Es “optimista” en relación a la aprobación de la ley de regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo junto con el Plan de los 1000 días, enviados el martes al Congreso por el Presidente Alberto Fernández. “Creemos que esta vez vamos a poder sancionar las dos normas que mandamos”, dice Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica y quien coordinó la redacción de ambas iniciativas. En una entrevista con Página 12, cuenta que ya están pensando en la implementación de la ley de IVE. “Vamos a hacer una reglamentación cuidadosa y consensuada, y a hablar con todos los sectores involucrados para poder implementarla en forma rápida, efectiva y cuidadosa. Nos parece una política de Estado muy importante. En la Argentina se ha invisibilizado el aborto clandestino durante décadas: como consecuencia de esa práctica insegura, desde la recuperación democrática murieron más de 3000 mujeres y tenemos una cantidad muy alta de egresos hospitalarios por esa causa. Nos tomamos muy en serio este problema”, señaló la funcionaria. Y explicó algunos puntos del proyecto que fueron cuestionados desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto como la inclusión de la objeción de conciencia, la definición de un plazo máximo de diez días para garantizar el acceso en los efectores de salud y el hecho de que criminaliza a las mujeres y personas con capacidad de gestar que abortan por fuera de las 14 semanas de gestación. “Tenemos que tratar de lograr fórmulas que nos permitan hacer una norma posible de ser sancionada en el país”, afirmó. También aclaró que “el Estado va a tener que establecer en la reglamentación dispositivos de control para que se respete el derecho a la objeción de conciencia pero que en ningún caso se afecte el acceso a una IVE”.
La entrevista se hace por zoom. La funcionaria desde su despacho en la Casa Rosada. La cronista, desde su casa. En tiempos de pandemia por coronavirus las distancias se acortan a través de una pantalla.
--¿Ya están los votos para aprobar la ley de IVE?
--Somos muy optimistas. El presidente ha dicho que va a trabajar para que sea ley. Creemos que esta vez vamos a poder sancionar las dos normas que mandamos, el Plan de 1000 días y la de IVE. Tenemos un problema de salud pública y lejos de promover el aborto, con esta ley, vamos a disminuirlos. Hemos hecho la presentación de dos proyectos que dialogan entre ellos. Forman un conjunto consistente de normas para un abordaje de la maternidad y el problema de salud pública por los abortos clandestinos, que nos permitirá interpelar a muchos más sectores de la sociedad Argentina.
--Los sectores celestes anunciaron con pintadas en los alrededores del Congreso: “Si hay aborto, hay guerra”. ¿Qué le respondería?
--Las opiniones se debaten en términos democráticos en el Congreso de la Nación, allí están las y los representantes del pueblo y de las provincias y se discute y se vota. Es la forma de saldar las diferencias en las democracias. En el 2018 hubo un debate y perdió una posición que defendía la legalización y se respetó la votación. Esperamos que suceda lo mismo si se aprueba la ley. Esperamos un debate muy respetuoso, sin descalificaciones, sin agravios ni amenazas. Sé que hay gente que no está de acuerdo. Vamos a tratar de explicar nuestros argumentos y persuadir. No corresponde en democracia someter a presión a los legisladores y las legisladoras para cambiarles el sentido de su voto. Vamos a defender la libertad de expresión y los términos democráticos del diálogo. Esa es nuestra decisión como Gobierno.
--La senadora neuquina Lucila Crexell dijo que está de acuerdo si se acorta a 12 semanas el plazo para legalizar la IVE. ¿Sería un punto a negociar?
--No voy a avanzar sobre cuáles podrán ser los términos de los acuerdos parlamentarios. Se debate en las dos cámaras: es allí donde se hacen acuerdos, se establecen diálogos, se exploran caminos. Por cierto, siempre se consulta con el Poder Ejecutivo, más con un proyecto como este y el de 1000 Días que para el Presidente son una política del Gobierno vinculada a la salud pública. Pero sabiendo que el ámbito de trabajo es el Congreso Nacional.
--Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto cuestionan la inclusión de la objeción de conciencia. En países como Uruguay se convirtió en un artilugio de profesionales antiderechos para encubrir su desobediencia civil a la ley de IVE ¿Cómo se va a evitar que se transforme en un obstáculo para garantizar una IVE?
--Acá tenemos dos demandas: Por algún lado me han planteado que también estuviera contemplada la objeción de conciencia institucional y por otro, que no se incluyera la objeción de conciencia individual. La objeción de conciencia individual ya fue tratada en el fallo FAL de 2012, de la Corte Suprema. Tratamos de hacer un proyecto que interpele a distintos sectores de la sociedad, y que no violente a aquella persona que tiene principios éticos, morales, o religiosos muy arraigados. Creemos que esa posición debe ser receptada, por supuesto siempre que se garantice la práctica en los términos que se establece en el proyecto de ley. Se establece específicamente que si hay un o una objetora de conciencia, la práctica se tiene que realizar igual en forma inmediata, sin dilaciones y en el plazo de 10 días. Además, hay una previsión de una norma penal para quien lo dilatara sin justificación. Creo también que hay mucho objetor y objetora de conciencia porque ha habido en algunos lugares persecución y judicialización hacia médicos o médicas que han hecho o hacen interrupciones legales del embarazo por las causales previstas en el artículo 86 del Código Penal. Como sucedió en el caso de Lucía, la niña de Tucumán que pedía su interrupción del embarazo y los médicos, aun tratándose de una interrupción legal, tuvieron convocatorias judiciales con procesos penales. Entonces, muchos médicos y médicas para no tener problemas con la justicia han planteado la objeción de conciencia. Si se sanciona la ley de IVE vamos a aminorar mucho ese problema en la Argentina y el Estado además, va a tener que establecer en la reglamentación dispositivos de control para que se respete el derecho a la objeción de conciencia pero que en ningún caso se afecte el acceso a una IVE.
