La fiscala de Joaquín Víctor González, María Celeste García Pisasic, dio a conocer que tras un proceso de mediación que comenzó en mayo luego de haber recepcionado denuncias de la familia Arias por usurpación en sus tierras, logró que dos propietarios aceptaran vender 13 hectáreas a precios accesibles. Este acuerdo permitirá que 404 grupos familiares compren los terrenos a $21 mil cada uno y en cuotas. Los propietarios después de firmar un acta acuerdo, desistieron de las acciones penales iniciadas en contra de las personas asentadas.
Pero el problema no está resuelto del todo, puesto que otro de los propietarios se niega aún a vender y las familias que ocuparon sus tierras piden que sean expropiadas por la provincia.
El acuerdo para la venta de tierras a 404 familias se logró con Cecilia Arias y su hijo Javier D´Ormea Arias y las delegadas de la toma Romina Elías, María Esther Hoyos, Yésica Roldán y el delegado Juan Soria, con la representación legal del abogado Héctor Veleizán. Intervino como mediadora Viviana Sosa.
Las delegadas y el delegado que suscriben el Boleto de Compraventa en representación de las 404 familias, asumieron el compromiso de no ocupar otro predio de la familia Arias y en caso de incumplimiento, acordaron que serán desalojados.
García Pisasic explicó a Salta/12 que las denuncias de la familia Arias se radicaron por personas que tomaron un predio que cuenta con más de 60 hectáreas. "Primero hicieron denuncia en conjunto, después vimos que estaba dividido por fracciones, con distintas titularidades", indicó.
La fiscala señaló que se pudo definir la fracción de Cecilia Arias y Javier D' Ormea Arias. "Respecto a la concertación, hoy (viernes) se finalizó el trámite con la mediación, la compra venta está legalmente realizada con todos los estudios de factibilidad necesarios. Si no, no se podría haber hecho el proyecto de loteo", sostuvo. García Pisasic sin embargo graficó que la fracción que se vende "es una franja más próxima al basural". "Las familias deben saber cuáles son sus terrenos", afirmó la fiscala.
Respecto a las tierras de Pablo Arias, las familias asentadas marcharon esta semana pidiendo a la legislatura y al gobierno salteño la expropiación. La vocera de un grupo de estas tomas, Gabriela Vivas, sostuvo a Salta/12 que "no tienen respuesta". "Contamos mil asentados en las tierras de Pablo Arias", afirmó . "La parte por la que se arregló es de la avenida General Güemes al final, cerca del basural, es inhabitable, toda la basura de la ciudad va a parar ahí", advirtió Vivas.
"Nosotros no tenemos respuesta. En agosto tuvimos una primera mediación, estamos denunciados por usurpación porque nos metimos en terrenos privados pero con la intención de comprarlos. A nosotros no nos llamaron a mediación hoy. Vamos a marchar la semana que viene", expresó Vivas.
La vocera dijo que esperan también respuestas del intendente Juan Domingo Aguirre ante el déficit habitacional o evalúan "tomar la municipalidad". Las familias están molestas con el jefe comunal porque no salió a atenderlas cuando se manifestaron frente al municipio, le piden "que gestione".
La fiscala García Pisasic explicó que Pablo Arias manifestó que no quiere un acuerdo directo con las familias porque hace dos años ante otra toma aceptó vender las tierras en el asentamiento llamado "San José" y tuvo un conflicto posterior.
Las familias plantearon que las tierras eran inundables y que no eran habitables, y se fueron a asentar en otra propiedad de este dueño donde permanecen hasta ahora. "Él ya había vendido un pedazo porque en ese momento no estaba loteado, la venta fue legal pero no tuvieron las previsiones de lo que implica el loteo. Tuvieron una discordancia en el contrato firmado entre las partes, por una cláusula en la que no se había determinado por geoposicionamiento cuáles eran los terrenos que se vendieron", señaló.
"Se creó el loteo San José y a la gente que iba a ir a vivir, no les gustó", planteó la fiscala. Pablo Arias habría estado trabajando en solucionar las problemáticas de esos terrenos para escriturar y que las familias vuelvan allí y desalojen las otras tierras que le tomaron.
"Pablo Arias fue muy claro de que no tenía ninguna intención de volver a vender por su mala experiencia en el loteo San José", dijo la fiscala. Sin embargo contó que cuando se le planteó trabajar con organismos de la provincia, estuvo de acuerdo.
García Pisasic planteó por ende, la necesidad de que intervengan el Ministerio de Infraestructura, la Dirección General de Inmuebles, la Secretaría de Tierras y Bienes y el Instituto Provincial de la Vivienda. "Se necesita que colaboren , se podría llegar a buen puerto”. expresó la fiscala. Añadió que la Fiscalía interviene ante cuestiones penales y por ende se necesita de estos organismos para atender al problema del déficit habitacional.
En esta semana, las familias salieron a marchar por temor a un desalojo. García Pisasic dijo que no firmó ningún pedido de este tipo y que "propugna el diálogo, que hace que los niveles de violencia no escalen".
"No hay un pedido de desalojo, lo tengo que solicitar yo y el juez de garantías hará o no lugar de acuerdo a los fundamentos pero yo no firmé. No ahora, cuando estamos instando a la negociación, y tenemos voluntades", afirmó García Pisasic.
La fiscala planteó que por un lado las familias están denunciadas por usurpación, catalogadas de "tomadoras" pero por otro lado "no se les garantiza el derecho a la vivienda digna", por lo que son "dos caras de la misma moneda". García Pisasic enfatizó en que su interés primero es poder solucionar el conflicto y dijo que "el uso de la fuerza pública no es la primera herramienta" para ello. Indicó que antes hay que ver "qué es lo que falta" y "quién lo puede proveer". "Necesitamos la colaboración de otros organismos porque la Fiscalía solo se puede ocupar de lo penal", insistió.
García Pisasic dijo que hay un "gran déficit habitacional en el departamento Anta", donde observa "mucha pobreza, mucha carencia de obras públicas, cosas que uno advierte como ciudadano y que hacen a la calidad de vida".
Según el relevamiento de la Policía de González, en las tomas que se produjeron en la ciudad había alrededor de 800 familias, aunque la fiscala señaló que es difícil tener un número exacto por las dificultades del poco personal policial para realizar esa tarea y porque hay gente que se va y otra que se asienta. No han recibido colaboración del IPV para contar con un censo o registro.
En estas tomas, la gente también había llegado a ocupar las 5 hectáreas que la familia Arias donó a la Provincia para evitar su expropiación y que serán las que entregue el gobierno en el programa Mi Lote. La fiscala dijo que en la mediación que tuvieron hace meses con Esteban Carral lograron que las familias tramiten su inscripción al plan Mi Lote y despejen las tierras.
