El martes por la noche, luego de que el ex intendente de Aguaray, Enrique Prado, hiciera llegar una nota a la Corte de Justicia de Salta pidiendo la anulación de la intervención a ese municipio, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso su prisión preventiva, a pedido del fiscal federal general Eduardo Villalba.

Para el fiscal, Prado podía entorpecer una serie de medidas de pruebas aún pendientes y hasta darse a la fuga debido a que en un informe de depósitos bancarios, se dieron con que el ex jefe comunal posee un gran patrimonio. Entre esas novedades, se supo que tiene una cuenta a su nombre en la que en 2018, cuando aún era secretario de Medio Ambiente municipal, registró un ingreso de $2.148.000.

Mientras que al año siguiente, a esa suma se agregó un monto de $1.300.000. Pero eso no es todo, añadió Villalba ante el juez, ya que este año, se registró otro monto de $1.495.00, “lo cual evidenciaría que Prado ya había comenzado a percibir dinero por la maniobra que luego puso en marcha en detrimento del Estado”, sostuvo el fiscal Federal.

El martes, la fiscalía presentó al juez Montoya la ampliación de la acusación penal en contra del ex intendente, su ex secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, y el empresario mendocino Diego Alos, dueño de la firma OSYP SA, por los delitos de robo calificado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado respecto a los hechos ocurridos en abril cuando se constató la desaparición de 35 kilómetros de caños del gasoducto del NEA. Frente a este planteo, el juez Montoya resolvió hacer lugar a la ampliación de la acusación penal.

El fiscal centró su acusación en Prado y Alos, a quienes sindicó como los organizadores de “esta empresa criminal”, que tenía como objetivo la sustracción de los caños del gasoducto “para ser introducidos en el mercado negro de caños”. Y según el funcionario del Ministerio Público, lo pudieron hacer a través de la resolución que el por entonces intendente firmó apenas asumido.

En su defensa, Prado dijo a este medio que esa resolución solo indicaba retirar residuos contaminantes de la obra pero nunca los caños, “nada de eso figura en la resolución, yo no pedí que saquen los caños”, aseguró. E incluso añadió que fue uno de los primeros en radicar la denuncia en la comisaría y en asistir al lugar con el juez de Paz local para dar fe de lo que sucedía.

Pero en ese momento surge un tercer acusado que bajo la figura de “imputado colaborador”, y estaría dando pistas de cómo actuaron Prado y Alos. Se trata de Antonio Vera, quien fuera contratado por el empresario mendocino para robar dichos caños. Vera estuvo prófugo hasta agosto, cuando fue apresado y llevado a la cárcel de Marcos Paz.

Según contó el fiscal, el imputado reconoció que fue contratado por Diego Alos para el robo de 161 caños, maniobra que se concretó en abril pasado. Para ello, señaló haber recibido del ex intendente $800.000, que estaban destinado al pago de transportistas y maquinarias necesarias para extraer y trasladar los caños. Y agregó que su estadía en un hotel de la localidad de General Mosconi fue pagada también por Prado con fondos del municipio. En este caso detalló que recibió $400.000 para destinar a estos gastos y otros relacionados al robo.

Para disfrazar la maniobra, agregó Villalba, se confeccionaron remitos falsos en la misma imprenta a la que acudían los entonces funcionarios municipales acusados, Prado y Céspedes, “lo que constituye otro indicio más de la actividad delictiva de los imputados”.

El fiscal indicó que con facturas falsas a nombre de empresas como Minera del Altiplano, Adrián Mercado y Tubos Renar, Vera fue el “ejecutor” de la sustracción de 161 caños, aunque no descartó que “pueda haber muchos más”.

La investigación se inició en abril a partir de la denuncia de un empleado de la obra, mientras que el 18 de mayo se dictaron las imputaciones, que incluyen a diez acusados por el robo de 35 kilómetros de caños de gasoducto NEA, valuados en unos USD15 millones, y que iba a beneficiar a unas 3 millones de personas de esa zona del país. Villalba subrayó que provincias como el Chaco y Santa Fe ya concluyeron con obras similares, pero que en Salta aún están pendientes 130 kilómetros de cañería. La justicia ya logró recuperar 260 caños.

Amplían la causa provincial

Todo se oscurece aún más para el ex intendente ahora preso preventivamente, ya que el fiscal penal provincial de Salvador Mazza, Armando Cazón, le fijó audiencia de ampliación de declaración como imputado para el lunes 23, y solicitará su traslado al Juzgado Federal de Orán.

Según allegados a Prado, se encuentra aislado en una sala covid-19 por 14 días, como método para prevenir de la enfermedad a los demás reclusos. Por lo que no saben si podrá trasladarse efectivamente hasta Orán.

Cazón ampliará la imputación contra el ex intendente de Aguaray, a quien acusa de la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en base a nueva documentación que recibió por parte de la intervención de aquel municipio.

Esa documentación, indica que Prado no informó el destino de los aproximadamente $24.000.000 que habría recibido entre el 11 y 31 de diciembre de 2019, durante el primer tramo de su gestión. Y sumó gastos estimados en $7.500.000 de combustible durante su breve gestión de ocho meses, que surgen de los informes trimestrales de gastos que el mismo Enrique Prado remitió al Concejo Deliberante de Aguaray.