Aumentos de la luz, el gas y el agua. Ajuste fiscal, recorte del gasto público. El nuevo acuerdo con el FMI tendrá metas estrictas para alcanzar más rápido el equilibrio de las cuentas del Estado. Se suben impuestos que ahuyentan inversiones, cae el empleo y acelera la inflación.

Son todas malas noticias.

Se anticipa una etapa de sufrimiento, de apretarse el cinturón, todavía más difícil que la actual.

Así describe la oposición política y mediática el escenario económico para 2021. La nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones se inscribe en ese proceso de quita de derechos y retroceso social.

Tarifazos, achicamiento del gasto, acuerdo con el Fondo Monetario, mayor presión tributaria y ajuste estructural en la seguridad social son expuestos por diarios y canales de noticias como hechos negativos. Lo único que provocarán es más dolor.

Y tienen razón.

Se pudo comprobar en el gobierno de Mauricio Macri, solo que entonces lo consideraban la receta adecuada. La política económica de Cambiemos hizo justamente todo aquello, en especial en 2018, año de la nueva fórmula de actualización previsional, que provocó una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados de casi 20 puntos, y del regreso del FMI a la Argentina.

Las cámaras empresariales del establishment, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Foro de Convergencia Empresarial, la Sociedad Rural o la Cámara de Comercio acompañaban entonces aquellas políticas. Los diarios Clarín y La Nación, representados en AEA por Héctor Magnetto y Julio César Saguier, consideraban necesario achicar gastos, subir tarifas, llamar al FMI, dar señales al mercado, cambiar la forma de aumentar las jubilaciones. Era lo que había que hacer, decían, para recuperar la confianza y retomar la senda del crecimiento.

No funcionó, como era de prever, porque aplicar planes de ajuste en medio de una recesión más que restablecer la confianza y recuperar el crédito hunde a la economía en una crisis más aguda.

El Frente de Todos ganó las elecciones denunciando el fracaso de esos programas. Clarín y La Nación le atribuyen ahora al gobierno de Alberto Fernández intención de hacer lo mismo que criticaba: subir las tarifas, pactar un ajuste con el FMI, bajar las jubilaciones.

Pero 2021 no es 2018, por más esfuerzos que haga la prensa opositora por presentarlo de ese modo.

El Gobierno no proyecta una disminución del gasto público para el próximo año. Buscará avanzar en la reducción del déficit fiscal mediante el crecimiento de la economía, con una mayor recaudación de impuestos. El acuerdo por la deuda, además, liberó recursos que de otro modo hubieran ido a parar a los bolsillos de los acreedores. Por eso el Presidente dice que el ajuste lo hacen los acreedores.

El hecho de que AEA, el Foro de Convergencia Empresarial y demás cámaras se opongan al aporte extraordinario de las grandes fortunas contradice su demanda de achicar el desequilibrio de las cuentas públicas. Es decir, la meta de terminar con el déficit les parece bien siempre y cuando el ajuste lo hagan otros. Si recae sobre sus patrimonios, lo consideran un ataque a la propiedad privada, un desaliento a la inversión y la descapitalización de empresas.

Esos mismos sectores tuvieron más comprensión con Macri cuando subió las retenciones en 2018. Las aumentó 10 por ciento para las exportaciones primarias y 7,5 para las que contenían valor agregado. El establishment lo aceptó casi en silencio, como un aporte para la campaña electoral de Juntos por el Cambio.

El escenario que anticipa el oficialismo para el próximo año es muy distinto al que describe la oposición. El Gobierno considera que la recuperación gradual que experimenta la economía mes tras mes, desde el pozo más profundo de la pandemia, que se verificó en abril, tomará más velocidad en 2021. En ese sentido, la llegada de la vacuna será también un antídoto contra la crisis económica.

La mayor actividad por la vuelta al trabajo de sectores castigados por el coronavirus marcará de por sí una diferencia sustancial respecto de este año.

El acuerdo con el FMI, asegura el gabinete económico, permitirá despejar incertidumbres cambiarias al postergar vencimientos de capital e intereses por cuatro años y medio, según el objetivo mencionado por el ministro Martín Guzmán. La búsqueda del ordenamiento macroeconómico será gradual.

Las tarifas de servicios públicos tendrán aumentos segmentados y de una magnitud acorde a ese proceso, dicen los funcionarios. El titular del Palacio de Hacienda sostiene que en 2021 se buscará que los salarios le ganen a la inflación. Si no ocurriera, las posibilidades de reactivación se verán limitadas, dado que el 70 por ciento de la actividad depende del consumo interno.

En cuanto a las jubilaciones, la nueva fórmula de movilidad permitirá que los haberes le ganen a la inflación. Así lo afirman ejercicios teóricos realizados por la Anses. Además, el gasto en seguridad social crecerá con un millón de nuevos titulares de la Asignación Universal por Hijo, la ampliación de la tarjeta alimentaria y el fortalecimiento de otros programas de contención.

La hoja de ruta del oficialismo, sin embargo, no parece contener las demandas de votantes del propio espacio, que consideran que se avanza demasiado despacio, con vacilaciones. Falta audacia y voluntad política para confrontar con el poder económico, reprochan.

Ese estado de situación termina por facilitar la tarea de quienes buscan hacer aparecer al Frente de Todos como un gobierno ajustador. La confusión intencionada logra convencer a sectores del peronismo que creen que era mejor, por ejemplo, actualizar las jubilaciones por inflación, cuando se comprobó que la fórmula que se aplicó con el gobierno de Cristina Kirchner era más beneficiosa. El Gobierno deberá trabajar para contenerlos y demostrarles que el camino de 2021 no es el de 2018.