El accidente en el que perdió la vida Jorge Brito le dejó pendiente la batalla judicial contra el arrepentido Alejandro Vandenbroele, pero sobre todo contra los funcionarios de Cambiemos que guionaron -como en otros casos- la declaración del arrepentido. A lo largo del caso de la imprenta Ciccone había numerosos indicios de que Brito participó en una o las dos fases del rescate de la imprenta: o en el financiamiento o en la propiedad de las acciones. O en ambas cosas. Para la Justicia, esa participación no constituyó delito y fue absuelto en junio de este año. Pero lo que puso en marcha la batalla judicial de Brito es que en su declaración como arrepentido, Vandenbroele dijo que quien le pagaba era Brito y que Brito era socio de Boudou. El banquero lo denunció por falso testimonio, pero apuntaba más arriba. Dicen que su verdadero objetivo era Patricia Bullrich.

Como se sabe, Ciccone -ahora nacionalizada- era la única imprenta de América Latina que imprimía billetes y realizaba otros delicados trabajos de seguridad como títulos universitarios o billetes de lotería. La empresa entró en crisis y el juez de la quiebra se la adjudicó, en una llamativa subasta, a Boldt, otro gigante bonaerense de las impresiones, pero también administradora de casinos, entre ellos el de Mar del Plata y el de Tigre.

Para evitar semejante incompatibilidad hubo un proceso en el que se levantó la quiebra -que originalmente tenía a la AFIP como protagonista- y el rescate estuvo a cargo de una empresa llamada The Old Fund, cuya cabeza era el abogado mendocino Alejandro Vandenbroele. Para la Justicia el letrado era testaferro del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, aunque quedó probado que no se conocían, tal como Boudou dijo desde un principio. La justicia argumentó que fue testaferro a través del amigo de Boudou, José María Nuñez Carmona, aunque nunca hubo una evidencia de posesión de las acciones. 

La investigación demostró que el dinero que puso The Old Fund para rescatar Ciccone provino del Banco Macro o del fallecido empresario Raúl Moneta. Los jueces que condenaron a Boudou sostuvieron que él se quedó con el 70 por ciento de la imprenta y luego se la “vendió” a Moneta, aunque no está claro si Moneta y Brito eran socios. Lo cierto es que los nuevos gerentes de Ciccone provinieron del Macro, Máximo Lanusse y Francisco Sguera. Con esa evidencia, el juez Ariel Lijo procesó a Brito por partícipe necesario en negociaciones incompatibles con la función pública, pero la Cámara revocó ese procesamiento y finalmente fue absuelto en junio pasado. El magistrado consideró que no había delito en su vínculo con el rescate de la imprenta.

En toda la etapa del procesamiento pesó mucho la sorpresiva declaración de Vandenbroele como arrepentido. El abogado dijo que él trabajaba para Brito y que Brito era socio de Boudou. Como se recordará, luego quedó claro que Vandenbroele recibió dos millones pesos en 2017 -seis millones de pesos a valores actuales- para administrar un hotel boutique en Mendoza, la posada La Masía, dinero que puso el programa de protección de testigos que administraba el Ministerio de Justicia.

La declaración de Vandenbroele derivó en una causa judicial por falso testimonio que iba derecho a quedar en la nada porque la instruía el juez Claudio Bonadío. Sin embargo, por el fallecimiento del magistrado, el expediente pasó a Marcelo Martínez de Giori y Brito tomó la decisión de aportar a la acusación contra Vandenbroele: quienes lo conocían de cerca sostienen que estaba obsesionado en lograr una condena, en primera instancia, del arrepentido.

Sin embargo, el objetivo estaba -está- más arriba. El banquero consideraba que la declaración fue guionada por funcionarios de Cambiemos como también se probó con la declaración de otro arrepentido, Leonardo Fariña. Los testimonios de dos abogadas, más los mails que recibió Fariña con el texto de lo que debía decir sobre la obra pública, evidenciaron el armado. Y Brito -según quienes lo trataban- tenía la mirada puesta en Patricia Bullrich porque creía que ella fue la que instrumentó el pago e intervino en la declaración del arrepentido. La exministra de Seguridad en su momento incurrió en graves contradicciones: primero dijo que no le pagaron a Vandenbroele y luego lo reconoció.

Toda la cuestión de los arrepentidos se está debatiendo en la Sala I de la Cámara de Casación, que emitirá fallo esta semana o la próxima. Los grandes medios han hecho distintas operaciones para frenar la anulación de las declaraciones en la causa de las fotocopias de los cuadernos. La cuestión es tratada por la jueza Ana María Figueroa y su pares Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Los temas son dos:

* Si se puede aplicar la ley del arrepentido porque fue votada por el macrismo, para casos de corrupción, en octubre de 2016. Los hechos del expediente cuadernos son anteriores a esa fecha, de manera que los camaristas podrían considerar que es ilegal la aplicación retroactiva.

* La ley del arrepentido establece que las declaraciones “deben registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo”, lo que implica grabación de audio o video. Según declararon varios de los imputados, las situaciones fueron extorsivas o de negociación espúrea y por eso no se dejó ningún rastro ni grabación. La Sala I tiene que decidir si aún así son válidas.

El caso de Brito y Vandenbroele vuelve a poner sobre el tapete esas declaraciones de los arrepentidos. Seguramente la familia del banquero fallecido trágicamente seguirá la batalla en Comodoro Py para que se sepa la verdad, pero el edificio de Retiro no es cancha neutral en este tema: gran parte de las maniobras se cocinaron allí.