La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) involucró a una modelo vinculada al fiscal Alberto Nisman en un supuesto acto de terrorismo internacional para lograr una autorización judicial para escuchar sus comunicaciones durante la segunda mitad de 2016. La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau, recibió información tanto del juzgado que intervino como de la Policía Nacional del Reino de España, a la que había invocado la AFI para abrir la “precausa”. Desde Madrid confirmaron que no habían tenido intervención, por lo que quedan pocas dudas de que se trató de un artilugio de la AFI macrista para espiar a la modelo justo cuando la causa por la muerte del fiscal del caso AMIA estaba por pasar definitivamente a los tribunales de Comodoro Py, donde se instaló la línea del homicidio.

La modelo en cuestión es Florencia Cocucci, una de las mujeres que viajaron en octubre de 2014 a Cancún con Nisman y cuyas imágenes se viralizaron poco después de la muerte del fiscal. El 5 de agosto de 2016, la AFI informó al juzgado federal de Sebastián Ramos que había recibido un alerta de España, que involucraba a Cocucci en una célula terrorista, vinculada a ISIS, que planeaba un atentado en Madrid. Según los datos que aportó la AFI, la policía española había recibido una comunicación de una persona de nombre Juan Carlos --sin consignar apellido--, que había dicho que la modelo era parte de un grupo terrorista junto con un sirio, un libanés y un venezolano.

Como era un caso de terrorismo internacional, el juez autorizó que se realizaran las escuchas para ver si efectivamente estaban ante un hecho que debía investigarse. La AFI escuchó a Cocucci, a la madre y al hermano que tenía un taller automotor. No apareció nada extraño en las comunicaciones, pero aún así la AFI pidió una prórroga para seguir escuchando. Cuando la Agencia solicitó extender las escuchas por otro mes, el juez lo rechazó y todo quedó en la nada.

Las interceptaciones de las comunicaciones de Cocucci coinciden con el lapso de tiempo anterior a que la Corte confirmara que la causa por la muerte de Nisman debía dejar el fuero ordinario --donde había tramitado en un principio de la mano de la fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini-- y pasar al fuero federal, donde quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano y del juez Julián Ercolini. 

Para esa misma época, la modelo se presentó a declarar ante el fiscal Taiano. Ya lo había hecho ante Fein en marzo de 2015 y volvió a hacerlo ante el fiscal federal el 28 de septiembre de 2016 y el 19 de octubre de 2016. Las declaraciones de Cocucci estuvieron centradas en explicar el viaje con Nisman y otra modelo a Cancún. Ella siempre dijo que fueron contratadas a hacer fotos a México --aunque no pudo precisar por quién-- y que Nisman se había ocupado de todos los detalles por ser abogado.

El 21 de octubre pasado, la Bicameral recibió una contestación de la Policía de España, que terminó de confirmar que todo había sido un armado de la AFI macrista para tener controlada a la modelo. La policía de España informó que no tenía identificado al supuesto denunciante, ni se comunicó con la AFI ante un alerta ni hubo cooperación entre los dos países por este tema. Desde la Bicameral trabajan sobre la hipótesis de que desde los servicios de inteligencia quisieron involucrar a la modelo en la muerte de Nisman en consonancia con la teoría --de amplia aceptación en el macrismo-- de un supuesto comando iraní-venezolano que había atentado contra el fiscal.

Precausas para todos y todas

La Bicameral pidió información hace unos meses a las Cámaras Federales sobre las causas y precausas en las que estuvo involucrada la AFI entre 2016 y 2019. Según la información que la comisión recibió, hubo 24 precausas (que se inician ante la sospecha de un posible hecho delictivo) y alrededor de 75 causas. La precausa de Cocucci podría ser el ejemplo que explique cómo funcionaron el resto. Es decir, que la AFI inventó excusas de lo más disparatadas para escuchar personas que tenían algún interés para los servicios de inteligencia y que, para eso, podría haber engañado a un número importante de jueces para conseguir las autorizaciones necesarias. En tal caso, piensan en la Bicameral que se podría estar ante una estafa procesal.

Al senador Oscar Parrilli, sin ir más lejos, le iniciaron dos precausas --una por una supuesta falta de material de la AFI y otra sobre una presunta cobertura a Ibar Pérez Corradi-- que tuvieron por objeto escuchar durante la mayor parte de 2016 a Cristina Fernández de Kirchner. Muchas de esas escuchas se difundían a diario desde los medios de comunicación afines al macrismo.

El juez de Lomas Juan Pablo Augé llamó a indagatoria para el 1 de diciembre a Mariano Ruda Bart, un abogado que estaba al frente de la Dirección de Asistencia a Reunión sobre Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos de la AFI, que se ocupaba de hacer las transcripciones de las escuchas que ingresaban a la exSIDE. Esta área dependía de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos de la Agencia, que fue la que más se expandió en tiempos de Gustavo Arribas y llegó a asumir funciones operativas, como las escuchas que históricamente habían estado bajo la órbita de Contrainteligencia.

Desde fines de julio, la Bicameral realiza una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), la oficina encargada de hacer las interceptaciones telefónicas que depende de la Corte Suprema. Allí, por ejemplo, los enviados de la Bicameral, que van dos veces por semana al edificio de la calle Los Incas, pueden acceder a los números telefónicos que se escucharon y saber qué fuerza estaba a cargo de la escucha. Pero una de las dificultades que encontraron los auditores del Congreso es que no pueden identificar a qué abonado pertenece cada número y las empresas telefónicas se niegan a proporcionar esa información sin orden judicial. Una de las probabilidades es que busquen subsanar esa dificultad cuando se discuta una nueva Ley de Inteligencia, que, según anticipó la interventora Cristina Caamaño en su exposición ante la Bicameral, podría tener un proyecto listo para fin de año.