Una semana después de asumir, el nuevo presidente, Francisco Sagasti, removió a la cúpula policial. El lunes en la noche, en un mensaje por televisión de cinco minutos, anunció el cambio del director de la policía y el pase al retiro de dieciocho altos oficiales -tres tenientes generales y quince generales- que ocupaban los más altos cargos en la policía. De esta forma, el gobierno cambia todo el comando policial. Estos cambios son una respuesta a la brutal represión policial contra las manifestaciones en protesta contra el golpe parlamentario del nueve de octubre que destituyó al exmandatario Martín Vizcarra y puso en el poder al efímero Manuel Merino. Sagasti criticó esa represión y aunque fue ordenada por el gobierno anterior de Merino pidió disculpas “en nombre del Estado”, y reiteró su compromiso de una investigación y sanción a los responsables. El cambio de la cúpula policial es un primer paso en ese sentido. También anunció la formación de una comisión para una reforma de la policía.

Sagasti puso énfasis en decir que hacía estos cambios en uso de las atribuciones que le da la ley como “jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. Al anunciar la remoción de los altos mandos policiales, expresó su “profundo pesar por los hechos ocurridos en las movilizaciones ciudadanas, en las cuales dos jóvenes perdieron la vida, otros ciudadanos resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, y otros fueron afectados en su dignidad durante su detención”.

Como nuevo director de la policía fue nombrado el general César Cervantes, que era el número diecinueve en el escalafón policial. Los dieciocho que estaban encima suyo fueron pasados a retiro. Fue un terremoto en la cúpula policial. La designación de Cervantes, de 57 años, se explica porque ha estado ajeno a la represión policial, y tampoco ha estado involucrado en diversas denuncias de corrupción que existen contra altos oficiales policiales. Se venía desempeñando como agregado policial en España.

Los tres tenientes generales -el grado más alto en la policía- pasados a retiro enviaron sendas cartas al presidente Sagasti cuestionando la legalidad de la decisión del gobierno de remover a la cúpula policial y designar como director de la policía al general Cervantes, siendo el diecinueve en la línea de mando. Sin embargo, desde distintos sectores se ha respaldado la legalidad de esta decisión del gobierno.

El ministro del Interior, Rubén Vargas, señaló que los cambios en la policía ordenados por el presidente son “absolutamente constitucionales, están dentro de sus facultades”. Vargas calificó la remoción de la cúpula policial como “fundamental” y “muy buena para la institución”. “Esto va a permitir regresar a los objetivos que tiene la policía de brindar seguridad y protección”, dijo.

La represión policial contra las masivas protestas en rechazo a la decisión del Congreso de destituir a Vizcarra para reemplazarlo por Merino, quien entonces era titular del Parlamento, dejó dos jóvenes muertos y más de doscientos heridos. La policía disparó contra los manifestantes con escopetas cargadas con perdigones de metal -prohibidas en manifestaciones- y a las que también les pusieron como proyectiles canicas de vidrio, y lanzó bombas lacrimógenas directo al cuerpo de los manifestantes, la mayoría jóvenes. Los detenidos denunciaron haber sufrido maltratos.

En el Ministerio del Interior se ha iniciado una investigación interna para identificar a los responsables de esta represión. La renovación de la cúpula policial busca darle mayor credibilidad a esta investigación. Paralelamente, la Fiscalía ha abierto un proceso de investigación por homicidio, lesiones, abuso de autoridad y otros delitos al exmandatario Manuel Merino, a quienes fueran su primer ministro, Antero Flores Aráoz, y su ministro del Interior, el general de policía Gastón Rodríguez, a tres generales de la policía responsables de los operativos de represión, que están entre los que fueron pasados a retiro, y “a quienes resulten responsables”. En el Congreso se ha pedido crear una comisión investigadora de estos sucesos.

Familiares de los dos jóvenes asesinados por la policía que están exigiendo sanción a los culpables denunciaron que están siendo hostigados por elementos policiales. También revelaron hostigamientos los heridos en las manifestaciones y detenidos que han señalado que fueron maltratos por la policía. En respuesta a esas denuncias, el presidente Sagasti anunció que “de cara a conectar a la policía con la ciudadanía” ha dispuesto “se fortalezca el sistema de protección a las familias de las víctimas y de los brigadistas que dieron apoyo en las movilizaciones públicas” y señaló que esto se hará “en coordinación con las organizaciones de derechos humanos”. “Queremos darles paz a los familiares”, dijo.

Las decisiones del nuevo gobierno sobre la policía fueron más allá de cambiar a toda la cúpula. Sagasti anunció que se le retiraba a la policía el manejo de sus fondos para realizar compras. Señaló que se tomaba esa decisión debido a las denuncias de corrupción contra altos oficiales policiales en las compras durante la pandemia de elementos de protección para el personal policial, como mascarillas, guantes y alcohol en gel, que estaban sobrevalorados y en muchos casos eran inservibles.

“Lamento que, durante la pandemia, se hayan cometido graves irregularidades en la administración de los recursos de la Policía Nacional del Perú, esto habría ocasionado la muerte de miembros de esta institución que estaban en la primera línea de combate contra el covid -19”, indicó Sagasti. Durante la pandemia, unos 400 policías fallecieron por la covid 19 y alrededor de 24 mil se contagiaron. 

Con esta decisión adoptada por el gobierno, desde ahora se nombrarán gerentes civiles para manejar los fondos de la policía y administrar las compras que realice la institución. El ministro del Interior señaló que esta medida“nos va a dar mejores garantías para que los fondos públicos se gasten de manera más eficiente”.

Se formará una “Comisión de Bases” que en sesenta días deberá recomendar acciones para una reforma de la policía. El objetivo es “modernizar y fortalecer a la Policía Nacional en defensa de los derechos ciudadanos, el orden interno y la seguridad ciudadana”, dijo el presidente. El ministro del Interior encabezará esta comisión, en la cual se ha anunciado participarán la sociedad civil y la propia policía.

Estas medidas han remecido a la policía, muy cuestionada por su desempeño en la represión a las protestas contra el golpe parlamentario. El presidente Sagasti dijo que a partir de ahora la policía debe “renovar el compromiso de brindar seguridad y protección a los peruanos y peruanas”. “Esta será la manera más segura de reconciliarnos y de devolverle la confianza a la ciudadanía en su policía”, señaló el presidente provisional, que gobernará solo ocho meses, hasta que asuma el gobierno electo en las elecciones de abril.