Trabajadores del área de Niñez, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia exigieron inmediato aumento salarial, pase a planta y condiciones dignas y salubres de labor y prestación de derechos. “Tenemos trabajadoras y trabajadores percibiendo salarios menores al vital y móvil, hoy en $16.875”, denuncian. “¿No estaremos empobreciendo la política pública sobre la Niñez por no cuidar a sus trabajadoras/es esenciales?”, se preguntaron el miércoles, en una actividad pública en la que también detallaron las formas de trabajo.  

El Observatorio de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia estimó el año pasado un total de 1255 niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales intervenidos por este sistema, de las y los cuales 741 convivían en residencias, hogares y alojamientos; y 514 no están en alojamientos pero sí acompañados en torno a sus ámbitos familiares y comunitarios, muchas veces debilitados, fragmentados por las violencias, los inoportunos, la precariedad y el agotamiento en la salud física, orgánica y mental que precisan de un auxilio del Estado para recomponerse. Dentro de ese mapa, el trabajo de quienes se desempeñan en el Sistema de Protección y Promoción de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se centra en multas garantistas, restitutivos de derechos y como contralores de que se cumplan.

En una nota del Equipo de Comunicación de ATE Rosario detallan que se trata de “abordar integral, ética, eficiente y trasparentemente las situaciones de vulneración sobre los cuerpos e identidades de niñas, niños y adolescentes de la provincia, en su mayoría sin cuidados parentales o la no existencia de los mismos”, afirman compañeres del área dividida en seis delegaciones dependientes de dos Direcciones: Santa Fe en el Norte y Rosario en el Sur.

“Esta centralización demuestra ser ineficiente en la distribución de recursos, en los abordajes excepcionales (cuando es el Estado provincial quien hace tutela de una infancia), que por falta de espacios en la propia ciudad de origen, se les niega desde el principio el derecho a la identidad ya la vida en comunidad; o peor aún, por no contar el nivel primario con equipos y recursos en barrios (acompañantes y otras figuras comunitarias, dispositivos lúdicos y de interacción barrial), las propias voces profesionales reiteran “nos quedamos sin recursos”; y así es que se deriva al nivel provincial ”, apuntan.

La tarea que asumen los profesionales es compleja: infancias revinculares con sus familias, con otros familiares, o con familias solidarias; cuidar y acompañar la construcción de su personalidad en residencias y alojamientos; realizar un seguimiento de su salud mental y física, de su psiquis y de su condición jurídica.

A modo de planteo de principios, puntualizan que “como adherentes y militantes de la Niñez creemos en la ampliación de la cosa pública, en el acceso a servicios que reivindiquen cada derecho obtenido por nuestro pueblo, y como trabajadoras y trabajadores valoramos y re pensamos cotidianamente nuestras intervenciones, nuestras funciones y la capacidad de acción política que estas prácticas tienen para niñas, niños y adolescentes. Ahora ¿A costas de qué condiciones ejercemos todas estas tareas garantistas, restitutivas y hoy 'esenciales'? ”.

 

"Creemos en la ampliación de la cosa pública, en el acceso a servicios que reivindiquen cada derecho obtenido por el pueblo"

Actualmente hay alrededor de 1400 trabajadoras y trabajadores de Niñez en toda la Provincia que realizan estas funciones. “El personal idóneo en este sector, sea profesional titulado o bajo figuras comunitarias, como auxiliares, acompañantes, cocineras, mantenimiento y preceptoras en residencias y hogares, trabajan sin ningún derecho, ni licencia laboral, ni vacaciones, ni obra social, ni licencia por enfermedad, ni aguinaldo ”, cuentan.

El salario de estas 1400 personas depende de la cantidad de horas que trabajen, pero no hay un salario básico que garantiza una mínima estabilidad. Aquellas funciones que deben formalizarse con pases a planta permanente por responsabilidad y obligación estatal que lo requiere, “hoy están ganando menos por igual tarea que alguien de planta, siempre restando las garantías laborales que posibilitan la formalidad del empleo”.

“Hablamos de profesionales matriculados, de ciudadanas y ciudadanos con formación y estudios, o no, que se inscribieron en el Escalafón 522, el cual designa el personal permanente de instituciones como hogares y residencias y sin embargo todas y todos precarizados hace años. O esos puestos son ocupados por la dedocracia, como kioskos de funcionarios que ven en lo púbico una posibilidad de negocio privado”, dicen quienes desde ATE Rosario vienen sosteniendo una larga lucha por su reconocimiento.