--¿Por qué se estableció en diez días el plazo máximo para que el sistema de salud garantice la práctica de la IVE? El proyecto de la Campaña plantea cinco días.
--Nos pareció que es un plazo prudencial pero puede ser otro. A veces, pensando en algunos lugares del país, donde se puede requerirse más tiempo en un efector de salud para garantizar la atención. No tenemos que tener una mirada centralista: en la ciudad de Buenos Aires se puede resolver mucho más rápido la atención que en otras localidades del interior. Tenemos que dar cuenta de esto. Porque no queremos poner bajo amenaza de procesamiento a quien, por una cuestión de disponibilidad en los servicios, no puede resolverlo antes. Pero en cualquier caso está planteando en el proyecto que no se puede dilatar la práctica más allá de las 14 semanas.
--Se despenaliza el aborto hasta la semana 14 pero se sigue criminalizando a las mujeres o personas gestantes que se lo hacen más allá de ese plazo ¿Por qué?
--Se entiende que en ese plazo el aborto es un derecho a requerimiento de la mujer o persona gestante y más allá no se considera legal pero se establece una pena baja porque sabemos que hay muchísimos casos en los que se accede en condiciones muy dramáticas y por eso también se contempla que se puede no aplicar pena cuando hay causas que lo justifiquen. Creemos que ahí hemos encontrado una fórmula que permite interpelar a la mayor cantidad de sectores de la Argentina. Tenemos que tratar de lograr fórmulas que nos permitan hacer una norma posible de ser sancionada en el país.
--¿Cómo será el acceso a la IVE para menores de 16 años?
--Sigue el mismo esquema que está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación que hoy está vigente en el Protocolo Nacional para las interrupciones legales de embarazo según las causales previstas en el artículo 86 del Código Penal. No inventamos nada nuevo. Una IVE dentro de las 14 semanas de gestación no es una práctica de riesgo, se hace con medicamentos, de forma ambulatoria y segura. Pueden tomar la decisión de realizarla, acompañadas por una o un progenitor. Solo necesitan autorización de alguno de ellos si su vida o su salud corre riesgo.
--El proyecto reafirma el compromiso de los estados Nacional y provincial con la educación sexual integral. La ley de ESI ya tiene 14 años y todavía no se garantiza en todas las escuelas del país. ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para que efectivamente llegue a las aulas?
--Hay un programa muy importante que está impulsando el Ministerio de Educación. Fue un año con pandemia, sin educación presencial en la mayoría de los casos. Tengo una reunión esta semana con el ministro de Educación junto con el Ministerio de las Mujeres y Diversidades y su equipo para abordar el tema porque es justamente uno de los temas que me pidió el Presidente: que las personas tengan acceso a la educación sexual integral, porque necesitamos disminuir el número de embarazos no intencionales.
--Casi 7 de cada 10 embarazos en adolescentes son no intencionales…
--La educación sexual integral se tiene que combinar con una política muy fuerte contra la violencia de género y los abusos sexuales en adolescentes, que son un enorme problema.
--Si se llega a aprobar la ley este año o a principios del próximo ¿cómo está pensando el Gobierno su implementación?
--Hoy (por el jueves) estuve hablando con gente del equipo de ministro de Salud, Ginés González García, y me decían que ya quieren ir pensando la mejor forma de implementación. Vamos a hacer una reglamentación cuidadosa y consensuada, y a hablar con todos los sectores involucrados para poder implementarla en forma rápida, efectiva y cuidadosa. Nos parece una política de Estado muy importante. En la Argentina se ha invisibilizado el aborto clandestino durante décadas y décadas: como consecuencia de esa práctica insegura, desde la recuperación democrática murieron más de 3000 mujeres y tenemos una cantidad muy alta de egresos hospitalarios por esa causa. Nos tomamos muy en serio este problema.
--¿Se hizo alguna vez un aborto?
--No, nunca. Tuve la suerte de no tener que pasar por esa situación. Me funcionaron los métodos anticonceptivos y pude elegir mis maternidades: tengo tres hijos. Pero soy consciente de que muchísima gente no puede vivir lo mismo que yo. Conocí de cerca situaciones muy dramáticas, experiencias durísimas de jovencitas desesperadas con embarazos no intencionales que atravesaron momentos muy difíciles: lo último que uno piensa es que merecen la cárcel.