El juez Claudio Bonadio dejó al descubierto que la causa Los Sauces fue un armado político, un expediente-colectora ilegal, en el que no pudo encontrar evidencia de delito. Pese a que el juez sostiene que los alquileres no eran alquileres sino coimas, no detectó ni un solo edificio en el que no hubiera inquilinos; no encontró ni un alquiler con sobreprecios y no pudo contrarrestar el hecho de que todos los movimientos de Los Sauces se hicieron con cheques y esos cheques se depositaron en los respectivos bancos. No hubo movimientos de dinero en efectivo. 

Por supuesto que el magistrado hizo lo habitual, procesó a todos los imputados con alguna relación con el gobierno anterior, pero al final tiró la toalla: declaró que no puede seguir investigando porque hay otros jueces que investigan lo mismo. 

Todo el caso Los Sauces plantea numerosas preguntas, algunas de las cuales no tienen respuestas:

1 ¿Qué es Los Sauces?

Es una de las dos empresas de la familia Kirchner que se dedica a la compra y alquiler de inmuebles. En la página 292, Bonadio se despacha con una frase insólita: “En cuanto al delito aquí investigado tenemos la formación de una sociedad inmobiliaria por parte de la familia presidencial, ‘Los Sauces S.A.’ –también Hotesur S.A.– cuando nunca habían incursionado en el rubro”. Los Kirchner compraron en 1977 su primera propiedad para alquilar, en la calle Brasil 520 de Río Gallegos. En 1979 ya tenían cinco propiedades y en 1981 once, que alquilaban. Cuando Néstor Kirchner ganó la intendencia de Río Gallegos, su primer cargo público de relevancia, los Kirchner tenían 23 propiedades, casi todas en alquiler. Todo eso surge de la investigación hecha por el juez Julián Ercolini, quien sobreseyó a la pareja de ex presidentes en el delito de enriquecimiento ilícito. 

Los Sauces tiene en total catorce propiedades. Para alquilar, dos condominios de cuatro departamentos cada uno en Río Gallegos, dos oficinas en Puerto Madero y un pequeño hotel en El Chaltén. Hay tres propiedades que no se alquilan: las viviendas de CFK en Río Gallegos y de Florencia Kirchner en Capital y un terreno en El Calafate. 

2 ¿Cuál es la hipótesis delictiva por la que el juez acusa a los Kirchner?

En palabras de Bonadio, “el hecho investigado se circunscribe a la creación de una sociedad inmobiliaria con el objeto de recibir dinero, en locaciones de inmuebles, y un hotel, como ilegitima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública e introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de apariencia lícita”.

“La misma operatoria se hizo con el grupo Indalo, pero orientada a compensar la concesión de licencias de juego. Los alquileres fueron caros e innecesarios”, señala el juez. 

Lo que dice el magistrado, en concreto, es que los alquileres no eran alquileres, sino coimas a cambio de obra pública adjudicada a Lázaro Báez y licencias de juego otorgadas a Cristóbal López. 

La respuesta de las defensas es bastante sencilla: Maximiliano Rusconi, en nombre de Báez, señaló que el constructor alquilaba unas 400 propiedades en Santa Cruz porque el 40 por ciento de sus empleados –especialmente arquitectos, ingenieros y especialistas– provenían de otras provincias. Báez mencionó que le alquiló inmuebles a las ocho inmobiliarias existentes en Río Gallegos. Los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Souza, a través de sus abogados Fernando Castejón y Sebastián Maggio, detallaron uno por uno los 493 alquileres de sus empresas. Todos señalaron que no puede ser delito alquilar y menos todavía que eso los incluye en una asociación ilícita.

3 ¿Hay indicios de que los alquileres de Los Sauces fueron simulados?

Una de las formas para demostrar que los alquileres no eran alquileres sino coimas sería probar que las operaciones eran simuladas. Sin embargo, el juez Bonadio realizó cuarenta allanamientos y en todos los casos encontró inquilinos en los inmuebles. 

El defensor de los Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, razonó que si se tratara de alquileres simulados habría que pensar que los inquilinos vivían gratis en esos inmuebles. El juez no sostiene nada parecido. En las 392 páginas del procesamiento admite que los inmuebles estaban ocupados por inquilinos. Aún así dice que “si bien dichas viviendas pudieron ser efectivamente ocupadas por empleados de las firmas de ese grupo Báez, nada obsta a que dicha maniobra sea ilegal y como devolución de esas concesiones de obras públicas”. Y no aporta ninguna otra explicación. Es un razonamiento difícil de convalidar: si el alquiler es real, el intercambio de dinero por el uso de una propiedad, no puede ser una coima.

4 ¿Hay indicios de sobreprecios en los alquileres?

Sería la otra variante posible para que el alquiler no sea un alquiler sino que tenga una parte de coima: si el valor estuviera muy por encima del precio de mercado se estaría haciendo una transferencia a los Kirchner que podría adjudicarse a una coima. Bonadio no aporta nada sobre eso, no lo señala como un argumento y no encontró ni un solo caso de sobreprecios.  

