El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que habilitó la transición presidencial con Joe Biden. El anuncio llegó minutos después de que Emily Murphy, la directora de la la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) indicara que se asignará al presidente electo más de 7 millones de dólares para para llevar adelante el proceso de transición.
En una publicación en su cuenta de Twitter, Trump dijo que si bien continuará con sus estrategias legales para revertir el resultado, recomendó a la GSA y a su equipo que “hagan lo que haya que hacer con respecto a los protocolos”.
“Continuaremos luchando y creemos que prevaleceremos. Sin embargo, teniendo en cuenta que es lo mejor para nuestro país, recomiendo a Emily (Murphy, titular de la GSA) y su equipo que hagan lo que haya que hacer con respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que hagan lo mismo”, escribió el mandatario.
Con la insólita reticencia de Trump a reconocer el resultado, el rol de Murphy había quedado en el centro del debate público: su determinación formal no es solo un indicador clave de la posibilidad de avanzar con el proceso, sino que también libera fondos necesarios para llevarlo a cabo.
En un comunicado difundido, Murphy indicó que el equipo de Biden -que había recurrido a pedir donaciones para afrontar los costos relacionados- tendrá disponibles USD 7,3 millones que saldrán de las arcas públicas.
La directora de la la Administración de Servicios Generales también hizo referencia a las críticas que recibió por la tardanza en su decisión que, según Joe Biden y su equipo, amenazaba la seguridad nacional y la capacidad de la Administración entrante para planificar la lucha contra la pandemia. “Dediqué buena parte de mi vida adulta al servicio público y siempre he buscado hacer lo correcto. Por favor sepan que llegué a esta decisión de manera independiente y en base a la ley y la información disponible”, expresó, y justificó el retraso al señalar que no quería adelantarse al proceso constitucional del recuento de votos.
Y agregó: “Nunca fui presionada, directa o indirectamente, por ningún funcionario del Poder Ejecutivo sobre el momento de anunciar mi decisión. Para ser clara, no recibí ninguna indicación para retrasar la determinación. Sí recibí, no obstante, amenazas en línea, por teléfono y por correo. A mi seguridad, mi familia, mi personal y aún a mis mascotas, en lo que fue un esfuerzo para coaccionarme a anunciar esta decisión prematuramente”.
La carta de la Administración de Servicios Generales a Biden
