En un año en que las llamas ya arrasaron cerca de un millón de hectáreas en todo el país, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción recientemente a la modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, con el objetivo de prohibir el cambio de uso de tierras incendiadas por el plazo de treinta o sesenta años, según el tipo de suelo. El proyecto, impulsado por el bloque del Frente de Todos, apunta a limitar la principal motivación escondida detrás de la destrucción ambiental: el cambio de uso de las tierras para el negocio agropecuario o inmobiliario. Consultados por Página/12, especialistas y activistas ambientales de los puntos del país más afectados por los incendios aseguran que la modificación instituirá una herramienta de control positiva para cortar la cadena del negocio, pero advierten que solo servirá si hay una efectiva implementación, para lo cual serán necesarios los presupuestos y equipamientos correspondientes. También señalan que la clave será la participación de las organizaciones de base en el control de la aplicación de la norma.
El proyecto de modificación de la Ley 26.815, que ahora deberá ser tratada en el Senado de la Nación, establece la prohibición del cambio de uso y destino de las superficies afectadas por las llamas durante el plazo de sesenta años para "bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales", y de treinta años para "zonas agrícolas, praderas y pastizales". Según el texto del proyecto, en ninguno de los casos se podrá realizar en esas tierras emprendimientos inmobiliarios ni actividades agropecuarias diferentes a las que se llevaban adelante al momento del inicio del incendio.
"Es una modificación importante porque terminaría con la mentira de que al fuego no lo prende nadie, cuando se sabe que el origen de los incendios es humano en un 95 por ciento de los casos", señaló a este diario Roberto Bo, biólogo y director del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales (UBA), uno de los ecosistemas más afectados por los incendios en lo que va del año. Para Bo, es clave que esté definido por ley que "si alguien prende fuego a propósito, con el objetivo de aprovecharse y cambiar el uso, no se le permita hacerlo".
Jackeline Ermini, activista de Jóvenes por el Clima Argentina, sostuvo por su parte que el proyecto "es positivo y puede ser parte de la solución del problema si efectivamente se aplica, Argentina tiene un montón de legislación ambiental que es muy buena, pero el problema siempre radicó en la falta de aplicación". Con esto concuerda Germán Mangione, integrante del Movimiento Regional en Defensa de los Humedales, quien opinó que, de aprobarse, la modificación será una "herramienta importante para cortar la cadena del negocio inmobiliario y agropecuario", pero advirtió que "la experiencia marca que hay muchas leyes de protección que no se efectivizan".
Como ejemplo, Mangioni indicó que "en las islas de Entre Ríos se viene denunciando hace diez años la presencia de terraplenes en zonas incendiadas, algo que ya está prohibido, y nunca se ha desarmado un solo terraplén, los propios funcionarios plantean que no hay infraestructura para recorrer las zonas. Si detrás de las leyes no hay presupuestos mínimos, infraestructura y control real, se hace muy difícil".
Desde Córdoba, Adriana Arriaga, bióloga e integrante de la Asamblea Ambiental del Valle de Punilla, sintetizó esta postura en una frase: "las leyes están, solo hace falta cumplirlas". En Córdoba, la provincia con más hectáreas arrasadas por las llamas en 2020 --315.944 hasta el 15 de octubre, según la contabilización oficial del Servicio Nacional del Manejo del Fuego--, los vecinos y ambientalistas de las zonas afectadas denunciaron desde el inicio de los incendios la falta de presupuestos y equipamientos básicos para el combate del fuego por parte de un Gobierno provincial que recién declaró "alerta roja" y solicitó ayuda a Nación a inicios de octubre, cuando las llamas ya habían avanzado sobre buena parte del territorio cordobés.
"Desde principios de 2020 sabíamos que el año iba a ser complicado por las sequías y que íbamos a necesitar más fondos, más bomberos, con mejor equipamiento y preparados para los incendios forestales, todo eso no se cumplió aunque la protección esté prevista por ley. Hasta sacaron los puestos de vigía para alerta temprana en puntos claves de la provincia que permitían prevenir y atacar los incendios desde su origen", explicó Arriaga.
Lisandro Citta, integrante de la Multisectorial por los Humedales, observó al proyecto de modificación de la Ley de Manejo del Fuego como un instrumento positivo, en tanto "una herramienta más de cuidado": "La Ley de Bosques ya establecía que no se puede hacer lo que se está haciendo, pero este proyecto especifica la cuestión concreta sobre los usos del suelo incendiado. Es una herramienta más de cuidado que será válida en la medida en que se le dé el presupuesto necesario y se aplique realmente en el territorio", aseveró.
En este sentido, Mangioni planteó que el proyecto podría mejorar si se le da "protagonismo a las organizaciones para que puedan participar en el control". Según el activista, las organizaciones de base son las que se han encargado de poner los incendios en agenda, además de desarrollar mecanismos para colaborar en el combate del fuego y denunciar desde el territorio los intereses ocultos detrás de las llamas: "No solo protestamos, también pusimos el tema en agenda y promovimos la discusión parlamentaria, falta que las leyes tengan el protagonismo activo de la sociedad", indicó Mangioni.
Por su parte, Ermini concluyó que, para Jóvenes por el Clima, cualquier discusión legislativa "tiene que estar acompañada por un debate sobre el modelo productivo de nuestro país, porque todo el tema de los incendios tiene que ver con un trasfondo estructural y sistémico que se origina en nuestra forma de producir y consumir".