La defensa del grupo Indalo acompañó los contratos firmados por tres de sus empresas –Oil Combustibles, Oil M&S y CPC– con los precios de alquileres que pagan por oficinas en Puerto Madero o en Catalinas, las zonas de mayor valor comercial de la ciudad de Buenos Aires, similar a los dos departamentos alquilados a Los Sauces. En las cuatro oficinas alquiladas se pagaron 34 dólares por metro cuadrado y por mes, 32 dólares, 29 y 30 dólares por metro cuadrado y por mes. En las dos que se le alquilaron a Los Sauces se pagaron 29,20 y 30,50 por metro cuadrado y por mes. Como se ve, precios de mercado, similares en todos los casos. 

O sea que se trata de alquileres en los que había inquilinos y en los que se pagaron precios de mercado. 

5 ¿Alquileres de favor?

Un argumento que se podría esgrimir es que las propiedades eran difíciles de alquilar y que por lo tanto los empresarios le hicieron un favor a los Kirchner alquilando esos inmuebles. La realidad es que, por ejemplo, las dos propiedades de Puerto Madero, antes que a Indalo fueron alquiladas a dos mutuales que entre sus actividades tenían el préstamo a jubilados. Como se sabe, el gobierno de CFK cortó esa modalidad porque consideró altísimos los intereses que se cobraban en créditos que tenían total seguridad de cobranza porque las cuotas se descontaban directamente de los pagos mensuales de cada jubilado. O sea que se trató de propiedades alquilables, que tuvieron otros inquilinos, e incluso alguno a los que el gobierno de CFK perjudicó en su negocio. 

Más allá de estos detalles, lo cierto es que tampoco Bonadio pudo argumento esto para sostener que no se trató de alquileres sino coimas. 

6 ¿Se cuestionan las propiedades de Los Sauces?

No es el ángulo principal del juez y en rigor plantea algunos debates que son más bien contables. Respecto de los inmuebles de Río Gallegos, fueron comprados en los años 70 por los Kirchner, pero se le hicieron refacciones para convertir las dos propiedades en ocho departamentos. Están declarados como dos condominios y Bonadio señala que deberían ser declarados como ocho departamentos. 

La defensa de los Kirchner considera absurdo el cuestionamiento a la compra de la vivienda donde hoy vive Florencia. Bonadio dice que no se sabe de dónde viene el dinero y que se movió en efectivo. Beraldi, en cambio, señala que la documentación y los testimonios de los gerentes del Banco Nación atestiguan que el dinero estaba en un plazo fijo, que el propio banco lo cambió por Cedines –el instrumento para operaciones inmobiliarias que estaba vigente den 2011– y que esos Cedines se le entregaron al vendedor. No hubo dinero en efectivo y la plata provino de un plazo fijo bancario. 

Un dato curioso es que el magistrado objeta las reformas que se hicieron en las dos propiedades de Río Gallegos. Las obras fueron hechas por una empresa de Báez y el juez dice que se pagó demasiado: unos 400.000 pesos demás en las dos reformas. Se trataría de lo contrario de la hipótesis que él mismo trazó: dinero de los Kirchner a los Báez, o sea una coima al revés. 

7¿Por qué acusa Bonadio a CFK en relación a las licencias por las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo?

La cuestión es sorprendente. Bonadio dice que los alquileres de las dos propiedades de Indalo en Puerto Madero son en compensación por la extensión de la licencia en el Hipódromo. Sin embargo, esas licencias fueron extendidas por Néstor Kirchner, no por CFK. Luego hubo una causa judicial y el juez Julián Ercolini decretó el sobreseimiento en el caso, con el visto bueno del fiscal Gerardo Pollicita.  Lo asombroso es que Bonadio argumenta que la ex presidenta debió revocar esa licencia. Es como imputar a un mandatario por no revocar lo que hizo otro. Si un juez considera que tomar deuda en Nueva York es delito, se acusará a su sucesor por no revocar lo que decidió su predecesor. La defensa de CFK sostiene que hubiera sido incluso ilegal tomar una resolución de esa naturaleza, ya que la justicia había dicho que no hubo delito en la extensión de la concesión.

8 ¿Es delito alquilarle a un contratista de obra pública o a un concesionario del Estado?

Los Kirchner ya afrontaron una acusación de ese estilo cuando se los acusó por alquilarle el hotel Los Sauces a Juan Carlos Relats, un contratista de obra pública. El juez Ercolini sostuvo que los mandatarios tienen derecho a administrar sus bienes, que los movimientos tienen que tener cierta lógica de mercado, o sea que no sean excepcionales, y que si se saca una norma para contratistas debe ser para todos por igual y que no favorezca en especial al que alquiló. Los Kirchner fueron sobreseídos por Ercolini, también con el visto bueno del fiscal. 

