Uno de los análisis que merece el Presupuesto 2021, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados, es el de la perspectiva de género. En este sentido, la "ley de leyes" resulta novedosa tanto por la magnitud que representan las partidas destinadas a reducir la brecha de género, que alcanzan al 15,34 por ciento del total de gastos contra el 3,72 por ciento que representaba el ejecutado el año anterior; como por las nuevas áreas específicas creadas en 2020: el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la Dirección de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social, y la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.
En términos técnicos, el método elegido para medir el presupuesto desde una perspectiva de género es el del "etiquetado" para mapear políticas e identificar programas que cierran las brechas de género (es decir, las desigualdades que se producen por una condición de género y dan cuenta de cómo las relaciones sociales y económicas reproducen estas desigualdades). Esta metodología, sin embargo, tiene sus detractoras: María Julia Eliosoff Ferrero, economista investigadora del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica, explica que "muchas veces, se establece con poca precisión cuáles son las partidas que efectivamente tienen incidencia positiva en términos de género. Es por eso que, en general, se ha optado por identificar programas que tienen como población objetivo a las mujeres, infancias y personas trans, pero el hecho de que una política pública esté dirigida a las mujeres no lleva implícita su búsqueda por disminuir desigualdades" y agrega como ejemplo el del a Asignación Universal por Hijo (AUH): "garantiza un ingreso para las mujeres con niños y adolescentes a cargo, pero les exige como contraprestación tareas de cuidado que quedan bajo su exclusiva responsabilidad".
La metodología comenzó a implementarse en 2018, pero con etiquetado ex post. En 2019, se identificó que el 3,72 por ciento del presupuesto total tenía un impacto positivo sobre mujeres, travestis y trans. Para 2021, "identificamos 55 programas que cierran brechas de género llevados adelante por 22 organismos del Estado. Representan 15 por ciento del Presupuesto; 1,3 billones de pesos, y 3,4 por ciento del PBI”, asegura Mercedes D’Alessandro, una de las funcionarias más activas para lograr esta iniciativa. 2019, las etiquetas identificadas fueron en 23 programas y 28 en 2020.
Más y menos etiquetas
Las partidas identificadas se encuentran fuertemente concentradas en algunas dependencias. El 99,46 por ciento de los fondos se distribuye en tres dependencias: la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), seguido por el Ministerio de Desarrollo Social y en mucha menor medida el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El Anses ejecuta el 85,71 por ciento del total destinado a reducir las brechas, sobre todo por los programas de moratoria jubilatoria y la Asignación Universal por Hijo. En segundo lugar, el 13,27 por ciento por el Ministerio de Desarrollo Social y el 0,48 por ciento por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Otros ministerios activos en este sentido son el de Salud, Justicia, Educación, Seguridad, Cultura, entre otros.
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), destacan que el presupuesto representa un avance pero "aún hay camino por transitar". Entre los 21 Ministerios, sólo trece cuentan con partidas identificadas con paridad de género, y apenas ocho han identificado metas físicas vinculadas con los programas y actividades para cerrar brechas de género.
Asimismo, no se han identificado partidas ni se describen objetivos o metas para cerrar las brechas de género en todo el presupuesto destinado a la Jefatura de Gabinete de Ministros. En los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el de Desarrollo Productivo se identificaron objetivos pero no etiquetas ni metas físicas, lo que deja ver que las cuestiones de genero siguen relegadas mayormente al ámbito de cuidados y no al productivo.