El municipio de San Lorenzo les ofreció a las mujeres desalojadas del asentamiento Los Pinos $ 6 mil por este mes y otros tantos en diciembre para que puedan pagar un alquiler, aunque el monto no cubre el costo ni de una pieza. 

De esta manera siguen sin una respuesta que solucione la demanda habitacional del grupo de 8 madres y 23 niños y niñas que tuvieron que retirarse por la fuerza del asentamiento ubicado en barrio Nueva Esperanza. 

Tras el desalojo ordenado por la jueza Ada Zunino, comenzó un peregrinar de las mujeres para poder conseguir un lugar donde vivir. Por ese motivo se reunieron este jueves con el intendente de San Lorenzo Manuel Saravia, con funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda, de Tierras y Bienes, y con Fedérico Uldry del Polo de las Mujeres, las acompañó el abogado Alvaro Arias y afuera las esperaron las organizaciones sociales.

La vocera del grupo de madres, María Flores, dijo a Salta/12 que los $6 mil que les dio el municipio "fue una respuesta paliativa". Detalló que los funcionarios del IPV se comprometieron a incluirlas como prioridad en el próximo sorteo del plan Mi Lote pero no les dieron fecha. El Polo de las Mujeres les hizo un relevamiento y se comprometió a asistirlas, solo les ofrecieron refugio para 3 o 4 madres esta noche. 

Este jueves, Flores detalló que tenían una reunión pactada en el IPV y estando un grupo de madres ahí, la llamaron a ella para informarle que cambiaron de lugar y que sería en el municipio de San Lorenzo.

"Sé que hay millones de personas esperando terrenos, me lo recalcaron muchas veces los funcionarios. Les dije que somos parte de quienes están esperando, somos 8 mujeres en la calle y con el miedo de que nos quiten a los chicos", manifestó Flores. La mujer expresó que en la reunión de este jueves le reprocharon el acompañamiento de las organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas y que les enrostraron que algunas son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y de la Tarjeta Alimentar.

"El intendente me dijo 'pero María yo también alquilo, no tengo casa propia'. Le dije que él puede pagarlo, nosotras no. Él alquila un chalet cerca de la municipalidad", expresó Flores.

Ante la demanda habitacional, "nos dijeron que no se puede, que el Estado no tiene para comprar tierras. El IPV no nos solucionó ningún tema habitacional. El Polo de las Mujeres habilitará modulos habitacionales para tres o cuatro madres. En el CIC nos dijeron que no nos podíamos quedar. Nuestras cosas están en casas de vecinos", sostuvo Flores. El intendente les permitió quedarse en el CIC solo a dos madres, al resto no. la mujer planteó que buscan dividir al grupo.

"(El gobernador Gustavo) Sáenz nos dejó en la calle, él podría haber impedido que nos desalojen. La respuesta de Sáenz y Saravia fue la violencia hacia nosotras", expresó.

La mujer dijo que tienen sus cosas en San Lorenzo y les planteaban la posibilidad de darles albergue cerca del centro. Ellas tienen que ir de un municipio a otro. También relató que tuvieron que buscar refugio para los canes que tenían a cargo, ella tuvo que dar en adopción a dos perritas que había rescatado de la calle.

Flores sostuvo que afrontan la violencia del Estado porque entienden podrían haber seguido en Los Pinos hasta que pudieran darles una solución habitacional, pero que las dejaron en la calle. Todas han sobrevivido a distintos tipos de violencia y permanecían en la marginalidad sin que el Estado las hubiera asistido. 

"Cuando nos estaban desalojando apareció el agresor de una de las mujeres y se llevó a sus hijos. Ella se tuvo que ir dejando sus cosas. Nos contó que la ex cuñada le dijo que le daba lugar para dormir por una noche pero no por ella sino por los chicos y que si hacían problema los sacaba a la calle. El agresor le dijo que si no conseguía un lugar para vivir iba a iniciar los trámites para quitarle a los chicos. Ése es el temor de varias madres que están ante la amenaza de que sus ex parejas las denuncien y les quiten a los hijos", aseveró Flores.

Flores relató que el martes y el miércoles, 6 madres tuvieron que pelear para que les den alojamiento en el Centro Integrador Comunitario de Atocha y que no fueron bien recibidas por la directora del lugar, Carolina Serapio. A dos mujeres las habían alojado más temprano y les cerraron la puerta con llave. En la segunda noche, Flores dijo que Serapio se negaba a prestarles la cocina para que puedan preparar algo de comida para el grupo de mujeres y sus hijos e hijas, lo hizo recién a las 00. Flores contó que a las 1 de la madrugada del jueves recién le dio colchones para que pueda acostar a sus tres hijos. "Serapio le decía a la custodia policial que filme que mi hijo se estaba durmiendo en la banca y que yo no lo acostaba pero le dije que era porque ella no me daba los colchones", precisó. Indicó que en el lugar no les dieron desayuno, ni comida o merienda estando con el grupo de niños y niñas que no habían ingerido alimento. Tampoco les facilitaron dónde higienizarse. El jueves a las 7 de la mañana la policía fue a desalojarlas del CIC.

La mujer planteó que las tratan de oportunistas "pero ninguna quiere ser parásito del Estado". Solo reclaman un lugar donde vivir y poder pagarlo a precios accesibles. 

"Del municipio nos dieron $6 mil para no ir al CIC. En San Lorenzo, una piecita nomá está a 7 mil, además tenés que pagar depósito y la entrada", detalló Flores. Aparte de esto, hay dueños o dueñas de alquileres que no admiten niños o niñas. 

"Desde el IPV nos volvieron a habilitar los expedientes que estaban dados de baja porque habíamos usurpado un lugar. El IPV se comprometió a que vamos a ser prioridad en el próximo sorteo de mi lote. No nos dan fecha, solo nos dicen pronto. Para todos los funcionarios es fácil decirnos 'pronto' cuando ellos hoy han vuelto a sus casas con sus cosas y sus hijos. El intendente volvió a su alquiler, tiene su cocina, se puede bañar, lavar su ropa. Lo mismo Sáenz, mientras nosotras estamos acá, sin algo propio", manifestó Flores.

Flores es sobreviviente de violencia de género, el padre de su hijo mayor de 11 años cumple una condena por haber intentado matarla, la quemó y lograron salvarla en un hospital. Ella también sobrevivió al abuso sexual en la infancia. La mujer fue violentada toda su vida, física, sexual, psicológica y económicamente, y ve que ahora la violenta el Estado, al negarle el derecho básico a la vivienda a ella y a sus hijos. Las otras mujeres que reclaman un techo también tienen historias de vida marcadas por la violencia.