El tema está en discusión en el mundo entero, actualmente tras la llegada a la Casa Blanca de Trump, pero antes por las incompatibilidades de Macri o las de Sebastián Piñera. Se trata de otras dimensiones ya que ninguno de esos tres empresarios-presidentes se dedican a alquilar una docena de propiedades sino que mueven decenas, centenares e incluso miles de millones de dólares en operaciones personales, en algunos casos directamente con el Estado.  

Como surge de todas las declaraciones testimoniales e indagatorias, CFK no se ocupó de las inversiones familiares y no tuvo relación con ninguno de los empresarios. Desde la muerte de Néstor Kirchner y hasta que dejó el gobierno, la ex mandataria se vio con Báez una sola vez. Y tampoco hubo vínculo cercano entre los empresarios con Máximo Kirchner y menos aún con Florencia. Pese a todo, Bonadio ubica a los tres integrantes de la familia como jefes de una asociación ilícita. Un experimentado juez, consultado por este diario, sostiene que hoy en día el lavado de dinero y la asociación ilícita son como la sal: van bien con todas las comidas. O sea que cuando no hay una buena acusación, se recurre a esas figuras para condimentar alguna imputación. 

En el caso Los Sauces se incluyó en la supuesta asociación ilícita a los escribanos, a los empleados que firmaron o depositaron cheques y se sindicó como una de las jefas a Florencia Kirchner, que tenía 12 años en 2003 y 16 cuando se fundó Los Sauces. La hija presidencial  no tiene relación ni mando, ni siquiera conoce a la inmensa mayoría de los imputados. Como señala Beraldi,  a cualquier grupo de personas se la acusa de asociación ilícita y el propio juez, con visible intencionalidad política, le da la peyorativa denominación de banda, apuntando de esa manera a la tapa de los diarios. 

Algo parecido sucede con el lavado de dinero. Las defensas afirman que es irracional acusar por ese delito a quienes realizaron operaciones con cheques y depósitos bancarios. Si el delito consiste en blanquear dinero negro, lo cierto es que el dinero en Los Sauces siempre pasó de un banco a otro, o sea ya estaba en blanco. 

9 ¿Pueden ser los alquileres una coima por la obra pública o las concesiones de juego?

El juez precisa exactamente cuánto fueron los alquileres en los siete años de existencia de Los Sauces: 25.975.868 pesos. A eso hay que descontarle el IVA, de manera que quedarán unos 23.800.000 en los siete años. Como ya se ha dicho, esa cifra no guarda la menor proporción ni con la obra pública ni con ninguna licitación de juego. Sólo en Santa Cruz, a Báez se le adjudicaron obras por más de 20.000 millones de pesos.

Hasta ahora, la hipótesis de las coimas por obra pública tiene un obstáculo: a los Kirchner no se les encontró ni una cuenta ni una sociedad ni un movimiento en el exterior ni bóvedas ni dinero en efectivo ni bienes no registrados. 

10 ¿Cómo sigue ahora la causa Los Sauces?

Como hizo en otros casos en los que se imputó a funcionarios del anterior gobierno, Bonadio procesó a todos. Un dato llamativo es que trabó un embargo por 130 millones de pesos cuando la totalidad de los alquileres rondó los 23 millones. Las defensas sostienen que eso demuestra el show político del magistrado. 

Pero la mayor “confesión” del juez es que al final de las 392 páginas se declaró incompetente para seguir investigando porque los alquileres de Los Sauces tienen conexidad con Hotesur y con la obra pública y con la investigación sobre la existencia de una asociación ilícita. De esa manera, sin pruebas, le mandó el expediente a otro magistrado, Julián Ercolini. Es una evidencia de lo que se le cuestionó desde el principio: que Bonadio armó una causa colectora, un expediente duplicado, sólo para realizar una acusación política. 

El magistrado estuvo a cargo de Hotesur, el expediente que incluía todos los alquileres de Los Sauces, pero fue desplazado por la Cámara Federal por graves irregularidades: convocó a testigos sin notificar a las partes, no permitía ver el expediente y terminó ordenando una pericia a la que no convocó a las defensas. Una vez que lo eyectaron de Hotesur, a través de una maniobra procesal en la que participó Margarita Stolbizer, Bonadio armó la causa paralela Los Sauces. Las defensas denunciaron varias veces la maniobra, recusaron al magistrado, pero la Cámara lo convalidó. Ahora él mismo reconoció su incompetencia. En la apelación, es casi seguro que todas las partes –ya lo hizo Beraldi– señalarán que el fallo de un juez incompetente es nulo.

Como vienen las cosas en Comodoro Py, con el pleno dominio de la alianza político-judicial-mediática manejando los hilos contra el gobierno anterior, es improbable que nulifiquen el fallo. Pero habrá una audiencia en que las defensas expondrán sus argumentos. Habrá que ver cómo hacen los camaristas para dejar en pie un fallo que sólo se puede explicar en función de la persecución política. 

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