El ministerio de Salud de Entre Ríos concedió matrícula para ejercer en la provincia al ginecólogo antiderechos Leandro Rodríguez Lastra, condenado en 2019 a dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer la profesión en cargos públicos por obstaculizar una interrupción legal del embarazo (ILE) y haber forzado a gestar y parir a una joven que acudió al hospital público donde él era jefe de servicio.
Rodríguez Lastra, oriundo de Ciudad de Buenos Aires e itinerante desde que fue condenado, recibió en Entre Ríos la matrícula N° 12.642 tras solicitarla a la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud provincial, informó el diario Entre Ríos Ahora en su edición dominical. De acuerdo con el facsimil de la documentación oficial dado a conocer por la periodista Paola Robles Duarte, de Gualeguaychú, donde el médico ejerce desde octubre, la matrícula obtenida por el médico condenado tiene vigencia desde el 1° de septiembre de 2020 y hasta el año 2025.
La sentencia rionegrina que recayó sobre Rodríguez Lastra en octubre de 2019 fue confirmada en marzo de este año por el Tribunal de Impugnación. Entre uno y otro momento, el ginecólogo condenado -a quien la justicia también dio un año y dos meses de prisión en suspenso- había intentado probar suerte con un salto a la política: en junio del año pasado, integró la lista de pre-candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires del Partido Demócrata Cristiano; no calificó para llegar a la instancia electoral. Sin embargo continuó fuertemente vinculado a espacios partidarios antiderechos y participando de manifestaciones celestes.
La sentencia
Rodríguez Lastra fue enjuiciado entre junio y octubre del año pasado en Cipolletti, en cuyo hospital público, el "Pedro Moguillansky", era jefe de servicio. El caso llegó a juicio gracias al apoyo de la diputada provincial y médica Marta Milesi, quien acompañó a la joven R.P. en la radicación de la denuncia y el trámite judicial. Milesi fue, también, impulsora de la ley de interrupción legal del embarazo en río Negro.
Desde el inicio del debate oral, activistas antiderechos de distintos sectores fundamentalistas que operan en política buscaron convertir el proceso en un caso testigo.
El día que comenzó la primera audiencia, el frente del edificio donde funciona el tribunal tenía aire de kermesse gracias a trapos celestes, pintados con consignas antiderechos, colgados en sus paredes y en árboles cercanos, además del sucedáneo de altar montado bajo un gazebo azul, junto a la puerta. El abogado que ofició de defensor -y que también era abogado del gobernador provincial y apoderado del partido oficialista- recientemente publicó un libro sobre el caso.
