Los camaristas Javier Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo de Huberman y Aldo Suárez, a pesar de los planteos realizados por los querellantes, resolvieron que la investigación siga en manos de la jueza Marta Yáñez. También mantuvieron la carátula de “estrago culposo agravado” por la muerte de los 44 tripulantes del submarino. Los querellantes pretenden que se modifique por “estrago doloso” por entender que hubo abandono de persona.

En el fallo confirmaron los procesamientos, sin prisión preventiva, de los ex jefes navales Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso, y Hugo Miguel Correa.

Se los imputa por considerarlos autores penalmente responsables del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Se resolvió revocar los procesamientos de Eduardo Luis Malchiodi, y de Jorge Andrés Suliá, a quienes se les dictó la “falta de mérito”, de manera que siguen relacionados al proceso, pendiente su situación de las pruebas que puedan surgir en su contra, teniendo en cuenta que la Cámara pidió que se intensifique la investigación a cargo de la jueza Marta Yáñez.

Por otro lado fue revocado el sobreseimiento del marino José Alberto Marti Garro, jefe de Operaciones de Puerto Belgrano, quien también tiene ahora una “falta de mérito” que puede ser revertida.

En el punto sexto se señaló que “una vez devueltas las actuaciones” al juzgado federal se practiquen una serie de medidas. Lo más importante es, en primer término, que se lleve a cabo “la pericia técnico- informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo” del ARA San Juan por parte de la empresa Ocian Infinity.

Uno de los imputados, el contralmirante López Mazzeo, dijo que desde el 5 de diciembre de 2017, se conocía la ubicación en la que se había hundido el ARA San Juan, pero por razones que deben investigarse, recién se dio por ocurrido el hallazgo el 17 de noviembre de 2018, un año y dos días después de la desaparición de la nave.

Otro de los estudios que deberá ordenar la jueza Yáñez es un peritaje a cargo de “un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales, los que serán designados de oficio”por el Tribunal, el Ministerio de Defensa, la Armada y cada una de las partes, defensas y querellantes.