián Cari, de Guachipas; Daniel Ignacio Casimiro, de La Poma; Mónica Visitación Juárez, de Rivadavia Banda Sur; José Osvaldo Reynaga, de San Lorenzo; Ariel Santos Palma, de Rivadavia Banda Norte y Julio Pedro Laxi, de Animaná.
Wierna aclaró que Sebastián Cari es el único que cobró los IFE, “pero en el primer momento había quedado denunciado bajo la órbita de la justicia provincial, que luego se apartó y por eso entró en esta audiencia”.
Ricardo Toranzos indicó que la AFIP aportó datos claves para adjudicarles a los concejales imputados la calificación penal provisoria de los delitos de "defraudación a la administración pública" e "incumplimiento de deberes de funcionario público".
El juez interviniente, Julio Bavio, dispuso un embargo de $60.000 a quienes cobraron efectivamente el beneficio, Cari y Juárez, mientras que para el resto se fijó la suma de $20.000.
Por último, Wierna adelantó que aún no se cerró la etapa de investigaciones ya que quedan por confirmar algunas denuncias contra funcionarios públicos, por lo que el número de implicados podría aumentar.
