El pedido de indagatoria a Elisa Carrió presentado la semana pasada por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort no sólo apuntó a la exdiputada, sino que también puso en el centro de la escena a un área estratégica de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que hasta ahora pasó mayormente desapercibida, la influyente Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos, que dependía directamente del exdirector general Gustavo Arribas. Tres funcionarios de esa estructura están citados a indagatoria por el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé para responder sobre el espionaje a los dirigentes vinculados al kirchnerismo que estaban presos, sus abogados y sus familiares, así como la distribución de escuchas que tenían entre sus destinatarios a la propia Carrió y al fiscal federal Carlos Stornelli.

La AFI se divide en dos grandes áreas: las administrativas y las operativas. Durante la gestión de Cambiemos, las áreas administrativas, como Finanzas y Jurídicos, estaban en cabeza del propio Arribas, a quien Macri eligió para ese cargo por ser su amigo más tramposo. El escribano convocó a un abogado ligado a Daniel Angelici para hacerse cargo de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ), Juan Sebastián de Stéfano, a fines de 2015, según el propio de Stefano declaró por escrito ante la Bicameral de Inteligencia meses atrás.

Desde los primeros días de la gestión, la DAAJ fue asumiendo cada vez más tareas que la terminaron volviendo algo así como una agencia dentro de la propia agencia. “El escribano Arribas al principio de su gestión emitió una resolución en la cual le daba amplias facultades al área de Jurídicos en la intervención tanto de las causas judiciales como de la producción de inteligencia nacional, donde todo lo elaborado debía pasar por Jurídicos”, declaró uno de los jerarcas de Contrainteligencia en la justicia federal de Lomas. “El área de Jurídicos manejó la producción de inteligencia estratégica en todo el país y en el exterior”, ahondó.

Según lo reconstruido en la causa de Lomas, ya en marzo de 2016, Arribas había delegado en De Stefano y tres directores a su cargo el contacto con la justicia. Un mes después, cuando recién la Corte estaba desembarcando en la oficina de escuchas que Macri le había arrebatado por decreto de necesidad y urgencia (DNU) a la Procuración General, Arribas firmó una nueva resolución para que fueran De Stefano y los directores que dependían de él los que solicitaran la interceptación de comunicaciones a esa dependencia judicial.

La verdadera conquista del poder de la DAAJ de De Stefano llegó para octubre de 2016, cuando Arribas dictó un protocolo -- a través de la resolución 798 -- que ordenaba a todas las áreas de la AFI compartir información sensible con esta estructura. Según el protocolo, las áreas debían aportar informes semanales de las causas y remitir en un lapso no mayor a las 72 horas las transcripciones de escuchas telefónicas, una tarea que históricamente estuvo en manos del área de Contrainteligencia.

El propio avance de la DAAJ y la adquisición de funciones que antes habían sido potestad de las áreas operativas de la exSIDE derivó en la creación de una oficina propia de transcripciones, que quedó en manos de otro de los imputados en la causa de Lomas, el abogado Mariano Ruda Bart. Ese área tenía un nombre pomposo, Dirección de Asistencia a Reunión sobre Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos, y, según los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, fue la que escuchó todos los teléfonos públicos del penal de Ezeiza, donde estaban detenidos políticos, sindicalistas y empresarios ligados al kirchnerismo.

La maniobra que posibilitó escuchar a todos los políticos presos arrancó en octubre de 2016 -- casualmente cuando la DAAJ se convertía en el pulpo de la AFI -- con una denuncia de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich contra el llamado Rey de la Efedrina, Mario Segovia, porque supuestamente aun estando preso en Ezeiza era parte de una organización que hacía acopio de explosivos. La AFI empezó a pedir que se pincharan los teléfonos del canal y las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) -- que eran parte de la supuesta asociación ilícita que se investiga en Lomas -- empezaron a mudar a Segovia a los pabellones del sistema Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) para poder también escuchar a los presos kirchneristas.

Todas las conversaciones que ellos mantenían eran grabadas en CDs por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJuDeCO) y entregadas a la AFI. Era la propia AFI la que se ocupaba de filtrarlas, según entienden los fiscales. Por ejemplo, transcripciones de charlas mantenidas por presos kirchneristas entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2019 llegaron a manos de Carrió y de Stornelli a horas de que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla allanara al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio. El allanamiento se extendió entre el 6 y 7 de febrero en el country Saint Thomas. Con esas desgrabaciones, Carrió -- a través de Paula Oliveto y Mariana Zuvic -- y Stornelli denunciaron el 8 de febrero que desde las cárceles se había gestado la denuncia que investigaba Ramos Padilla. En los medios, se conoció como “Operación Puf”. Hace poco más de un mes, el juez a cargo de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, dijo que no había delito alguno que investigar. Y ahora Rúa y Peñafort quieren que citen a Carrió para que explique quién le dio esas escuchas porque entienden que no fue a través de un anónimo como originalmente dijo la entonces diputada y el fiscal Stornelli.

Por estos hechos, están citados a indagatoria De Stefano -- que está maniobrando en Py para sacar la causa de la órbita de Lomas con la ayuda de Darío Nieto --, Ruda Bart y Bernardo Miguens, que fue un exempleado del juzgado de Claudio Bonadio. Según declaró ante la Bicameral, Miguens entró como “pinche” al juzgado en junio de 2011 y se fue a principios de 2016 para sumarse a la AFI a partir de la sugerencia de uno de los directores de Jurídicos. Allí quedó a cargo del departamento de Oficios Judiciales y hay testimonios que lo sitúan como quien pedía que se aumentaran las líneas intervenidas en el penal de Ezeiza.

Un agente que ocupó un alto cargo en Contrainteligencia declaró como testigo en Lomas y dijo haber recibido llamadas de Miguens y de Ruda Bart para que desde su área pidieran interceptar más teléfonos en la cárcel -- y así poder asegurarse una escucha total de los presos kirchneristas. Incluso relató que Miguens le dijo que no tenía que preocuparse porque las escuchas las harían ellos. “El área a cargo de Ruda Bart escuchaba todas las conversaciones de todos los teléfonos ordenados en la causa Segovia, así como en otras causas, porque muchas veces sucedió que Ruda Bart me avisaba que había una escucha de interés incluso de los teléfonos que tenía asignada para su escucha mi área”, dijo el agente.

Si el cronograma se mantiene como hasta ahora, De Stefano debería declarar el próximo lunes 30. Es el mismo día que está citado a indagatoria el exdirector del SPF Emiliano Blanco. El turno de Ruda Bart y Miguens es un día después, el 1 de diciembre. De Stefano, como contó este diario, se sumó a un pedido de Nieto para que toda la causa de espionaje que tramita en Lomas -- incluido el legajo sobre las cárceles -- pase a Comodoro Py, un territorio macrismo-friendly.