Tiempo para decidir, descansados y sin apuro. “Es una cuestión de cultura”. Así definieron los referentes de la denominada marcha histórica ante los funcionarios del gobierno provincial que ayer mismo querían realizar las reuniones que tienen por objetivo principal la creación de una mesa de diálogo intercultural.

La mañana de ayer comenzó con algunos desencuentros. El vocero de la comunidad ante la prensa, Tichil Mendoza, denunció que apenas a las dos horas de haber llegado en colectivos que no son acondicionados para viajes de larga distancia “nos desalojaron del Hogar Escuela”. El lapso otorgado por el gobierno fue insuficiente para descansar y ni siquiera les dieron tiempo a desayunar, lo cual recién sucedió pasada la media mañana.

Según lo informado por Mendoza, le había llegado la información de que debían presentarse en Casa de Gobierno a las 10.20 para seguir con las reuniones en el Centro Cívico Grand Bourg. Sin embargo, explicó que además de descansar, debían reunirse los referentes en asamblea y había grupos que no sabían dónde estaban alojados. 

Lo originarios entendieron el apuro gubernamental como un desalojo y, molestos, los referentes le recordaron al gobierno que ellos primero deben realizar sus asambleas para decidir cómo van a prepararse para el diálogo.

“Lo que queremos son garantías” de que lo que se comprometa en la mesa de diálogo se cumpla, dijo por su parte Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades del Pilcomayo (UACOP). Sucede que en más de una ocasión, en distintas gestiones gubernamentales, hubo reiteradas promesas no cumplidas. 

“Tenemos que decidir a los asesores que nos van a acompañar”, sostuvo Mendoza. Añadió que el petitorio y el compromiso tendrá que ser únicamente con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz. “No queremos más intermediarios”, afirmó. Generalmente los referentes de los pueblos indígenas de la provincia se vinculan con el secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz; el subsecretario de Regulación Territorial y Registro de Comunidades Indígenas, Ariel Sánchez, o la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa. Pero para los tres tienen quejas. 

Con este panorama había dudas sobre si hoy podría finalmente concretarse la primera reunión entre las comunidades y el mandatario salteño en el marco de la mesa de diálogo propuesto por los maifestantes.

Disidencias internas

Desde el gobierno provincial, en tanto, sostuvieron que “tras haber recibido las instrucciones del gobernador Gustavo Sáenz para que el Gabinete concrete hoy (por ayer), una mesa de diálogo, finalmente ésta no se realizó por disidencias internas entre los miembros de las comunidades originarias”.

En el mismo sentido afirmaron que la “voluntad de diálogo y acompañamiento permanente” existe por parte del gobierno desde el inicio de la gestión con el trabajo de “diferentes líneas y áreas para mejorar la calidad de vida y demandas históricas de los pueblos originarios”.

“Al no efectivizarse la reunión con el Gobierno, por las internas surgidas entre los distintos sectores de las comunidades, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia Ricardo Villada fue al Hogar Escuela para entrevistarse con los caciques y retomar la mesa de diálogo acordada”, indicó el comunicado oficial. El ministro Villada se comprometió con las comunidades, no obstante, a garantizarles alojamiento y comida hasta el momento que determinen que se deba realizar la reunión.

El comunicado oficial dio por hecho que la reunión era ayer. Y agregó que “solo un grupo llegó a Casa de Gobierno y otro se quedó en el Hogar Escuela”. El tema es que los grupos habían sido alojados en lugares distintos. “Ahora estamos todos juntos y así queremos seguir”, dijo Mendoza. Pues entienden que con ello evitan las maniobras divisorias a las que suelen ser sometidos ya históricamente por los gobiernos provinciales "blancos". 

El petitorio

Mendoza hizo hincapié en un principio innegociable para los originarios: “el cuidado de nuestra madre tierra”. En el petitorio de 20 puntos que elaboraron los manifestantes se desprenden otros señalamientos como la persistencia de los conflictos territoriales, debido a la no regularización de la posesión de la tierra, y las dificultades para acceder a las personerías jurídicas que a la vez el mismo Estado exige a las comunidades para realizar trámites.

También reclaman la entrega de los títulos de propiedad de sus territorios, y, en un marco de crecientes conflictos con titulares registrales, exigen el "cese de la violencia policial de desalojo ilegítimo de las comunidades que aún no pueden ejercer su derecho de acceso y tenencia de su territorio ancestral". 

En el mismo sentido, piden "Respeto a nuestra Madre Tierra, como fuente de nuestro sostén espiritual, cultural, soberanía alimentaria y uso de plantas medicinales" y que se realicen "controles ambientales efectivos para eliminar la contaminación de nuestros ríos, que son una fuente fundamental en nuestra soberanía alimentaria".

Otro ítem apunta a la puesta en práctica de "un modelo de intervención sanitaria y social para la pandemia" que sea adecuado a las realidades de los habitantes originarios, que además sea "respetuoso de nuestras culturas, ya que tenemos otras lenguas y otras concepciones de la salud y la enfermedad". 

También, la práctica de una "salud intercultural y de calidad": que se nombren enfermeros y enfermeras de las comunidades, y auxiliares bilingües en los hospitales; se designen más médicos y médicas respetando la visión de los pueblos originarios, y que se equipen los centros de salud con respiradores, camas, medicamentos y "todo lo necesario para su correcto funcionamiento", que haya más ambulancias y se reparen las existentes.

También reclaman la construcción de más “pozos de agua en las comunidades" de manera de garantizar la provisión. Y la entrega de "bolsones alimentarios de calidad, para todas las familias afectadas por el Covid". Solicitan para ello la instrumentación de vías que les permitan acceder a viviendas dignas, se pongan en práctica otros planes sociales, programas y proyectos de trabajo, y que haya un control en el pago de las ayudas sociales.

En lo que hace a la organización, piden respeto a sus "derechos culturales", valoración de su diferencia cultural y que se garantice la educación intercultural. También, “Acceso a una Justicia intercultural; reconocimiento del Consejo de Ancianas y Ancianos de nuestras comunidades como asesores y mediadores de conflictos".

Asimismo, piden la normalización del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), que se encuentra parcialmente intervenido, y que "funcione como corresponda, al servicio de los derechos de las comunidades originarias".

Y, como cada vez que se acerca la época estival, advierten sobre el peligro de que también este año haya inundaciones por las crecidas de los ríos de la zona. Por eso uno de los puntos del petitorio solicita que se construyan “anillos de contención contra las inundaciones y desbordes del río Pilcomayo". Añaden que "se analicen las causas con un comité” interinstitucional y trinacional (de Argentina, Bolivia y Paraguay), ya que "las principales causas (de las inundaciones) tienen que ver con el desmonte sin controles en la región”.