Desde Lima.Fueron a buscarlas a sus casas, se las llevaron con engaños o amenazas y las esterilizaron a la fuerza. A otras mujeres las encontraron en algún centro de salud, al que habían llegado para recibir atención, y ahí mismo las esterilizaron. Bajo presión buscaban arrancarles una firma autorizando esa operación, sin darles información adecuada, y si no conseguían la firma, como ocurrió en la mayoría de casos, igual las esterilizaban sin su consentimiento. La voluntad de las mujeres no les importaba. Esa era la brutal práctica del programa de esterilizaciones que puso en marcha el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Fueron unas 300 mil mujeres las víctimas de esterilizaciones forzadas. Todas ellas tenían en común la pobreza. La mayoría eran campesinas indígenas. Un plan siniestro para reducir la población de los sectores más p excluidos del país esterilizando a las mujeres.

Veinte años después de caída la dictadura fujimorista, este grave caso de violación de los derechos humanos sigue en la impunidad. Fujimori está preso, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, además de varios cargos de corrupción, pero no ha sido juzgado por la esterilización forzada de 300 mil mujeres. Nadie ha sido juzgado. Hay un proceso judicial abierto hace ya casi veinte años, pero avanza a ritmo de impunidad. En este escenario hostil para que las víctimas encuentren justicia en el país, un grupo de ellas ha demandado al Estado peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas.

“Este Comité de la ONU emite recomendaciones, las que siempre son acogidas por los países, que si no lo hacen serán mal examinados. Hemos optado por presentar cinco casos como una muestra del daño que causó esta política de Estado. Son casos muy impactantes. A partir de estos casos demandamos que se le diga al Estado peruano que investigue y que juzgue a los responsables de esta política de esterilizaciones forzadas, y que repare a las víctimas. Esperamos se emita una recomendación en ese sentido”, le señaló a Página/12 Christian Berndt, abogado de Justicia y Reparación, organización que ha presentado la demanda ante el Comité de la ONU junto con la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).

Uno de los casos incluidos en esta demanda es el de María Elena Carbajal, quien, a diferencia de la mayoría de mujeres esterilizadas, que eran campesinas, vivía en Lima, en un barrio popular marcado por la pobreza. Fue esterilizada sin su consentimiento en un hospital después de dar a luz a su cuarto hijo, cuando tenía 26 años. Ocurrió en septiembre de 1996. María Elena le contó su drama a Página/12.

“Cuando todavía estaba aturdida después del parto, que fue muy difícil, personal del hospital vino a verme, me insistían en que me haga ese tratamiento, que no le decían esterilización, no te explicaban bien de qué se trataba. Me presionaban mucho para que firme. Yo pedía ver a mi hijo, pero no me lo traían. Me decían que primero me haga la cirugía (la esterilización) y después me iban a dar a mi hijo. Me estaban condicionando. Yo estaba muy preocupada. Estaba sola y muy aturdida. No firmé nada, pero igual me llevaron y me hicieron la cirugía”, recuerda con dolor.

Dice que después de la esterilización que nunca autorizó, quedó “muy afectada, física y emocionalmente”. Ahora demanda justicia. “Somos víctimas, somos mujeres que hemos sufrido y seguimos sufriendo. No es justo lo que han hecho con nuestra vida, con nuestros cuerpos. Queremos que los culpables sean juzgados y vayan a prisión. Esperamos que con esta demanda se vea la verdad de lo ocurrido y haya justicia y reparación para las víctimas”.

Las otras cuatro víctimas incluidas en esta demanda ante la ONU han pedido que no se revelen sus nombres. Una de ellas es FLC, mujer indígena de la región andina de Huancavelica, que fue esterilizada contra su voluntad en abril de 1997, cuando tenía 19 años y un hijo. Señala que la llevaron al lugar donde la operaron contra su voluntad diciéndole que le entregarían víveres. “Me engañaron con el reparto de alimentos, cuando fui a recogerlos me agarraron a la fuerza unas enfermeras. Fue en el centro de salud. Me dijeron que era un simple corte, nada más. No pensaba que me iba a pasar esto. Yo no firmé nada. Me siento triste y abandonada”, es parte de su testimonio presentado a la ONU.

Caído el régimen fujimorista, el Estado peruano aceptó su responsabilidad por esta política de esterilizaciones forzadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual había llegado el caso de María Mamérita Mestanza, una campesina andina esterilizada a la fuerza en marzo de 1998 y que una semana después murió a causa de la operación. Al aceptar esa responsabilidad, el Estado se comprometió a investigar y juzgar a los responsables. Se abrió una investigación fiscal en 2002, pero casi veinte años después no se ha a juzgado a nadie.

En 2018, después de más de quince años y de más de un intento de archivar la investigación, la fiscalía finalmente presentó una acusación. Lo hizo luego que un fiscal superior, acogiendo una apelación a un archivamiento, le ordenó a la fiscal a cargo del caso que formule acusación por existir elementos suficientes para hacerlo. Con la acusación fiscal, un juez llamó a una audiencia de presentación de pruebas, que fue postergada y reprogramada para marzo de este año, pero volvió a ser postergada, esta vez por la pandemia, y recién se llevará a cabo el 11 de enero de 2021.

En este proceso judicial está acusado como autor mediato el exmandatario Alberto Fujimori, junto a tres de sus ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, quien también ha sido congresista y ahora es el médico de cabecera del exdictador y pretende volver al Congreso como candidato del fujimorismo en las elecciones de abril del próximo año, Marino Costa y Eduardo Yong. Ellos son sindicados como los responsables de haber decidido y ordenado la política de esterilizaciones forzadas. Los cargos son por lesiones graves y por lesiones seguidas de muerte.

Pero una sentencia que haga justicia a las víctimas se vislumbra todavía lejana e incierta. Sigfredo Florián, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que defiende a algunas de las víctimas, le señaló a este diario que “este proceso tiene para largo tiempo”. “Si se abre juicio oral, lo que no es seguro porque el juez de investigación que ahora tiene el caso puede decidir no hacerlo, estimo que tendríamos una sentencia recién dentro de ocho o nueve años. Las penas posibles van de ocho a diez años. Ojalá una decisión favorable a la demanda planteada ante el Comité de la ONU logre influenciar para agilizar los procesos”, dice el abogado.

“Nunca se ha investigado en forma adecuada, menos sancionado a los responsables. Solo recibimos silencio y burla. Nunca se han atendido nuestros reclamos”, denuncia Rute Zúñiga, esterilizada contra su voluntad en 1999 y presidenta de AMPAEF.

La dictadura de Fujimori estuvo marcada por prácticas de secuestros, desapariciones, asesinatos -por dos casos emblemáticos de estas prácticas ha sido condenado a 25 años-, y también por la hasta hoy impune barbarie de masivas esterilizaciones forzadas. Las mujeres víctimas de estas esterilizaciones siguen exigiendo justicia.